Estados Unidos presiona al Gobierno y reclama que la Ley Malvinas no afecte a sus empresas

Los casi veinte viajes de Javier Milei a los Estados Unidos, la última recepción que le ofreció Washington esta semana y los proyectos de inversiones para la Argentina que se desarrollan en la capital norteamericana, son el termómetro que sube al ritmo del boom del sector energético argentino. Ese creciente atractivo convive con dos preocupaciones desde la administración republicana: la elección del 2027 y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

La principal inquietud transmitida desde la Casa Blanca no es la intensificación del reclamo de Buenos Aires a Londres por la soberanía del Atlántico Sur; es el contenido de la denominada Ley Malvinas, que agrava las sanciones para las empresas que operen en las islas.

Las penalidades propuestas en el proyecto oficialista alcanzan no solo a las firmas que operan en Malvinas sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas. Solo a modo de ejemplo, si un poderoso fondo de inversión como BlackRock, con sede en Nueva York, tiene inversiones en una empresa que opera en el Atlántico Sur, puede ser sancionado con multas millonarias. ¿Será sólo un ejemplo?

En distintos despachos gubernamentales en Washington DC se explicita el reclamo para proteger a las empresas norteamericanas. "Vemos que la ley va a afectar a empresas de Estados Unidos, estamos en contacto con ellas y han recibido notificaciones. Nuestro interés es que no sean afectadas", señalan. Algunos funcionarios estadounidenses redoblan la apuesta y advierten que "eso puede crear una barrera para el mercado en materia comercial e inversiones".

Muy posiblemente -nadie lo confirma oficialmente- ese sea uno de los temas clave de la agenda que abordarán en su visita a la Argentina en las próximas semanas los dos funcionarios del Departamento de Estado que conduce Marco Rubio -él mismo se lo comunicó a Milei- como el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario de Estados para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

Desde hace varios días, sigilosamente, ha habido intercambios al más alto nivel con funcionarios norteamericanos. La Casa Blanca habría transmitido al Gobierno su deseo de trabajar sobre dos ejes para desandar "el malentendido". El primero, que considera óptimo, es congelar el proyecto y que no se convierta en ley. La segunda opción es modificarlo, limitando el alcance de las sanciones, de manera que las empresas norteamericanas queden exentas. Aunque implicaría un costo político para la Casa Rosada que está subida hace unos meses al tema Malvinas.

Este asunto habría generado una grieta interna en el gabinete libertario, entre los que cuestionan no haber tenido en cuenta este aspecto con un socio clave y que advierten sobre el costo de modificarlo, y los que pretenden borrarlo de un plumazo para enviar un claro mensaje a Trump.

Respecto de la cuestión Malvinas, la posición de EE.UU. es más clara. Pese a las insinuaciones de Trump, antes y durante la reunión con el premier británico Andy Burnham en Naciones Unidas, la posición de neutralidad sigue firme y no hay, siquiera, un atisbo de intervención o mediación del líder republicano, pese a que también fue algo que deslizó.

Un especialista en las aventuras trumpistas señala que no hay que soslayar en esta trama malvinera el estrecho vínculo personal que une a Trump con la realeza británica y, en particular, con el Rey Carlos III. Una relación distinta a la que tiene con el premier.

Trump fue el único mandatario que realizó dos visitas de Estado a Gran Bretaña. Y en la última visita de Carlos III a Estados Unidos, el republicano, poco afecto a los elogios, lanzó: “A lo largo de las generaciones, los guerreros británicos y estadounidenses han derramado su sangre hombro con hombro en defensa de la libertad. Por eso es tan imperativo que Estados Unidos y el Reino Unido se mantengan unidos en defensa de estos derechos y valores fundamentales del mundo angloparlante”. Fue hace apenas seis meses. ¿Cómo reaccionaría Trump ante un llamado del Rey pidiendo su apoyo en la cuestión Malvinas?

La definición mordaz de “relaciones carnales” del gobierno de Carlos Menem con Estados Unidos describe aquél alineamiento automático tras la caída del Muro de Berlín y la ejecución de las políticas liberales diseñadas por el economista John Williamson, que dieron paso al Consenso de Washington como exigencia para todos los países aliados. El vínculo bilateral de Milei con Trump es distinto.

