Con cambios y concesiones, el oficialismo logró aprobar en Diputados su proyecto de propiedad privada
Con el respaldo de sus aliados, el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno.
La iniciativa fue convalidada por 124 votos a favor, 119 rechazos y seis abstenciones.
Las abstenciones, cinco aportadas por los cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora y una de Álvaro González (Pro), fueron determinantes para evitar que el proyecto naufrague.
La aprobación dependió de La Libertad Avanza (LLA) y sus principales aliados: Pro, la UCR y algunas bancadas provinciales. Los bloques Argentina Federal y Provincias Unidas se dividieron. Solo acompañaron los legisladores alineados con los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). En tanto, los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) dividieron a su tropa entre la aceptación, el rechazo y las ausencias.
Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques provinciales de Catamarca y Tucumán aliados a Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente, lo rechazaron.
Sin embargo, el capítulo IV, que ratifica la vigencia de la ley de tierras, cosechó 239 apoyos. Una mayoría suficiente ara blindarlo de un eventual veto presidencial.
Es que para reunir el consenso necesario, los libertarios debieron aceptar modificaciones al texto original: la preservación de la ley de tierras de 2011, impulsada por el kirchnerismo, que el Poder Ejecutivo inicialmente pretendía derogar. Como Diputados introdujo cambios, el proyecto volverá a la Cámara de origen para su ratificación definitiva.
La iniciativa ya había sufrido un recorte significativo durante su paso por el Senado, donde se eliminó el capítulo sobre utilización de tierras para la producción tras incendios.
El texto actual endurece las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes. Exige que las expropiaciones respondan a una declaración específica de utilidad pública y establece el pago previo de una indemnización calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble. También contempla el reconocimiento del lucro cesante, uno de los puntos más cuestionados por la oposición, que advierte que encarecerá las expropiaciones.
El proyecto también busca acelerar la recuperación de inmuebles ocupados mediante juicios sumarísimos de desalojo, aunque establece un plazo de protección de diez días para personas en situación de vulnerabilidad. Además, incorpora modificaciones para modernizar el sistema de registro de la propiedad inmueble.
Uno de los principales retrocesos del Gobierno quedó expuesto en la preservación de la ley de tierras, que limita la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros y cuya derogación había sido incluida en el DNU 70/2023. Tras una serie de cuestionamientos judiciales y ante el riesgo de que la oposición avanzara contra el decreto, que contiene otras reformas de peso, el oficialismo terminó por incorporar la protección de esa norma al proyecto.
“Las reformas que se imponen por decreto tiemblan todo el tiempo. Las que se construyen en el Congreso, perduran”, argumentó Pamela Verasay (UCR) para acompañar el proyecto.
La discusión dejó en evidencia las diferencias entre el oficialismo y la oposición sobre el alcance del derecho de propiedad y las facultades del Estado para intervenir sobre bienes privados.
Desde La Libertad Avanza (LLA), Santiago Santurio defendió la reforma como una herramienta para garantizar la seguridad jurídica y promover las inversiones. “Cuando se sabía que acá en la Argentina no se respetaban los derechos de propiedad, nadie quería invertir”, sostuvo. También reivindicó la agilización de los desalojos para restituir rápidamente los inmuebles a sus propietarios y advirtió que la ocupación de viviendas desalienta la oferta de alquileres.
En la oposición, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el intento original del Gobierno de derogar las leyes de tierras, manejo del fuego e integración sociourbana. “Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro [Federico] Sturzenegger”, afirmó. Atribuyó el retroceso oficialista a los cuestionamientos institucionales y judiciales, pero fundamentalmente a la presión social.
Las críticas también apuntaron al encarecimiento de las expropiaciones. Myriam Bregman, del Frente de Izquierda (FIT), advirtió que la reforma elevará los costos que debe afrontar el Estado y sostuvo que la preservación de la Ley de Tierras fue resultado de la movilización social. “No es porque ninguno de ustedes se puso a estudiar y reconsiderar”, lanzó hacia las bancas libertarias.
En la misma línea, Hugo Moyano (h.), de Unión por la Patria (UP), cuestionó la incorporación del lucro cesante a las indemnizaciones por expropiación. Según planteó, la reforma busca encarecer eventuales expropiaciones para proteger a las empresas que se privaticen frente a futuras decisiones del Congreso de recuperarlas por razones de interés público. Como ejemplo, mencionó el caso de YPF.
Tras esta primera votación, la sesión continua con el debate sobre un nuevo esquema de trazabilidad de medicamentos.
La aprobación del proyecto se produjo en el marco de una sesión maratónica que el oficialismo convocó con la intención de impulsar su propia agenda y evitar que la oposición le marque la cancha. Para conseguirlo, debió negociar con sus aliados e incorporar al temario iniciativas que hasta hace poco el Poder Ejecutivo se negaba a convalidar.
La sesión comenzó pasadas las 12.20 con la presencia de La Libertad Avanza, Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y bloques provinciales vinculados a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir (Jujuy).
En cambio, UP, el Frente de Izquierda, los radicales críticos, el socialismo, la Coalición Cívica y, llamativamente, los tucumanos aliados al gobernador Osvaldo Jaldo evitaron contribuir al quorum.
El capítulo más sensible de la jornada es la política de discapacidad. Después del rechazo político y social que generó su intención de endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones, el oficialismo negoció con sus aliados una propuesta intermedia para evitar que la oposición vuelva a imponer una ley de emergencia.
El dictamen consensuado contempla la compatibilidad de las pensiones con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, fija el monto de la prestación en el 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene el nomenclador de prestaciones. Sin embargo, el Poder Ejecutivo todavía mantiene reparos por el costo fiscal: según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), alcanzaría casi $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07% del PBI, si se contempla el padrón completo.
El temario también incluye la creación de un sistema obligatorio de trazabilidad de medicamentos, desde la materia prima hasta su aplicación al paciente, impulsado después de la tragedia del fentanilo contaminado, que provocó al menos 90 muertes. Se trata de un tema que reuniría el consenso de todo el arco político.
Como parte de las concesiones a sus aliados, los libertarios incorporaron además un proyecto que endurece las sanciones contra el vandalismo rural, reclamado por el sector agropecuario, y otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), actualmente bajo la órbita nacional.
La sesión tendrá también un capítulo dedicado al endeudamiento de las familias. Mientras el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa de educación financiera para prevenir la morosidad, la oposición intentará imponer un esquema de reestructuración de deudas con topes a las tasas de interés y mecanismos de refinanciación de intereses y punitorios.
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