Paro del subte: Jorge Macri habla de “orden” y los gremios advierten que la medida continuará hasta que liberen a los metrodelegados

En junio, el Gobierno porteño firmó un decreto para que ninguna medida de fuerza dejara a la Ciudad sin subte. Este martes, en el primer conflicto de magnitud desde entonces, las seis líneas y el Premetro quedaron completamente paralizados, con delegados gremiales detenidos y una intimación oficial para restablecer el servicio mínimo que finalmente se levantó a las 16.

El episodio empezó temprano en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B en Villa Urquiza. Según el comunicado oficial de la Ciudad, el metrodelegado Sebastián Carrizo, empleado de Emova, abrió una puerta de emergencia para que los pasajeros pasaran sin pagar, en protesta por una sanción aplicada a otro trabajador. Tras la denuncia, la Unidad Fiscal Norte, a cargo de Natalia Pla, ordenó su detención por desobediencia. Cuando la policía intentó concretarla, según la versión oficial, los delegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia entorpecieron el procedimiento y bajaron con Carrizo a los andenes. Carrizo se atrincheró en una oficina; Dellecarbonara y Heredia fueron detenidos y trasladados al Centro de Admisión y Derivación Norte, en Chacarita.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) denunció una "detención arbitraria", sostuvo que la apertura de molinetes era una medida pacífica ante "la falta de diálogo con la empresa" y anunció que no habría servicio hasta la liberación de sus compañeros. Desde cerca de las 10, Emova confirmó la interrupción total. Más tarde, la Ciudad informó la detención del secretario general del sindicato, Néstor Segovia, a quien acusó de agredir a la policía. Segovia es uno de los firmantes del comunicado que convocó al paro y fue liberado a las 13. Pasadas als 15 fueron liberados Dellecarbonara y Heredia.

El trasfondo fue el decreto 230/26, firmado por Jorge Macri a fines de junio. La norma obliga a garantizar, ante cualquier medida de fuerza, una cobertura mínima del 50% en cada línea de subte y del Premetro, al calificar la actividad como de "importancia trascendental" según el artículo 24 de la ley 25.877. El Gobierno porteño lo presenta como la declaración del subte como servicio esencial. Los gremios lo rechazaron desde el primer día por considerar que limita el derecho a huelga, y legisladores de izquierda presentaron en la Legislatura un proyecto para derogarlo. La jornada de este martes funciona, en los hechos, como la primera prueba concreta de la norma.

Pasado el mediodía, la Ciudad activó ese mecanismo. La Secretaría de Trabajo y Empleo porteña dictó la Resolución 1201/SECTE/26, que intima a garantizar la prestación de los servicios mínimos obligatorios previstos en el decreto 230/26. La medida exige asegurar una cobertura del 50% en cada línea y requiere a las partes adoptar e informar de manera inmediata las acciones necesarias para su cumplimiento. En su comunicado, el Gobierno porteño sostuvo que exige el cumplimiento de la normativa vigente y que prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio.

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Un elemento distinguió este conflicto de otros anteriores: la apertura de molinetes es una modalidad de protesta que los metrodelegados utilizan desde hace años, justamente porque no interrumpe el servicio. Esta vez, la respuesta llegó por la vía penal, con detenciones en flagrancia ordenadas por una fiscalía. "Están correctamente detenidos", dijo el secretario de Seguridad porteño, Maximiliano Piñeiro, quien agregó que los reclamos deben hacerse "por los canales que corresponden". Desde el gremio replican que esos canales no funcionaron: en la víspera, la AGTSyP ya se había declarado en estado de alerta por la contratación de tercerizadas para tareas de mantenimiento, que considera una violación del convenio colectivo.

Macri respaldó el procedimiento en X. "El que bloquea un servicio esencial va preso", escribió, acusó a los delegados de defender "sus curros" y cerró con "Ley y orden". El mensaje va en línea con la agenda de seguridad que el jefe de Gobierno viene planteando en los últimos meses.

Del lado sindical, las detenciones generaron rechazos que exceden al gremio del subte. La CGT exigió la liberación inmediata de Heredia y Dellecarbonara y recordó que protestar y hacer huelga son derechos constitucionales. Desde la izquierda ya habían ratificado a PERFIL que la medida se mantendría hasta las liberaciones.

Dellecarbonara no es un dirigente más: es un militante del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la fuerza que tiene a Myriam Bregman a la cabeza. Si bien integra mesas de conversación con autoridades, es un dirigente de los intransigentes, que sabe ir a fondo. De hecho, lideró las protestas y denuncias por el mantenimiento y el estado de las formaciones. Siempre mencionó que hubo asbesto en los vagones que perjudicaron la salud de los trabajadores.

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Por la mañana también sumó presión la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Se trata del órgano que nuclea a los principales gremios de transporte del país y que tiene entre sus filas a la AGSTyP. Había anunciado una conferencia a las 15 para mostrarse en estado de alerta permanente.