Hotesur-Los Sauces: Casación resolvió que se debe hacer un único juicio contra Máximo y Cristina Kirchner

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal con el voto mayoritario, ordenó que se debe hacer un juicio unificado con los casos Hotesur y Los Sauces. Las acusaciones contra Cristina y Máximo Kirchner son de asociación ilícita en carácter de jefa y organizador, respectivamente, y lavado de activos. Hasta ahora, el inicio del debate por Los Sauces está fijado para este viernes 23 de octubre, de forma presencial.

Pese a los argumentos del TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, el máximo tribunal penal consideró que no eran suficientes para mantener la decisión de juzgar por separado los casos Hotesur y Los Sauces.

En consecuencia, los jueces de la Sala I Diego Barroetaveña, Daniel Petrone respaldaron el planteo del Ministerio Público Fiscal, que se opuso a la división de los expedientes, reclamando la realización de un único debate.

Con un criterio contrario, se pronunció el camarista Alejandro Slokar quien consideró que resolver en sentido contrario a lo que ya resolvió el TOF 5 respecto a la división de los casos para realizar el juzgado, es cometer una intromisión en una potestad exclusiva del Tribunal: la organización del debate oral y público.

La discusión llegó ante el máximo tribunal penal porque el fiscal de juicio,Diego Velasco, consideró que dividir la causa generaba una "parcialización de la prueba y dificultad apreciar la maniobra en su real significación jurídico-penal poniendo en riesgo la teoría del caso de los acusadores y limitando, también, a la propia defensa de los imputados".

Ese argumento fue respaldado ante la Casación por el fiscal general Mario Villar, quien añadió que dividir las actuaciones "no favorece la celeridad, pues implica dos procesos completos separados y, entre otras cosas, rondas completas de alegatos y dos sentencias; con los plazos que ello implica, además de los posibles recursos que puedan plantearse".

Al fundamentar el voto por la mayoría, a través del cual la Casación dispuso la unificación de los juicios por los casos Hotesur y Los Sauces, los camaristas entendieron que había argumentos jurídicos suficientes no sólo para asistir al reclamo del Ministerio Público Fiscal, sino también de la querella que es la Unidad de Información Financiera (UIF).

De esta manera se rechazó el desdoblamiento de los debates y por ese motivo, se ordenó la realización de un único juicio oral y público que comprenda ambas causas de manera unificada y comenzará el próximo viernes.

"La conexidad responde a razones jurídicas vinculadas, en el caso, con las reglas que rigen el concurso de delitos, y no a una mera conveniencia instrumental", dijo en su voto el juez Daniel Petrone.

La decisión de tramitar los procesos por separado, continuó explicando, "no elimina la relación de conexidad existente ni exime de considerar las consecuencias que esa modalidad de juzgamiento puede acarrear en la aplicación de aquellas reglas”.

Fue este último aspecto, el que motivó la queja central del fiscal Velasco: el desdoblamiento afectaba el trabajo del Ministerio Público, la utilización de la prueba y el cuadro acusatorio planteado como una única maniobra desplegada a través de dos empresas de la misma familia y con el mismo fin delictivo. Se fragmentaba las pruebas y el delito investigado.

Al dar mayor sustento a su postura, el juez Petrone indicó que las facultades ordenatorias están, precisamente, destinadas a "permitir que el tribunal adapte la gestión del debate a las particularidades del caso, sin que ello implique modificar las reglas del juzgamiento ni fragmentar innecesariamente el objeto procesal”.

La decisión de separación del trámite, entendió el camarista, "obstaculiza el avance de la causa hacia la etapa de juicio y, con ello, la posibilidad de que la pretensión punitiva en los términos en que fue promovida por los acusadores obtenga una respuesta jurisdiccional dentro de un plazo razonable”.

El TOF 5 había señalado que había parte de la instrucción suplementaria del caso Hotesur que se encuentra pendiente, lo que se instituyó como uno de los fundamentos para dividir los casos y realizar dos juicios. El juez consideró que ese planteo, "no puede convertirse, por sí sola, en una causa automática de postergación sine die del debate”.

Por su lado, el juez Diego Barroetaveña dijo que, más allá de los motivos y los "razonables desafíos que implica la organización de juicios complejos o con abundante prueba para producir, lo cierto es que todas las atribuciones del tribunal encuentran el límite en el marco del proceso que arriba a la etapa de juicio en los términos en que fue delimitado por el Ministerio Público Fiscal y demás partes acusadoras”.

