Deudas familiares y urbanización de villas, la agenda del peronismo porteño para rivalizar con el PRO y La Libertad Avanza
Fuerza Buenos Aires busca ganar terreno en la Legislatura con una batería de proyectos que apuntan a aliviar la situación económica y social de la clase media y los sectores populares. Las propuestas rivalizan con el oficialismo y los libertarios y marcan el pulso de lo que será el 2027.
El bloque peronista empuja un proyecto de los vecinos para urbanizar el barrio La Carbonilla.
El bloque de Fuerza Buenos Aires mueve las fichas en la Legislatura porteña y avanza en el tablero para lograr el tratamiento de una serie de proyectos con los que apunta a rivalizar con la agenda del PRO y de La Libertad Avanza. Las iniciativas concentran la atención en dos temáticas: el desendeudamiento familiar y la urbanización de barrios populares. El peronismo pone la mira en la clase media y en los sectores vulnerables, actores centrales en la pelea por el 2027.
La crisis de deuda que afecta a los vecinos de CABA tuvo un primer capítulo en Perú 160 con la aprobación por amplia mayoría del Programa de Desendeudamiento Familiar a mitad de junio, iniciativa del peronista Leandro Santoro que permite refinanciar moras con tarjetas y préstamos con bancos a una tasa fija y en plazos desde 24 meses, con el objetivo de aliviar el bolsillo del porteño.
Un informe de la Universidad Austral elaborado junto a la consultora EcoGo reveló que la tasa de morosidad en CABA alcanzó en agosto el 12,5%. Según el Centro de Economía Política Argentina un 8,7% fue contraído con entidades bancarias y un 29,3% pertenece a billeteras virtuales. La mora promedio asciende a $4.160.753 y el 68% afirma que la contrajo para comprar alimentos, medicamentos o pagar servicios.
Frente a esa situación, la bancada que conduce Claudia Neira trabaja sobre una batería de iniciativas que proponen soluciones a la misma problemática, pero desde diferentes flancos.
Al problema económico y financiero que genera en las familias la dificultad para pagar un crédito -al que las entidades le añaden intereses que en muchos casos rozan la usura- se le suman los reclamos fuera de día y de horario de las empresas de cobranzas que compran la deuda para hacer una ganancia con la desesperación y el temor del endeudado.
Llamadas a cualquier hora y de teléfonos no registrados, audios y mensajes de texto intimidantes y amenazadores, e incluso intentos de contacto en lugares de trabajo, son algunos de los mecanismos utilizados por los agentes de cobranzas extrajudiciales para presionar a las personas para que abonen las deudas.
Lejos de lograr su objetivo, generan un grave perjuicio en la salud mental de los endeudados, que además de verse ante la difícil situación de tener que cubrir una deuda que crece cada hora al calor de los intereses, también tienen que sufrir consecuencias indeseadas por la laxitud de las regulaciones.
Para hacer frente a la situación, Santoro presentó un proyecto que propone modificar la Ley 6171 de Regulación de la Cobranza Extrajudicial que abarca a las agencias mandatarias, la gestión directa efectuada por los acreedores a través de sus dependencias y el uso de sistemas algorítmicos e inteligencia artificial en los procedimientos de cobro.
El legislador justificó la modificación al señalar que la ley vigente no incluye a las dependencias de cobranza que las entidades bancarias, financieras y comerciales operan con personal propio y que, además, omite la obligatoriedad de licencias de funcionamiento, constitución de cauciones patrimoniales o la auditoría técnica de los modelos automatizados de contacto.
Entre los cambios que propone Santoro se encuentran restringir los llamados y mensajes exclusivamente a días y horarios hábiles diurnos. También prohíbe que el acreedor se comunique con terceras personas -sean familiares, contactos cercanos u otros- que no sean las firmantes de la deuda y crea el Registro de Cobranza Extrajudicial, el Registro de Cobranza Interna y el Registro de Infractores.
La audiencia pública sobre la regulación de las agencias de cobranzas extrajudiciales reunió cerca de 300 personas que contaron sus experiencias y denunciaron prácticas de hostigamiento.
El mes pasado se llevó a cabo una audiencia pública convocada por el legislador en la que participaron unas 300 personas afectadas. "La situación hoy es verdaderamente extrema. No estamos hablando solamente de llamados molestos a altas horas de la noche. Estamos hablando de un nivel de hostigamiento nunca antes visto", dijo.
Entre los testimonios que pasaron por la Legislatura, Erika relató la historia de su hermana Camila, de 23 años, que decidió terminar con su vida luego de recibir constantes amenazas de parte de una persona que afirmaba ser abogado y que aseguraba que le iba a embargar los bienes a su padre si no pagaba. "El audio era sumamente violento y amenazante", dijo y contó que hacía referencia a una deuda que su hermana tenía con una empresa.
