Estados Unidos propuso disolver el comité de la ONU en el que la Argentina sostiene su reclamo por las Malvinas
WASHINGTON.- Mientras el gobierno de Javier Milei avanza en su estrategia en distintos frentes por el reclamo sobre las Malvinas y para frenar la explotación petrolera en las islas, Estados Unidos, principal aliado internacional de la Casa Rosada, propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, que cada año, desde la resolución 20 de 1965, insta a la Argentina y al Reino Unido a sentarse a negociar para encontrar una solución a la disputa por la soberanía del archipiélago.
De acuerdo a una resolución publicada el jueves pasado por el organismo multilateral con sede en Nueva York, la representante norteamericana Tammy Bruce “solicitó la finalización del mandato de dicha comisión y calificó algunas de sus actividades como un despilfarro de recursos”.
“Al inicio de la reunión, la representante de Estados Unidos también afirmó que el Comité Especial de Descolonización ‘dejó de cumplir su propósito original’. Si bien más de 80 antiguas colonias se han incorporado a la ONU como Estados miembros, dicho Comité ‘opera como si nada hubiera cambiado’, revisando los mismos textos cada año, señaló. Esto, así como ‘los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur’, representan un desperdicio de tiempo y recursos de la ONU, subrayó la representante”, señala la resolución publicada el 15 de octubre. No hubo mención a las Malvinas en ese texto.
El Comité Especial de Descolonización de la ONU, también llamado C-24) es un órgano subsidiario de la Asamblea General de las Naciones Unidas creado en 1961 para supervisar e impulsar el fin del colonialismo. En ese foro, la Argentina presenta cada año su reclamo a Gran Bretaña para retomar las negociaciones.
El Reino Unido administra 10 de los 17 territorios no autónomos —entre ellos las Malvinas— que los 29 Estados miembros del C-24 tratan en sus encuentros.
“Como se recoge en la Declaración de 1970 sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad, los pueblos de un territorio no autónomo pueden optar válidamente por la libre asociación, la integración con el Estado administrador o cualquier otro estatus político, siempre que lo determinen libremente. El Comité Especial no debería arrogarse la representación de estos pueblos ni intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano y en sus relaciones con los territorios no autónomos”, señaló en su intervención Bruce, embajadora adjunta de Estados Unidos ante las Naciones Unidas desde diciembre de 2025.
Al ser consultado este lunes en Casa Rosada sobre el asunto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que “está en análisis” dentro del Gobierno. “Es algo de lo que hablará seguramente el canciller”, dijo, en referencia a Pablo Quirno.
Según la resolución GA/SPD/841, la representante del gobierno de Donald Trump notó que en 1953 la Asamblea General eliminó a Puerto Rico de la lista de territorios no autónomos, pero que el Comité Especial celebra audiencias anualmente sobre Puerto Rico, un Estado Libre Asociado.
“Los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos en campañas políticas de otros gobiernos”, afirmó Bruce, al pedir el fin del mandato del Comité Especial. El planteo de la exvocera del Departamento de Estado se hizo en la Cuarta Comisión de la ONU, que aprobó más de 20 proyectos sobre descolonización.
En junio pasado, durante la reunión anual del Comité Especial de Descolonización de la ONU, Quirno denunció la “militarización” y “explotación unilateral de los recursos naturales” de las Malvinas por parte del Reino Unido, y renovó el llamado a las autoridades británicas para retomar el diálogo directo por la soberanía de las islas.
La propuesta de Estados Unidos, que solo podría ser adoptada por la Asamblea General, se produce en un momento de máxima tensión entre la Argentina y el Reino Unido luego de la presentación del Gobierno ante el Tribunal del Mar de Hamburgo de una solicitud formal de medidas para intentar detener el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las Malvinas, y la dura respuesta británica, que incluyó el aval explícito a las tareas de esas mismas empresas.
En tanto, según publicó LA NACION, compañías de origen estadounidense hicieron llegar su preocupación al Gobierno por los alcances de la Ley de Soberanía que envió al Congreso, que incluye una serie de sanciones para las empresas que brinden algún tipo de prestación vinculada a la explotación petrolera en las aguas que rodean las islas. Plantearon sus inquietudes por la laxitud de la redacción de los artículos que establecen las acciones factibles de sanción y que la norma sea más restrictiva al momento de definir qué empresas podrían ser punibles.
En su última presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei hizo una encendida defensa del reclamo argentino por la soberanía sobre las Malvinas, con duras críticas a la ONU, organismo al que acusó de “inútil” y de haber decidido “mirar hacia otro lado con la causa” de las islas, y llamó “una vez más al Reino Unido a dialogar para encontrar una solución pacífica” y debatir sobre la explotación de los recursos naturales en la zona en disputa.
El Gobierno, que mantiene un contacto fluido con la administración republicana, hizo un fuerte avance en su estrategia sobre Malvinas en parte impulsado por distintas declaraciones públicas de Trump, entre ellas que evaluaba revisar la neutralidad histórica de Estados Unidos sobre la soberanía del archipiélago. Incluso se ofreció como un eventual mediador.
Sin embargo, desde el encuentro cara a cara que el presidente norteamericano tuvo en Nueva York con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el que dialogaron sobre las Malvinas, no hubo nuevos pronunciamientos del magnate al respecto.
Bajo la administración de Milei, la Argentina ha mantenido un marcado alineamiento con Estados Unidos e Israel -el otro principal socio internacional del Gobierno- en varias votaciones en la ONU.
El mes pasado, Milei conversó en persona en Nueva York con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el viernes mantuvo un diálogo telefónico con el jefe de la diplomacia norteamericana en el que “reafirmaron la solidez de la asociación” entre Estados Unidos y la Argentina. No trascendió si dialogaron sobre la situación de las Malvinas y la estrategia del Gobierno.
La conversación se produjo en la previa a la llegada a Buenos Aires esta semana del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental,Juan Pablo Segura, hijo de argentinos y con un rol clave en el vínculo de la administración Trump con la región, para promover una ambiciosa iniciativa de infraestructura con inversión norteamericana. Además, se espera que el vicepresidente JD Vance visite la Argentina en noviembre.
Bajo la administración Trump, Estados Unidos impulsa una estrategia de recortes financieros y de personal en la ONU, utilizando su peso como principal contribuyente para forzar una reforma radical en la institución, en momentos en que está abierto el proceso de elección para suceder al actual secretario general del organismo, el portugués António Guterres.
Uno de los principales aspirantes, aún en carrera, es el diplomático argentino Rafael Grossi. La candidatura del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) fue impulsada por la administración de Milei.
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