El Gobierno mostró superávit en septiembre y dijo que “cumplió” con la ley de financiamiento universitario

“Milei, cumplí la ley”. La frase dominó ayer las pancartas de la Quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de docentes, estudiantes y rectores frente al Congreso para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, el Ministerio de Economía dio a conocer el resultado fiscal de septiembre, y en su comunicado oficial dedicó un párrafo a las universidades.

Según el informe, las transferencias a las casas de estudio crecieron 42,4% interanual, un aumento que “refleja el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las universidades en el marco de la ley aprobada por el Congreso Nacional en 2025”. Descontada la inflación, que fue de 33,4% en los últimos 12 meses, según el Indec, la suba real fue de 6,7%. En septiembre, el Tesoro giró $538.772 millones a las universidades y en los primeros nueve meses del año alcanzó los $4,1 billones.

La suba interanual, sin embargo, se da sobre una base que ya venía en caída. Según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre el presupuesto ejecutado entre enero y septiembre de cada año, las universidades nacionales llevan tres años con el financiamiento por estudiante más bajo desde 2004. En 2026, los recursos por alumno suman $2,29 millones, a precios de septiembre de este año, un 30,2% menos que los $3,28 millones de 2023. El financiamiento total, en tanto, cayó 28,4% en el mismo período, y 55 de las 57 universidades nacionales registraron una baja real de sus fondos frente a 2023.

La discusión por el gasto llega en un momento en que el equilibrio de las cuentas públicas sigue siendo el ancla del programa económico y la base de la estabilidad, porque permitió terminar con la emisión monetaria y bajar la inflación, aunque de manera costosa. En septiembre, el Estado registró un superávit primario —es decir, antes del pago de la deuda— de $1,43 billones. Una vez descontados los intereses, por $450.467 millones, el resultado financiero fue positivo en $977.173 millones, un 137% más que un año atrás en términos reales.

En los primeros nueve meses del año, el fisco acumuló un superávit primario de $13,7 billones, equivalente a 1,2% del PBI, y uno financiero de $3,3 billones, cerca de 0,3% del producto. Ese acumulado incluye $1,04 billones por la venta de acciones de las centrales hidroeléctricas, un ingreso de única vez que equivale a casi un tercio del superávit financiero del período.

“Este resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue de casi $2,8 billones”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en X.

Sostener ese resultado, sin embargo, exige cada vez más esfuerzo del lado del gasto. En los últimos meses, los ingresos del Estado no lograron mejorar y perdieron contra la inflación, lo que obligó al fisco a ajustar más las erogaciones. En septiembre hubo un leve repunte. Los ingresos totales sumaron $15,9 billones y crecieron 36,5% interanual, lo que implica una suba real de 2,3%. Los recursos tributarios avanzaron 37,2%, 2,8% por encima de la inflación. El gasto primario, en tanto, llegó a $14,5 billones, con un alza nominal de 32,2% y una caída real de 0,9%.

El mayor recorte se dio en las transferencias corrientes, que subieron 17,1% nominal y cayeron 12,2% real, pese al aumento de las partidas universitarias. Las provincias, en cambio, fueron una excepción. En septiembre recibieron $312.949 millones en transferencias corrientes, un 65,6% más que un año atrás, lo que implica una suba real de 24,2%. Si se suman las transferencias de capital, los envíos a las provincias y la ciudad de Buenos Aires llegaron a $361.486 millones, con un aumento real de 28%.

Las prestaciones sociales —que incluyen jubilaciones, pensiones y asignaciones— son la principal partida del presupuesto. En septiembre sumaron $9,1 billones, el 63% del gasto primario, con una suba de 29% interanual, lo que significa una caída real de 3,3%. Dentro de ese rubro, las prestaciones de la seguridad social, donde están las jubilaciones y pensiones, demandaron $6,6 billones.

Los subsidios económicos llegaron a $1,26 billones, con un alza de 29,8%, 2,7 puntos por debajo de la inflación. Detrás de ese promedio, sin embargo, hay comportamientos opuestos. Los subsidios energéticos crecieron 44,1%, es decir, 8% en términos reales, porque el Gobierno decidió amortiguar el impacto en los usuarios residenciales del salto en el precio del gas por los conflictos en Medio Oriente.

El gasto de funcionamiento del Estado también se contrajo. Las remuneraciones de los empleados públicos sumaron $1,67 billones, con un aumento de 32,1%, 1 punto por debajo de la inflación. Entre salarios y compra de bienes y servicios, el funcionamiento de la administración demandó $2,4 billones en el mes. El gasto de capital, por su parte, fue de $561.025 millones, con una caída real de 13%, y se concentró en Defensa y en la reactivación de las obras del complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Cóndor Cliff.

Hacia adelante, el proyecto de Presupuesto 2027 estima que este año cerrará con un superávit primario de 1,3% del PBI y que esa pauta se replicará el año próximo. La meta queda por debajo de lo que pedía el FMI, que en su último staff report había diagramado para 2027 un superávit de entre 1,4% y 1,8% del PBI. Con ingresos que no logran despegar, alcanzar incluso la pauta oficial dependerá de que el gasto siga cayendo en términos reales, en un escenario en el que los reclamos por más fondos, como el de las universidades, se hacen cada vez más visibles.

© Copyright 2026 SA LA NACION | Todos los derechos reservados. Dirección Nacional del Derecho de Autor DNDA - EXPEDIENTE DNDA (renovación) RL-2023-95334553-APN-DNDA#MJ.Queda prohibida la reproducción total o parcial del presente diario.