"Cuando lo escuché, entendí que no se trataba de un abogado ni de un embargo. Se trataba de miedo, depresión y de violencia psicológica", afirmó respecto a la combinación de factores con los que los agentes presionan para lograr su cometido. "Son personas que se hacen pasar por abogados, amenazan y buscan generar terror. En los casos más extremos, las consecuencias pueden ser irreversibles, como la de mi hermana", prosiguió.
Camila -dijo la mujer- representa una realidad que viven muchas personas que no tiene un trabajo estable, que están endeudados, que sienten vergüenza por la situación en la que se encuentran y que sufren el miedo de creer que es un problema sin solución ni salida, un combo sobre el que intentan sacar ventaja las compañías de cobranzas.
La problemática se encuadra dentro de una sociedad asfixiada por las dificultades económicas y también afectada por un grave problema de salud mental. Por eso, para Erika es necesario introducir modificaciones a la ley "para luchar contra estos abusos" y evitar que se repitan casos como el de su hermana.
De la audiencia participaron representantes del oficialismo, entre ellos, la jefa de la bancada, Silvia Lospennato, que escuchó atentamente las presentaciones de las personas afectadas. La secundó el legislador Pablo Donati, que impulsa un proyecto propio de protección del usuarios de servicios financieros digitales y prevención del sobreendeudamiento, que incluye un apartado contra las prácticas abusivas de las empresas de cobranzas.
En el peronismo también trabajan en prevenir que una situación de endeudamiento llegue a provocar consecuencias irreversibles. El legislador Federico Mochi presentó un proyecto que propone garantizar el acceso a la justicia y brindarle asistencia técnica, interdisciplinaria (con abogados, trabajadores sociales, psicólogos y profesionales de ciencias económicas) y acompañamiento jurídico gratuito a quienes atraviesan una situación de sobreendeudamiento.
El texto crear la Oficina de Protección y Alivio Financiero al Consumidor Sobreendeudado que, en caso de aprobarse, se encargaría de revisar caso por caso la situación de cada persona y, entre otros puntos, elaborar planes de reestructuración para sacar al endeudado de la asfixiante condición.
El organismo deberá asegurar que la cuota "preferentemente no supere el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos netos del deudor" y que la liquidación no capitalice intereses vencidos. Tras el asesoramiento y luego de la intervención del Estado, el endeudado debería poder arribar a un acuerdo extrajudicial "viables y sostenibles".
Del expediente se desprende que podrán pedir asistencia aquellas personas que tengan deudas que comprometan más del 30% de sus ingresos. En caso de aprobarse, se habilitará para quienes residan en CABA y perciban ingresos mensuales que no superen los cinco Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) por grupo familiar. El valor se elevará a siete SMVM en hogares monoparentales o integrados por personas con discapacidad, adultos mayores o niños, niñas y adolescentes a cargo.
Entre sus tareas, la Oficina también se encargará de asistir a la persona en la formulación de denuncia y medidas contra el hostigamiento, cuando se logre determinar la existencia de infracciones. Y deberá elaborar un Informe Técnico de Sobreendeudamiento que contendrá el análisis integral de la situación financiera del consumidor, la revisión de intereses, comisiones y costos aplicados, la identificación de probables cláusulas abusivas y el contexto psicosocial del consultante.
El expediente tuvo giros a las comisiones de Defensa del Consumidor, Comunicación y Presupuesto y Hacienda.
La legisladora peronista Andrea Mariana González, militante de Patria Grande, también presentó un texto que propone declarar la emergencia en materia crediticia de las familias de CABA por dos años para poner en marcha medidas "excepcionales" que alivien la situación de sobreendeudamiento y permitan restablecer "condiciones más sostenibles en el mercado de crédito al consumo".
La propuesta impulsa la creación del Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Porteñas (RED-CABA) y del Fondo del Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias Porteñas, que podrá adquirir, auditar y reestructurar las deudas familiares.
El régimen propone realizar "auditorías integrales" de las deudas para verificar su legalidad, determinar las tasas aplicadas y evaluar si hubo o no cargos indebidos o cláusulas abusivas. Una vez concluido el proceso se determinará el monto del capital, base sobre la cual se podrán formular "ofertas de adquisición".
Una vez adquirida la deuda por parte del fondo fiduciario, el endeudado podrá pedir que se conforme un plan de pagos mensual para cancelarlo "bajo condiciones compatibles con sus ingresos". Como particularidad, el régimen habilita la posibilidad de consolidar diferentes deudas en una sola obligación con el fondo del RED CABA.
