Procesaron presos que haciéndose pasar por el juez Horacio Rosatti extorsionaban a familiares de otros detenidos
El juez federal Julián Ercolini procesó a un grupo de presos alojados en una cárcel de Jujuy que, haciéndose pasar por el presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, llevaron adelante, con celulares escondidos en sus celdas, múltiples estafas y extorsiones.
La maniobra se concretaba llamando a dependencias policiales donde les exigían datos de detenidos. La mayoría de las víctimas eran familiares de flamantes arrestados a los que les decían que podían acceder a la libertad si pagaban una fianza o les exigían abonar supuestos trámites. En otros casos, también simulaban representar a empresas privadas para otorgar premios, que requerían afrontar falsos gastos.
El fallo dispuso los procesamientos con prisión preventiva de Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, por considerarlos “miembros de una asociación ilícita en concurso real con los delitos de estafa, extorsión y usurpación de autoridad, que concurren en forma real entre sí, en calidad de coautores”.
Acho fue declarado reincidente y se encuentra cumpliendo una condena a cinco años y cinco meses de prisión por robo agravado con armas; López tiene una condena de seis años y medio por homicidio en grado de tentativa, extorsión e intento de robo en poblado y en banda; Vargas cumple una pena de 13 años de prisión por homicidio; y Ríos, también reincidente, fue condenado por distintos robos.
Según estableció el fallo, “al menos desde el mes de noviembre de 2024 y hasta el 30 de octubre de 2025 una asociación con base en el Establecimiento Penitenciario nro. 7 del Servicio Penitenciario de Jujuy, sito en Av. Forestal y Ruta Nacional nro. 9, Barrio Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, que habría operado de manera estable y con el propósito de llevar adelante, a lo largo del tiempo, distintas maniobras defraudatorias”, valiéndose de “múltiples líneas y terminales telefónicas, tarjetas SIM, recargas virtuales, cuentas bancarias, billeteras digitales y alias de pago, con el objeto de obtener datos de personas privadas de libertad y de sus familiares, contactarlos posteriormente mediante distintas falsas representaciones y procurar de ese modo el cobro de sumas de dinero”.
Según quedó acreditado, como parte central de las maniobras los imputados “se habrían hecho pasar por el Dr. Horacio Rosatti, atribuyéndose su identidad y su carácter de Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y para ello “habrían utilizado su nombre, imagen, cargo e investidura, líneas telefónicas presentadas como supuestos contactos institucionales y perfiles de WhatsApp con su fotografía, con imágenes del edificio de Tribunales o con la denominación “Corte Suprema de Justicia”, procurando así dar apariencia de autenticidad a las comunicaciones”.
“Valiéndose de esa falsa condición, se habrían comunicado con dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad, presentándose ante su personal como el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y habrían requerido listados y datos personales y administrativos de personas detenidas, haciendo parecer tales requerimientos como propios de las funciones que falsamente se atribuían.
La información así obtenida habría sido utilizada luego para contactar a familiares o allegados de las personas privadas de libertad, frente a quienes también se invocaba falsamente la intervención del Dr. Rosatti, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o de supuestas autoridades judiciales, exigiéndoles sumas de dinero bajo la promesa de que, mediante el depósito de una “fianza”, caución u otro concepto, el detenido podría obtener su libertad o algún beneficio o trámite judicial. Asimismo, en otros tramos de la misma operatoria se habría utilizado el nombre del doctor Horacio Rosatti para articular un ardid mediante el cual simulaban representar a empresas privadas para comunicar falsos premios —dinero, vehículos, electrodomésticos u otros bienes— y requerir transferencias en concepto de supuestos ‘gastos de trámite’”.
La causa se inició el 25 de noviembre de 2024, tras un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal en donde una voz masculina decía ser “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en el que solicitaba un listado actualizado de personas detenidas en dependencias policiales bajo el argumento de un supuesto relevamiento vinculado a derechos humanos. Según se comprobó, el llamado había partido de la cárcel jujeña y, tras una serie de investigaciones que incluyeron escuchas, uno de los presos hablando con una mujer confirmó las maniobras.
”Mañana a la mañana voy a poner activo; ayer estuvimos tirando numerito casi le pegamos a tres víctimas, ha habido un par de ingresos también (…) A ellos les estamos robando, le pedís los números de familiares ahí, estamos diciendo que les vamos a dar una fianza”, relataba, dando detalles de cómo exigían el dinero: “soy el juez tanto, tenemos el oficio de la libertad para su hijo (…) La fianza es un millón de pesos. ¿Y cómo se puede pagar? Bueno, a través de la cuenta del poder judicial. Le damos el CBU de una cuenta fantasma, le hacemos sacar plata y lo hacemos recagar”.
En la causa también quedó acreditado que cuando el Servicio Penitenciario llevó adelante una serie de requisas en las celdas de los sospechosos, la banda comenzó desesperadamente a comunicarse entre sí y con sus familiares para hacer desaparecer pruebas y pasar el dinero a nuevas billeteras virtuales. “Estamos con toda la federal acá, nos están haciendo requisa. Señora, por las dudas, saque todo de ahí”, decían.
En sus indagatorias, varios de los detenidos buscaron rechazar las acusaciones y asegurar que las comunicaciones que se les atribuían habían sido hechas con teléfonos que usaban también otros presos. Pero esa versión, aunque cierta, quedó descartada en base las otras pruebas incorporadas al expediente y en el que hablaban de las maniobras como un “trabajo”. “Incluso el quehacer delictivo siquiera menguó a pesar de haber realizado procedimientos durante diciembre de 2024 en el Establecimiento Penitenciario y haber secuestrado el teléfono que efectuó la primera comunicación que dio origen al expediente”, se señaló. Hubo decenas de llamados a distintas reparticiones policiales de todo el país.
“La utilización deliberada del nombre de Rosatti, su imagen y cargo, las referencias a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las explicaciones destinadas a justificar los pedidos efectuados revelan el pleno conocimiento de la atribución de una autoridad que no se poseía”, dijo la resolución, al solo efecto de consolidar las distintas maniobras y conseguir el beneficio patrimonial buscado.
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