Casciari y la universidad: cuando el prestigio no alcanza
La controversia alrededor de Hernán Casciari y sus proyectos cinematográficos recuerda que el entusiasmo de una comunidad y el prestigio de quien la convoca no garantizan una buena gestión. Tampoco eximen a quien administra dinero ajeno de explicar cómo lo gasta y responder por los resultados. En la universidad pública convendría tomar nota de esa lección.
Eso exige examinar qué hacen sus autoridades con las herramientas políticas que tienen, ya que la autonomía universitaria les permite impulsar reformas sin esperar instrucciones de un gobierno. Sin embargo, cuando se discute qué debe cambiar, los rectores suelen limitar sus respuestas a lo que reclaman del Poder Ejecutivo nacional. Reivindican la capacidad de gobernar sus instituciones, pero eluden la responsabilidad de transformarlas.
Esa falta de responsabilidad se vuelve especialmente grave frente a quienes ingresan y nunca terminan una carrera. ¿Por qué se fueron? ¿Qué hizo la universidad para evitarlo? Celebrar el ingreso y desentenderse de lo que ocurre después es una forma bastante hipócrita de entender la inclusión.
Esos estudiantes trabajan, reorganizan sus tiempos y postergan oportunidades laborales y proyectos familiares para dedicar años a una carrera. Cuando abandonan, la explicación suele buscarse en sus dificultades económicas, laborales o familiares. Pero también hay que preguntar cuánto pesan los horarios incompatibles con el trabajo, las carreras interminables, los paros, los obstáculos administrativos y las prácticas pedagógicas deficientes. La gratuidad de la matrícula no vuelve gratuito el tiempo perdido.
La universidad no quedó al margen del deterioro del país y sus problemas tampoco comenzaron con este gobierno. Los bajos salarios docentes conviven desde hace años con el despilfarro de recursos y con problemas que sobreviven, década tras década, a presidentes y rectores. El presupuesto condiciona su funcionamiento, pero no explica cada una de sus deficiencias.
Discutirlas exige preguntar cómo se justifican las prioridades presupuestarias, qué sucede con las plantas docentes y no docentes cuando baja la matrícula, por qué reformar un plan de estudios puede llevar más tiempo que cursarlo y hasta qué punto la afinidad política desplaza al mérito académico a la hora de repartir cargos. También exige examinar cómo los colegios profesionales y los partidos políticos erosionan la autonomía, el gasto político en las facultades y cómo se administran las obras sociales universitarias.
La marcha de hace unos días mostró los límites de una estrategia que subordina estas discusiones a una liturgia militante. Aliarse con los grupos de choque de un país que fracasó, que aprovechan cada conflicto para imponer sus propias agendas, les sirve a los rectores, a lo sumo, para reafirmar a los ya convencidos. Pero resolver los problemas de quienes necesitan estudiar exige algo más que movilizarlos. Ahí se terminan las facilidades del progresismo de tribuna.
Los rectores podrían empezar por conocer el destino de quienes dejan sus carreras y explicar qué medidas tomarán para que otros no enfrenten los mismos obstáculos ni corran la misma suerte. También por fijar objetivos de reforma, plazos y resultados verificables. Así, su gestión podría evaluarse por algo más que su capacidad de convocar a la próxima marcha.
La autonomía les permite tomar esas decisiones y los obliga a responder por sus resultados. No pueden seguir explicando cada fracaso como si la universidad estuviera gobernada por otros, ni invocar el prestigio histórico para eludir el examen de su gestión.
La universidad argentina se ha ganado con creces el apoyo de la sociedad. Los rectores y su burocracia política no deberían confundir ese respaldo con la aprobación de sus gestiones ni con un cheque en blanco para sus aspiraciones electorales en 2027.
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