Oro del Banco Central: la fiscalía pidió informes para investigar las operaciones que habrían generado pérdidas por US$1023 millones
La causa judicial iniciada por las operaciones financieras con el oro de las reservas del Banco Central (BCRA) sumó sus primeros movimientos procesales. El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió una serie de medidas previas en la denuncia presentada contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el director de la entidad, Juan Curutchet, con el objetivo de recabar documentación técnica antes de determinar si corresponde dar impulso formal a la investigación.
La presentación judicial fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón, letrado de Cristina Kirchner en algunas causas, a partir de la difusión del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del BCRA del ejercicio 2025. Aunque la AGN aprobó los estados contables con una opinión favorable sin salvedades, incluyó un párrafo de énfasis que señaló que las operaciones de derivados financieros vinculadas al oro arrojaron un resultado negativo de US$1023 millones. El denunciante planteó que estas operaciones podrían encuadrarse en los delitos de “administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Antes de expedirse sobre el curso de la causa, el fiscal Pollicita consideró necesario delimitar los hechos y solicitó al juzgado requerir copia íntegra a la AGN de la Actuación 423/2025. El pedido abarca las resoluciones, disidencias, papeles de trabajo y la documentación respaldatoria referida a las notas contables mencionadas. También pidió incorporar la contestación formal enviada en su momento por el Banco Central y saber si existieron actuaciones posteriores sobre el tema.
En la misma resolución, la fiscalía requirió al BCRA un informe sobre el marco normativo que regula la gestión y contratación de operaciones sobre las reservas de oro, con el detalle de las competencias de las áreas intervinientes, los mecanismos de control interno y las instancias de supervisión. Asimismo, solicitó que se informe si existieron directivas o intercambios institucionales sobre la administración de este activo con el Ministerio de Economía desde 2025.
El debate sobre los contratos financieros gira en torno a la estrategia utilizada durante 2025, un año en el que el valor internacional del oro registró un alza del 44%. Mientras la denuncia pone el foco en el resultado negativo de los instrumentos de cobertura en dólares, desde el BCRA argumentan que la posición total en oro debe evaluarse de forma integral y que la revalorización del metal en cartera generó un resultado neto positivo de US$2505 millones.
Por esa razón, desde el Central acusaron a la conducción de la AGN de actuar con “fines puramente políticos”. Esta diferencia de números se debió a que, para protegerse de la volatilidad de los mercados, el Banco Central usó opciones financieras. Estos son contratos que dan derecho a comprar o vender un activo a un precio fijado de antemano, sin importar los vaivenes que tenga una cotización.
Hay dos tipos. El put es una opción de venta. El Banco Central lo compra para asegurarse de vender su oro a un precio mínimo, aunque el mercado se derrumbe. Es como un seguro contra incendios. Se paga una prima y, si la casa no se quema, esa plata se pierde. El call funciona al revés. El Banco Central puede cobrar una prima, pero queda obligado a vender su oro a un precio fijo, aunque la cotización valga mucho más.
La autoridad monetaria habría armado un collar, una estrategia que combina ambas opciones. Compra un put para protegerse de una caída y, para no pagar esa prima de su bolsillo, vende un call en simultáneo. El costo fue resignar la ganancia por encima de cierto precio.
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