En los ’90 las acciones del gobierno de Estados Unidos -primero el republicano George Bush padre y luego el demócrata Bill Clinton- se focalizaron en las privatizaciones, desactivar el plan misilístico Cóndor II, aprobar una ley de patentes medicinales -que todavía hoy se discute-, e incrementar la aviación comercial, blindando de seguridad jurídica a las empresas norteamericanas. En cambio hoy, la guerra comercial entre EE.UU. y China hace virar a la administración republicana hacia la Argentina, con la idea de estar primero en la lista en la obtención de recursos claves: gas, petróleo, litio, minerales críticos y alimentos.

Si bien el filtro de Trump para elegir a sus aliados deja pasar solo a quienes van en línea con sus intereses externos de liberalización de la economía -aunque utilice el proteccionismo a nivel interno-, la Argentina de Milei se ha convertido en una suerte de experimento político para los organismos con sede en Washington. Incluso, el libertario es catalogado como su principal referente en la región: fue él quien se adelantó a respaldar a Flavio Bolsonaro cuando estaba debajo en las encuestas; algo similar había hecho con el propio Trump previó a su triunfo ante Kamala Harris.

El anuncio del Corredor Andes-Atlántico con una inversión de unos 6 o 7 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura vial, marítima y ferroviaria, con el fin de agilizar el traslado de los recursos de minerales, petróleo y gas hacia los puertos -en Argentina o vía Pacífico en Chile-, es apenas uno de los varios anuncios que habrá por parte de EE.UU para la Argentina.

Hay unos 20 proyectos de empresas norteamericanas para la Argentina, que encierran varios miles de millones de dólares más y están siendo evaluados por la administración norteamericana para dar luz próximamente. El objetivo es el sector energético pero también trenes -la privatización del Belgrano Cargas- y puertos, además de un marco de desarrollo digital.

Esos anuncios son parte del plan de ayuda de Estados Unidos para la reelección de Milei. Ante la urgencia de la Casa Rosada de anticipar la discusión electoral, la Casa Blanca ha decidido acelerar todos los anuncios de inversión, y dejar estratégicamente otros para el año que viene, con la idea de que impacten en plena campaña 2027.

En Washington se percibe a cada paso la orden política de trabajar para garantizar por segunda vez un triunfo electoral de Milei, como lo hiciera en los comicios legislativos del 2025, cuando en un hecho inédito intervino en el mercado financiero local con la compra de pesos a través de un swap de US$ 20 mil millones, para evitar una corrida tras la derrota en los comicios bonaerenses.

El secretario de Tesoro, Scott Bessent, dio a entender días atrás que podría volver a hacerlo en 2027 si así lo requiriera. Algunos sectores de la banca estadounidense como el Citibank, en distintas reuniones -algunas con funcionarios argentinos-, han diagnosticado que en 2027 no sería necesario repetir el salvataje. "Es un tema que está en discusión. Queremos hacer todo lo posible para favorecer a Milei. Estamos discutiendo y no se si será la ayuda bajo el mismo esquema", describe un miembro de la administración estadounidense,

Aunque una discusión fluye entre los funcionarios de distintas áreas del gobierno norteamericano: en ese caso, deberían utilizar el mismo mecanismo o recurrir a otros. Pero más allá de los matices, la decisión está.

El monitoreo de la elección argentina desde la Casa Blanca es amplio. Es reconocido que el Talón de Aquiles del gobierno de Milei es la situación de la microeconomía; las restricciones que sufre un segmento social y productivo con la liberación de las importaciones, la pérdida del salario, la precarización del empleo y la transferencia del privado al negro.

Hubo en las últimas visitas de Milei a Estados Unidos, contactos cruzados entre funcionarios locales y argentinos en Washington y en Buenos Aires, intercambios de mensajes subrayando la necesidad de mejorar la situación de la microeconomía para aumentar las chances electorales. Algo que el ministro de Economía, Luis Caputo, ya viene planteando. ¿Habrá intervenido el embajador Peter Lamelas?

El debate persiste en el seno del Gobierno. En público, solo Patricia Bullrich ha manifestado cuestionamientos. Pero la discusión divide al gabinete. Hay quienes consideran -y lo han manifestado en cónclaves en tierra estadounidense- que a la estabilidad cambiaria, el control de las calles y la baja de la inflación habría que sumarle un regreso moderado de la obra pública, del crédito para las personas y alguna mejora de los salarios, con más énfasis en el ingreso disponible. El problema del debate reside en que el principal defensor del programa, que no quiere ceder un ápice es Milei. Aferrado al dogmatismo, que hasta ahora le ha dado resultados.

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