"Mediante el régimen propuesto, esas deudas podrán reorganizarse en un único plan de pagos, con una sola cuota mensual y condiciones claras, lo que facilitará el cumplimiento de las obligaciones y permitirá ordenar la situación financiera de los hogares", explicó González.
Las propuestas del peronismo no se agotan en la situación financiera de aquellos que adquieren deudas con entidades bancarias, sino que también apunta a resolver el sobreendeudamiento de los sectores populares de la Ciudad que, según afirma el legislador Alejandro "Pitu" Salvatierra, abarca también a las contraídas con billeteras virtuales, prestamistas informales o entidades que se encuentran fuera del sistema financiero tradicional.
La propuesta impulsa el otorgamiento de créditos "a tasa subsidiada a personas humanas en situación de sobreendeudamiento" para que puedan cancelar, en su totalidad o de manera parcial, la mora. Contempla también la implementación de herramientas de formación financiera y acompañamiento comunitario. El Programa se instrumentará a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social (FONDES).
La tasa del crédito deberá estar por debajo de la otorgada por el Banco Ciudad para plazos fijos en pesos y a 30 días a personas humanas. Incluye además un período de gracia de seis meses desde el desembolso, tiempo durante el cual la persona "no paga cuotas de capital ni de interés".
Para el legislador del PJ porteño, la crisis de deuda que afecta a las familias y las dificultades que presenta la economía misma ha generado que las personas queden atrapadas "en un ciclo de refinanciación permanente" que, en muchos casos, deriva en la retención de salarios, jubilaciones o ingresos sociales por parte de los bancos o billeteras virtuales o, incluso, en el bloqueo de acceso a las plataformas.
"Este escenario se agrava en los barrios populares, donde operan los prestamistas informales que no quedan registrados en las estadísticas", afirmó y agregó que se trata de créditos a tasas de interés no reguladas que superan las formales y cuyos mecanismos de cobro "escapan a cualquier normativa" y se basa "en el hostigamiento constante y en el ejercicio de la violencia física y simbólica".
El nivel de endeudamiento alcanza al 40% en los barrios populares, según señala el proyecto, y además de impactar en la economía familiar de las personas, también trae consecuencias en la salud mental. Por eso Salvatierra manifestó que es necesaria una respuesta de parte del Estado. Por lo pronto, el expediente fue girado a la comisión de Presupuesto.
En el peronismo porteño conviven desde La Cámpora y el Nuevo Espacio de Participación (NEP) hasta el Frente Renovador, el Movimiento Derecho al Futuro, Movimiento Evita y Patria Grande, entre otras tribus justicialistas, pero las demandas y problemáticas de los barrios populares tienen, para todos y cada uno, un lugar preponderante.
Así se lo hicieron saber en las últimas semanas a los integrantes del barrio porteño La Carbonilla al dictaminar en las comisiones de Vivienda y Planteamiento Urbano un proyecto presentado por los mismos vecinos que promueve la urbanización del enclave ubicado en La Paternal.
La agenda choca con la decisión del Poder Ejecutivo. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, reordenó las prioridades y puso a la clase media como el actor central de sus medidas. Así, sacó del mapa a los sectores vulnerables al anunciar que no destinará más fondos para soluciones habitacionales en las villas porteñas.
"Yo no voy a seguir construyendo viviendas nuevas regaladas en las villas y asentamientos. No lo voy a hacer", dijo a principios de año y sus legisladores ratificaron esa postura al no firmar los dictámenes. "Nosotros en este momento queremos darle soluciones a la clase media. Por eso los recursos del Presupuesto destinados a vivienda van a ir al acceso al crédito hipotecario", reafirmó Laura Alonso en una entrevista con Ámbito.
La propuesta del PRO para los barrios populares es aplicar "Ley y Orden". En ese sentido, defienden los operativos de saturación que, según afirman, permitieron bajar 70% el delito desde 2023 en los asentamientos. Los vecinos valoran positivamente los despliegues de la Policía, destacan fuentes porteñas. Pero claro está que también piden ser integrados a la Ciudad mediante obras de infraestructura que les garanticen el acceso a servicios.
El dictamen que propone la integración socio-urbana de La Carbonilla camina en ese sentido. Además del peronismo, cuenta con el apoyo de legisladores de Confianza y Desarrollo, el bloque de Horacio Rodríguez Larreta, quien en el último tiempo se convirtió en el eje de las críticas macristas por su política de construcción de viviendas en villas porteñas durante 2015 y 2023.
El exjefe de Gobierno y las exministras Guadalupe Tagliaferri y María Migliore se cruzaron recientemente en redes sociales con la libertaria Pilar Ramírez por el mismo tema. Los violetas cuestionan el uso de fondos públicos en políticas de vivienda para sectores populares.
