Arrancó la sesión en Diputados y el oficialismo consiguió el quórum para tratar la Ley de Tierras, discapacidad y morosidad
Con un giro inesperado y con apoyo de sus habituales aliados, el Gobierno consiguió este miércoles en Diputados la aprobación con modificaciones del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que volverá al Senado para su revisión, luego de que el oficialismo aceptara incorporar en la norma un artículo específico que ratifica la Ley de Tierras.
La iniciativa fue aprobada con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones que fueron clave para el oficialismo. Los libertarios contaron con el acompañamiento del radicalismo, el PRO, el MID, y apoyo parcial de Argentina Federal y pocos provinciales que responden a gobernadores aliados. El peronismo con la izquierda, sectores de Provincias Unidas, Coalición Cívica, Elijo Catamarca, Independencia y Encuentro Federal rechazaron la iniciativa.
La incorporación del artículo que confirma la Ley de Tierras fue aprobada con 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. Este punto tuvo la adhesión del oficialismo y la mayoría de la oposición, incluyendo a Unión por la Patria. Mientras que votaron en contra dos diputadas que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, la representante del neuquino Rolando Figueroa y un salteño de Gustavo Sáenz
De esta manera, la modificación salió con los dos tercios de los presentes lo que obliga al Senado a tener esa misma mayoría para insistir con la versión aprobada en agosto pasado.
Las abstenciones de cinco diputados por Córdoba que están alineados con el gobernador Martín Llaryora y el larretista Alvaro González terminaron siendo clave para que el oficialismo pueda alzarse con la victoria en Diputados.
Por su parte, Patricia Bullrich, la jefa del oficialismo en la Cámara alta, trató de desdramatizar la situación y señaló que el Senado ya había ratificado la Ley de Tierras al retirar el artículo que modificaba la norma que limita la compra de campos por parte de extranjeros. El oficialismo buscará completar rápido el trámite legislativo, aunque el cronograma del Congreso está atravesado por las elecciones de Estados Unidos y la anunciada visita del Papa León XIV, ya que no se prevén actividades las dos primeras semanas de noviembre.
La Ley de Tierras, que establece un máximo de 15% de las tierras rurales en manos extranjeras, fue aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero Javier Milei, al asumir en 2023, firmó el DNU/70 de desregulación de la economía e incluyó la derogación de la ley sancionada por el kirchnerismo.
El Presidente quiso validar la maniobra con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad, pero los dialoguistas obligaron a bajar la derogación de la Ley de Tierras. Pero la situación se le complicó al Gobierno cuando la Corte Suprema ratificó el megadecreto de Milei y rechazó un amparo que había congelado la eliminación de la normativa que limitaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Sin embargo, en un segundo fallo, el máximo tribunal hizo lugar al reclamo de una organización ambientalista y volvió a restituir la Ley de Tierras. Pero ante esta incertidumbre y para evitar que el DNU/70 corra peligro, el oficialismo terminó acordando con los dialoguistas incluir un artículo en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada la ratificación de la Ley de Tierras.
De esta manera, el proyecto impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, sufrió un nuevo cambio desde su ingreso al Congreso en marzo de este año. Solo en el Senado, hubo cuatro intentos por aprobar la iniciativa antes de que se concretara la media sanción, que salió tras 17 textos elaborados.
En la Cámara alta, los dialoguistas bajaron el capítulo que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), y luego eliminó la modificación de la Ley de Tierras y la de Manejo del Fuego.
La ley promueve los desalojos exprés por vía sumarísima con la posibilidad de restitución anticipada del inmueble, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente. La normativa también otorga al juez más facultades para identificar ocupantes y asegurar la eficacia de las medidas.
En cuanto a las expropiaciones se incorpora la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Sobre los criterios para fijar el valor del bien se toma como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización y un mecanismo de actualización del monto indemnizatorio que contempla la evolución de los precios. Los valores serán fijados por IPC más la tasa activa del Banco Nación.
En el debate, el oficialista Santiago Santurio hizo una exposición en la que mezcló un análisis histórico para remarcar que "tiene que ser una política de Estado respetar la propiedad privada de todos los argentinos, garantizar que el fruto de su trabajo no se lo va a sacar ni un delincuente, ni un burócrata de turno"
Luego Diego Giuliano chicaneó al oficialismo al apuntar que "volvieron a la ley del peronismo" que estipula los límites para los extranjeros en la compra de tierras rurales. "Fue una vuelta de campana para bajar los decibeles que significó la extranjerización de las tierras", agregó.
Incluso, el diputado massista cuestionó el mecanismo de desalojo que se incluyó en el proyecto y lo vinculó con el caso de Maricarmen Abascal, la jubilada madrileña cuyo desalojo desató una histórica ola de protestas en España por la crisis habitacional.
Mientras que Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) cruzó al Gobierno al prometer seguridad jurídica pero "degradar constantemente la democracia y al debate público". "Dicen defender la soberanía nacional, pero pretenden la derogación de leyes que protegen nuestros recursos estratégicos como la tierra. Todo DNU es cuestionable, y el DNU 70 es inconstitucional”, completó.
La sesión, en la que se tratarán también la Emergencia en Discapacidad y endeudamiento familiar, arrancó con un quórum de 132 legisladores gracias a que La Libertad Avanza tuvo el acompañamiento del PRO, la UCR, Argentina Federal, sectores de Provincias Unidas y bloque provinciales que responden a gobernadores aliados como Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Sadir (Jujuy).
Se estima que la sesión durará más de 17 horas, porque al proyecto de Inviolabilidad a la Propiedad Privada también se discutirán los proyectos de emergencia en Discapacidad y endeudamiento familiar.
La sesión comenzó con distintos pedidos de apartamiento del reglamento que no prosperaron, ya que para ser incluidos en el temario se necesitaba de los dos tercios de los presentes para incorporar el proyecto al temario.
El radical Pablo Juliano pidió que se trate la Ley Segovia, una propuesta que modifica el Código Penal para que prescriban los delitos de abuso sexual y trata de personas cometidos contra niños y adolescentes cuando el acusado permanezca prófugo o en rebeldía.
El peronista Pablo Yedlin presentó un pedido de apartamiento para que se renueve la emergencia pediátrica para el hospital Garrahan. Mientras que el kirchnerista Germán Martínez reclamó la emergencia de las Pymes y la radical Mariela Coletta exigió que los informes de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) sean públicos.
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