El mito de la receta única

El debate económico en la Argentina suele pendular entre una visión estatista, que concibe a las empresas públicas como bastiones de soberanía y justicia social, blindadas ante cualquier evaluación de desempeño, y un credo privatista ortodoxo según el cual la mera transferencia de un activo al sector privado, mágicamente, reduce sus costos y multiplica su productividad de la noche a la mañana.

Sin embargo, según la evidencia internacional disponible, la posible mayor eficiencia de una empresa privada respecto de una pública, no se explica por consideraciones ideológicas, sino por la naturaleza del mercado en el que operan, el grado de competencia real que enfrentan y la calidad del marco regulatorio e institucional existente.

En mercados abiertos y competitivos (manufactura, banca comercial, cemento o aerolíneas comerciales), el paso del control estatal al privado genera incrementos geométricos en la productividad laboral, la rentabilidad general y la inversión de capital.

Es que, si una empresa privada gestiona mal, pierde dinero y si lo hace sostenidamente, quiebra y desaparece. Esta presión existencial la obliga a innovar, optimizar procesos y alinear los salarios con la productividad real.

Por el contrario, las empresas estatales en sectores competitivos suelen sufrir de restricciones presupuestarias “blandas”. Sabiendo que el Tesoro nacional actuará como un prestamista de última instancia o rescatista político, los incentivos para recortar gastos superfluos o resistir presiones sindicales corporativas, disminuyen drásticamente. El costo de ineficiencia se traslada silenciosamente a los contribuyentes vía subsidios o inflación.

Las ventajas de la gestión privada en mercados de libre competencia se desdibujan cuando se trata de monopolios naturales. En sectores como los de distribución de agua potable, tendido eléctrico, redes de gas o infraestructura ferroviaria, no tiene sentido triplicar las inversiones, con tres redes de cañerías de agua compitiendo bajo la misma calle de una ciudad.

En estos casos, la evidencia es menos concluyente. Estudios realizados en Asia y América Latina revelan que la privatización de servicios públicos de red no se tradujo automáticamente en menores tarifas ni mayor eficiencia técnica. Al no haber competencia, una empresa privada monopólica puede tener los mismos incentivos para aletargarse que una estatal.

En lugar de innovar, optimizando costos, un monopolio privado puede verse tentado a maximizar ganancias, aumentando tarifas o recortando niveles de mantenimiento y calidad del servicio, especialmente si el marco regulatorio es débil.

Al ingresar en una “zona de confort”, ya no importa que la empresa sea pública o privada; el factor determinante de su menor eficiencia pasa a ser la calidad regulatoria del Estado. Una empresa pública sometida a una gobernanza corporativa rigurosa, transparente e inmune a la interferencia política, puede ser tan o más eficiente que un operador privado. Igualmente, un operador privado bajo la lupa de un ente regulador independiente, técnico y con capacidad real de sanción, tenderá a ofrecer un mejor servicio La clave no reside en la privatización per se, sino en la calidad de la regulación pública.

El tercer escenario crítico abarca la provisión de bienes y servicios sociales, especialmente de salud y educación. Aquí, la aplicación de criterios puramente mercantiles de eficiencia suele chocar contra barreras complejas de equidad, externalidades positivas e información asimétrica.

En el sector de la salud, según diversas investigaciones realizadas en países europeos, no existen pruebas concluyentes de que los hospitales privados muestren mayores niveles de eficiencia técnica que los hospitales públicos de escala similar.

Al desagregar los datos, surge una paradoja: los centros de salud privados con fines de lucro tienden a registrar, en ocasiones, mayores sobrecostos debido a la “inducción de la demanda”, es decir, la realización de estudios médicos o intervenciones innecesarias con el único fin de facturar más a las prepagas o seguros de salud.

Por su parte, los modelos que introducen la lógica de mercado en la educación, como los sistemas de vouchers o escuelas chárter en distintas partes del mundo, muestran resultados sumamente heterogéneos.

Si bien suelen lograr mayor eficiencia administrativa en el corto plazo, si no están fuertemente regulados, tienden a generar una segregación socioeconómica que deprime los niveles educativos de los sectores más vulnerables.

En estos sectores, la métrica del éxito no debería ser el balance contable del proveedor, sino el impacto social y distributivo a largo plazo.

Como lección, la discusión política sobre este tema debería guiarse por un prudente pragmatismo. Entregar sectores competitivos al control estatal puede ser motivo de déficit fiscal crónico y pérdida de dinamismo productivo.

Pero privatizar a ciegas monopolios naturales o servicios sociales esenciales, sin construir antes un andamiaje regulatorio robusto e independiente, suele derivar en la captura de rentas extraordinarias por parte de actores privados a expensas del bienestar ciudadano.

El desafío no es elegir entre estatismo absoluto o fundamentalismo de mercado, sino en determinar qué herramientas funcionan para cada necesidad y aceptar que, para tener mercados privados eficientes, primero se necesita un Estado técnicamente capaz de regularlos.

Politólogo. Ex subsecretario de Reforma Administrativa e investigador superior del Conicet. Autor de "Merecer la Ciudad" (Eduntref)

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