La Justicia Federal también tiene que rendir cuentas

El comienzo del jury contra Gastón Salmain vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que Rosario no puede esquivar: qué Justicia Federal necesita una ciudad que durante años sufrió las consecuencias del avance del crimen organizado y qué sucede cuando un juez queda bajo investigación por su propia actuación.

Salmain es titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario y desde el 6 de octubre enfrenta un jury por mal desempeño. Se lo investiga por hechos de corrupción gravísimos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre otras cosas, por favorecer a un grupo financiero para que pudiera comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en pleno cepo cambiario, y transferirlos luego a cuentas del exterior, a cambio de una coima.

También se le cuestiona haber omitido contar que había sido cesanteado del Poder Judicial por una causa de corrupción. Cosa que volvió a repetir durante el jury. Salmain sigue sin recordar el motivo de aquella cesantía.

A esto se suma la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la que se investiga un presunto intento de beneficiar a Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP, quien también fue investigado en causas vinculadas a corrupción.

Son hechos de enorme gravedad. Se trata de un juez con prisión preventiva, prohibición de salir del país e imputado en distintas causas. La pregunta es inevitable: ¿cómo puede ser que alguien sometido a semejantes cuestionamientos haya seguido, hasta hace tan poco tiempo, tomando decisiones que afectan la libertad, el patrimonio y los derechos de otras personas?

También existe el antecedente de Marcelo Bailaque. Un exjuez federal de Rosario que está siendo investigado por causas de corrupción y por no investigar a Esteban Alvarado, uno de los principales narcotraficantes del país. En junio de 2025, presentó su renuncia para no ser destituido y el Poder Ejecutivo la aceptó.

Bailaque y Salmain no son el mismo caso ni corresponde ponerlos en el mismo lugar. Pero ambos se inscriben en una lógica institucional de la Justicia Federal de Santa Fe atravesada durante años por hechos de corrupción que hoy comienzan a desentrañarse.

Hay una cuestión que los conecta: la necesidad de que quienes tienen el poder de decidir sobre la libertad, el patrimonio y los derechos de otras personas también estén sometidos a controles efectivos.

Rosario conoce demasiado bien el costo de una Justicia Federal que llega tarde o que queda atravesada por sospechas sobre algunos de sus integrantes. Durante años, mientras el crimen organizado avanzaba, miró para otro lado y fue la Justicia provincial quien tuvo que avanzar sola en muchas investigaciones. Por eso es necesario construir respuestas para que esa historia no se repita.

Por eso el jury a Salmain importa. No para convertirlo en un espectáculo, sino para demostrar que las instituciones pueden investigar a quienes las integran y que nadie que tenga la responsabilidad de impartir justicia está por encima de la ley.

Necesitamos una Justicia Federal fuerte e independiente. Por eso es necesario discutir no solo los casos concretos, sino también los mecanismos de designación y remoción de magistrados y la existencia de controles efectivos.

No podemos permitir que la desconfianza en quienes deben impartir justicia sea otra parte de esa historia.