Es decir: la Casación no se está decidiendo sobre la organizació ndel juicio, sino sobre el agravio que entiende se cometía contra el Ministerio Público Fiscal y la querella a la hora de dividir los casos.

Por ese motivo, el juez Barroetaveña hizo una puesta en valor de los beneficios del principio adversarial a través de la "oralidad y publicidad" como algo que "nutre y favorece las discusiones entre las partes, desaprovechadas en la ocasión por el doctor Mario Villar en la audiencia asignada”, en relación a la ausencia del fiscal general ante la Casación en la audiencia de la semana pasada.

La minoría en este fallo la integró el juez Slokar, quien se pronunció sostuvo que lo decidido por el tribunal oral "involucra medidas ordenatorias del debate que –por vía de principio- resultan exclusivas del órgano de juicio”.

Recordó en ese sentido que, desde siempre la propia Cámara de Casación, manifiesta que “por tratarse de un acto de dirección del proceso, la decisión atacada no es susceptible de ser impugnada por vía casatoria”.

En esa dirección, el camarista añadió en sus argumentos que los planteos del fiscal Velasco como de la UIF, cuestionan la fórmula seleccionada por el órgano de juicio, "quien ejerció sus facultades propias para ordenar el debate oral y público, la revisión por parte de esta alzada podría implicar, en los términos propuestos, una exorbitancia competencial”.

Finalmente, concluyó que: “sin perjuicio de encomendarse celeridad y mantenimiento del buen orden procesal para la eficaz prestación del servicio de justicia, el reclamo no puede ser de recibo”, y recordó que se debe "resguardar la independencia judicial en su dimensión interna o vertical”.

El Tribunal de juicio, había sostenido entre sus argumentos para dividir los juicios, que Hotesur y Los Sauces conservan objetos procesales diferentes y que cada acusación puede ser comprendida, probada y decidida de manera autónoma.

Esa premisa fue calificada de “falsa” por parte de la fiscalía. “Esa afirmación no contempla suficientemente las conexiones existentes entre las maniobras investigadas”.

De los requerimientos de elevación a juicio surge que ambas acusaciones describen un “mismo mecanismo, consistente en canalizar hacia el patrimonio de un mismo grupo familiar fondos que se afirman provenientes de la defraudación al Estado Nacional en la obra pública vial de Santa Cruz, por medio de sociedades del Grupo Báez y bajo la apariencia de contratos comerciales”.

En Los Sauces ese mecanismo concurre con otro, alimentado por empresas del Grupo Indalo, que no se investiga en Hotesur.

Las coincidencias entre ambos procesos fueron detalladas: doce de los diecinueve imputados de Hotesur son también acusados en Los Sauces: Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Martín Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Leandro Albornoz, Romina Mercado, Emilio Martín, Martín Jacobs y Leiva.

Según el requerimiento de Los Sauces, las firmas de Lázaro Báez canalizaron hacia esa sociedad $6.851.650,97 —el 23 % de su facturación entre enero de 2009 y marzo de 2016— a través de Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Austral Construcciones y Valle Mitre. Tres de esas firmas —Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto y Austral Construcciones— son las que, según los hechos investigado en Hotesur, fondearon a la firma de Báez Valle Mitre para sostener la explotación hotelera.

Al continuar con ese detalle, se señaló que la cuarta es la propia Valle Mitre, que aportó a Los Sauces $2.836.724 de ese total. En suma, la sociedad que constituye el eje de la imputación de Hotesur es, a la vez, una de las aportantes de Los Sauces.

En tercer lugar, se destacó como dato decisivo, Valle Mitre —"eje de la imputación de “Hotesur”— es locataria de Los Sauces”.

Las acusaciones del caso Hotesur exponen que, mediante el hotel La Aldea perteneciente a Los Sauces, Valle Mitre garantizó a la ex familia presidencial un flujo de $2.836.724 entre junio de 2009 y mayo de 2013, y agrega en forma expresa que todo ello “ha formado parte de la acusación formulada en la causa conexa 32/16, la que se encuentra en etapa de juicio oral y público”.

En conclusión: “El mismo hecho, el mismo vehículo societario y el mismo dinero integran ambas acusaciones”. Difícilmente, expresó el Ministerio Público, "pueda sostenerse que las coincidencias probatorias son parciales cuando un expediente se nutre documentalmente del otro".

A estos argumentos, le dio la razón la Cámara de Casación este martes, con un voto dividido.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]

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