España ante su crisis habitacional más dura: de las "pymes buitre" al fin de los desahucios por ley

Con alquileres en máximos históricos y 70.000 órdenes de desalojo reactivadas, el Ejecutivo impone un polémico paquete de medidas que divide al país y sacude el mercado inmobiliario. Los detalles, en la nota.

Fondos buitre: Legislación de emergencia busca frenar la especulación con viviendas y protege a inquilinos.

El fallecimiento de Maricarmen Abascal a dos semanas de ser desalojada de su hogar madrileño profundizó el malestar social por el acceso a la vivienda en España. Ante la ola de críticas, el presidente español, Pedro Sánchez, salió a marcar postura y fijar responsabilidades sobre el conflicto habitacional.

La legislación de emergencia en materia de vivienda —aprobada tras la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones anticipadas para el 29 de noviembre— "pone pie en pared a los fondos buitre", afirmó Pedro Sánchez el 6 de octubre. El presidente del Gobierno agregó que las medidas "cargan solo contra aquellos que consideran la vivienda como un objeto mercantil más para poder especular con él".

El fallecimiento de Maricarmen Abascal a dos semanas de ser desalojada de su hogar madrileño profundizó el malestar social por el acceso a la vivienda en España.

Según la agencia Reuters, con un aumento del 44% en los alquileres y del 58% en el precio de las viviendas a lo largo de cinco años, miles de manifestantes exigieron poner fin a la especulación de los denominados "fondos buitre", señalados como responsables de una ola de desahucios como el de Maricarmen Abascal. Sin embargo, para gran parte de la sociedad española resulta difícil precisar quiénes son exactamente estos "depredadores financieros".

Lejos del perfil de los grandes fondos internacionales, el arrendador detrás del desahucio de Maricarmen Abascal es Urbagestión, una pequeña consultora madrileña. La empresa —propiedad de dos hermanos— suma ocho empleados, registró un beneficio neto de solo 2.990 euros el año pasado y posee apenas dos propiedades a su nombre, según el Colegio de Registradores.

Tras comprar el piso de Abascal hace ocho años, Urbagestión elevó su alquiler mensual de 570 a 1.650 euros, un monto que superaba su pensión, según el sindicato de inquilinos que la representaba. La empresa llevó a la jubilada a los tribunales tras detectar que su contrato de alquiler renta antigua había caducado, de acuerdo con los documentos judiciales del caso.

"Urbagestión en puridad quizá no fuera un fondo, pero es una pyme buitre, muy carroñera", afirmó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Tras comprar el piso de Abascal hace ocho años, Urbagestión elevó su alquiler mensual de 570 a 1.650 euros, un monto que superaba su pensión.

La expresión "fondos buitre" irrumpió en el vocabulario español al calor de la crisis de 2008-2014. Servía para aludir a los fondos de capital riesgo e instituciones financieras que compraban viviendas de renta antigua o protegida con el objetivo de disparar el precio de los alquileres.

Pese a la centralidad del debate sobre los fondos de inversión, las empresas apenas controlan el 8% del mercado de alquiler español, según el Banco de España. La nueva normativa del Gobierno extendió su regulación a todo tenedor con fines de lucro, alcanzando de lleno a los pequeños propietarios —los verdaderos dueños de la mayor parte del parque de viviendas—, de acuerdo con el analista inmobiliario Fernando Rodríguez de Acuña.

"(Que) cualquiera (...) se beneficie en el mercado es lógico. Si no, no te metes en el mercado", señaló. El Gobierno intentó por primera vez definir y regular los fondos buitre en una ley de vivienda de 2023 que limitaba las actividades de los "grandes propietarios"; esto es, personas o empresas que poseen diez o más inmuebles.

En los decretos publicados este mes, se ajustaron los parámetros para incluir también a quienes posean cinco o más inmuebles en zonas declaradas con escasez de vivienda. A partir de ahora, estos propietarios tienen prohibido adquirir inmuebles por un valor inferior al 70% de su precio de mercado.

En los decretos publicados este mes, se ajustaron los parámetros para incluir también a quienes posean cinco o más inmuebles en zonas declaradas con escasez de vivienda.

La legislación va un paso más allá al prohibir que los propietarios de más de dos inmuebles desalojen a sus inquilinos hasta 2030. Además, impone a todos los arrendadores la obligación de aplicar prórrogas automáticas en los contratos y mantener congelados los precios de los alquileres.

La polémica por el concepto de "fondo buitre" provocó la dimisión de la portavoz parlamentaria del PSOE, Montse Mínguez, tras revelarse que su esposo posee una inmobiliaria con 30 pisos que ejecutó desalojos. Frente a las críticas en Antena 3, la dirigente diferenció la firma familiar de los fondos especulativos, a los que definió como "capital extranjero que compra inmuebles para expulsar vecinos y destinarlos al alquiler turístico". "Lo único que estamos diciendo es que no se puede ir a la yugular, a la ‌especulación, ni a los fondos buitres", dijo.

España experimentó un aumento de los desahucios desde marzo, momento en que expiró la ley de la era pandémica destinada a proteger a los inquilinos vulnerables. Según el Sindicato de Inquilinas, la falta de prórroga de esta normativa provocó la reactivación de unas 70.000 órdenes de desalojo en todo el país.

Olga Matute se quitó la vida el 7 de septiembre tras haber sido desahuciada en abril. Su caso llevaba pendiente desde 2020, luego de que una entidad bancaria vendiera su vivienda a un fondo de inversión que se negó a aceptar una reducción del alquiler. Según un comunicado emitido por diversos colectivos sociales —entre ellos el Sindicato de Inquilinas—, las nuevas medidas legislativas alcanzan a casi 5 millones de personas, de las cuales 122.683 se encuentran en riesgo inminente de desahucio.

Casi la mitad del parque de viviendas en alquiler en España pertenece a propietarios de una sola vivienda, mientras que los grandes tenedores representan solo el 3,6% del mercado en manos de particulares, según un estudio de EsadeEcPo. En paralelo, los fondos de capital riesgo extranjeros llevan tiempo reduciendo su exposición al sector residencial español: Blackstone, por ejemplo, achicó su cartera a 12.000 inmuebles, muy lejos del pico de 40.000 que alcanzó en 2017.

"El mercado no está en manos de grandes fondos, está en manos de pequeños inversores. Entonces, ahora todos los pequeños inversores son los que tienen ‌que soportar toda esa carga", sostuvo Rodríguez de Acuña.

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