El peronismo usufructuó a su favor la pelea pública al impulsar el tratamiento del proyecto. El larretismo se sumó al convite en la comisión y acompañó el dictamen que corre del eje al oficialismo y a los libertarios y que, además, acompaña una política que supieron ejecutar. El bloque UCR/Ciudadanos Unidos se también acompaña el texto que ahora espera por su llegada al recinto.
El “Plan Integral de Reurbanización del Barrio La Carbonilla” será diseñado a partir de los lineamientos consensuados en la Mesa de Gestión en la que participarán vecinos, representantes del IVC, de la Legislatura, del Ministerio Público de la Defensa y de la Defensoría del Pueblo de CABA, entre otros
Entre los aspectos destacados del proyecto, proponen que las viviendas construidas sean declaradas inembargables. Para su construcción, las empresas y cooperativas adjudicatarias deberán contratar un mínimo de 30% de personas que habiten en el barrio o "hasta completar los inscriptos en la bolsa de trabajo por rubro o especialidad buscada". Esto permitirá que los propios beneficiarios estén involucrados en el desarrollo del plan y que, además, perciban ingresos que luego puedan ser destinados al pago de la vivienda.
El dictamen también insta al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) a garantizar el acceso al crédito con cuotas fijas y a una tasa de 0%. El vecino deberá afrontar el pago de la vivienda, siempre y cuando no comprometa su condición económica. Así, los montos de cada cuota no podrán superar el 20% de los ingresos de cada hogar y cada beneficiario tendrá un año de gracia.
El proyecto protege la posesión del vecino sobre la vivienda. Prohíbe al Gobierno porteño ejecutar las unidades "por ninguna razón". Incluso menciona que la falta de pago de los créditos no puede ser motivo para perder la casa. Tampoco podrá transferirse a terceros "ninguna deuda o hipoteca constituida a favor del GCBA por los habitantes del barrio".
El plan debe incluir la construcción de un jardín maternal, espacios para actividades comunitarias, un centro verde o similares y lugar de trabajo de los recicladores urbanos, actores históricos del barrio. También el emplazamiento de una sala de atención primaria de la salud, mejoras para la circulación del transporte, arbolado, recuperación del paseo lineal divisorio del tren; regularización del destacamento policial y un espacio comunitario.
A la iniciativa de La Carbonilla la acompañan otros tres proyectos de vecinos para reurbanizar el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (1-11-14) ubicado en el Bajo Flores, frente a la cancha de San Lorenzo. A principios de octubre se presentaron ante la comisión de Vivienda que preside la peronista Victoria Freire para defender las propuestas.
Plantearon, de igual manera que lo hicieron los vecinos del enclave de La Paternal, que la integración urbana, basada en el derecho a acceder a "un hábitat digno y adecuado", permitiría a sus habitantes superar las condiciones de vulnerabilidad social que sufren actualmente y lograr "una inclusión social, plena y permanente".
El barrio, que está a cuatro años de cumplir un siglo de historia, llevó en un principio el nombre de las tres villas que lo conformaban. Su denominación actual, en cambio, es un homenaje al cura que en los años más oscuros de la historia argentina, y en la antesala del Mundial 78, le puso un freno a los planes de la dictadura: con el cuerpo frenó a las topadoras que querían erradicar la villa y ocultar la miseria de los ojos del mundo.
Hoy sus más de 80 mil habitantes esperan que la Legislatura atienda el pedido y apruebe la reurbanización para ordenar la vida de miles de familias que ansían dejar atrás el hacinamiento cotidiano y sueñan con contar con acceso a la salud, educación, espacios verdes, transporte y seguridad.
Ante la comisión, Mario Laura Franco, delegado del barrio e impulsor de uno de los proyectos, explicó que su redacción se llevó a cabo tras años de debate entre los vecinos y con actores sociales y políticos, incluido el Estado porteño a través del IVC.
"En el 2000 obtuvimos la ley 403 que no fue cumplida", dijo sobre el Programa de Planeamiento y Gestión Participativo de la Villa 1-11-14 aprobado en aquel entonces pero que jamás se puso en marcha. "Luego en 2016 por primera vez nos contactamos con el IVC para armar un proyecto de ley. En 2018 hubo un censo. Este proyecto lo venimos trabajando durante mucho", añadió.
El objetivo, según dijo, es lograr que cada vecino pueda tener la escritura de la propiedad para poder cumplir con sus obligaciones. "Queremos pagar nuestros impuestos como corresponde. Queremos tener acceso al agua potable, a la cloaca, a la luz y a todo lo que nos falta", concluyó.
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