La Justicia suspendió las multas al Gobierno por no aplicar la ley de Financiamiento Universitario
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso este jueves de manera provisoria la suspensión de la aplicación de multas diarias para el Gobierno por el incumplimiento de la cautelar vinculada con la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Así lo resolvieron los jueces Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán al hacer lugar a un recurso de queja que había presentado el Ministerio de Capital Humano.
Los magistrados dispusieron “conceder” la queja “en relación el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada con fecha 24 de septiembre de 2026, contra la providencia de fecha 22 de septiembre de 2026”, según el fallo al que accedió LA NACION.
El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, había resuelto el miércoles último, un día antes de la quinta Marcha Universitaria Federal, la aplicación de sanciones económicas diarias al jefe de Gabinete, Diego Santilli, del orden de $100.000 por día por no aplicar la norma.
La Cámara hizo lugar al recurso de queja de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y estableció que la causa debe tratarse en el juzgado de primera instancia, por lo que las multas económicas sobre la Jefatura de Gabinete quedan suspendidas mientras continúa el trámite.
Los magistrados aclararon que la resolución de este jueves no implica “adelantar opinión acerca del cabal cumplimiento o no de la medida cautelar”.
Los jueces señalaron además que el Gobierno aclaró en el recurso presentado que “se ha convocado a la paritaria trimestral” del sector, “conforme la cláusula quinta de la norma en análisis, tras la firma del acta acuerdo en junio pasado”.
“Y añade que, en dicha oportunidad, se propuso un incremento salarial del 3%, aplicables a los salarios básicos vigentes al 31 de agosto de 2026, con impacto en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre de 2026”.
La Justicia federal había intimado formalmente al gobierno de Javier Milei a acatar la cautelar que había sido ratificada por la Corte Suprema. A fines de septiembre, el juez Cormick ya había concluido que el Estado no acreditó el cumplimiento pleno de la medida cautelar vigente que obliga a actualizar salarios y becas universitarias, y había fijado un plazo máximo de cinco días para hacerlo.
Cormick señaló, además, que la decisión se adoptaba “en concordancia” con lo resuelto en la causa principal: la semana pasada, el juez había declarado la inconstitucionalidad del tramo del decreto 759/2025 mediante el cual el Gobierno había frenado la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego del rechazo al veto presidencial del año pasado.
El gobierno de Milei había promulgado formalmente la ley, pero nunca avanzó con su aplicación, lo que motivó las sucesivas marchas universitarias.
Al igual que con la ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo argumentó que el Congreso había dispuesto actualizaciones salariales y presupuestarias sin especificar las partidas concretas de las que debían surgir los recursos, por lo que se incumplía la ley de Administración Financiera.
El malestar del gobierno de Milei con el juez Cormick quedó en evidencia con el señalamiento de la propia trayectoria del magistrado.
Fuentes del oficialismo recordaron en diálogo con LA NACION que el magistrado fue “designado durante la presidencia de Alberto Fernández, con acuerdo del Senado”, y que durante la presidencia de Cristina Kirchner se había desempeñado como titular de la Inspección General de Justicia (IGJ).
También ostentó el cargó de “síndico general” del PAMI entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, durante la gestión de la camporista Luana Volnovich en el gobierno del Frente de Todos.
Al relevar sus resoluciones, el oficialismo recordó que en 2022 “falló contra la designación de Roxana Reyes como representante ante el Consejo de la Magistratura”, al hacer lugar a un amparo presentado por el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez.
El mismo Cormick firmó en menos de 24 horas dos resoluciones conocidas este jueves contra dos artículos de la reforma laboral. En el primero, dejó sin efecto por tres meses el artículo que hace a los abogados responsables de las costas cuando un juicio laboral reclama más de lo que después reconoce la sentencia. El otro artículo suspendido permitía a las empresas pagar en cuotas las condenas de esos juicios.
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