Abren dos nuevos frentes judiciales para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: envían un exhorto a EE.UU. y apelan un sobreseimiento
La Justicia abrió dos nuevos frentes en las causas sobre los negocios de la cúpula de la AFA. Por un lado, dos fiscales apelaron el polémico sobreseimiento de familiares y socios del tesorero Pablo Toviggino en la causa de la mansión de Pilar. Por otro, la fiscal porteña Silvana Russi pidió enviar un exhorto a Estados Unidos para obtener los movimientos bancarios de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni que manejó unos 300 millones de dólares en nombre de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.
Así el fiscal federal de Zárate-Campana, Sebastián Bringas, y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, apelaron el polémico sobreseimiento que el juez federal Adrián González Charvay dictó a favor de familiares y socios de Pablo Toviggino en la causa de la mansión de Pilar.
En una presentación conjunta, los fiscales advirtieron que la decisión de González Charvay de transformar una desestimación en un sobreseimiento podría convertir el caso en “cosa juzgada” e impedir nuevas investigaciones sobre los millonarios movimientos financieros e inmobiliarios del entorno del tesorero de la AFA. La apelación quedó en la sala de la Cámara Federal de San Martín, integrada por Alberto Lugones y Juan Pablo Salas.
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, cerrar la investigación iniciada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, sin profundizar en las pruebas presentadas constituye una grave falencia que debe ser revisada por la Cámara Federal de San Martín.
Simón había fundamentado su acusación, presentada en mayo pasado, en informes oficiales de ARCA y otros organismos públicos. Sin embargo, el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, desestimó la denuncia.
Posteriormente, la Cámara Federal de Tucumán dispuso que la causa iniciada por Simón quedara radicada en el Juzgado Federal de Zárate-Campana, por una cuestión de competencia.
Pero la apelación no es el único frente judicial que preocupa al entorno de Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien se encuentra en Suiza para participar de una reunión de la FIFA.
Por otra parte, la fiscal porteña Silvana Russi pidió a la jueza Paula Petazzi que libre un exhorto a la Justicia de Estados Unidos para obtener oficialmente la documentación bancaria reunida mediante el procedimiento conocido como discovery.
Se trata de los movimientos financieros de TourProdEnter LLC, la empresa del empresario Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que recibió fondos en nombre de la AFA por contratos comerciales y otros derechos vinculados con la Selección argentina.
El pedido se formuló en la causa iniciada por el empresario Guillermo Tofoni contra la AFA por la presunta ruptura de un contrato para organizar partidos amistosos del seleccionado nacional.
La documentación obtenida en Estados Unidos permitiría reconstruir movimientos financieros por unos 300 millones de dólares y transferencias por aproximadamente 40 millones a sociedades estadounidenses cuyos beneficiarios y actividades están bajo sospecha.
Entre las entidades bancarias mencionadas en los procedimientos de obtención de información figuran Bank of America, JPMorgan Chase Bank, Citibank, Synovus Bank y PNC Bank.
La incorporación oficial de esos registros sería clave para las distintas investigaciones judiciales abiertas en la Argentina. Especialmente, para determinar el destino final de los fondos recaudados por los derechos comerciales de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.
Otro punto central es establecer si la totalidad de esos ingresos fue debidamente registrada en los balances de la AFA y si las transferencias realizadas por TourProdEnter tuvieron una justificación comercial verificable.
Mientras espera que se tramite el exhorto, Russi obtuvo un dictamen del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, favorable a que la investigación permanezca en la Justicia de la Capital Federal y no sea trasladada a Zárate-Campana.
Ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá resolver ese conflicto de competencia, una decisión que puede determinar el futuro de una de las investigaciones sobre el manejo de los negocios internacionales de la AFA.
A pedido de las defensas, González Charvay resolvió la semana pasada que las personas y empresas denunciadas por el fiscal Simón no estaban sometidas a proceso porque, según su interpretación, no existía una acción penal legalmente promovida.
El magistrado, que tiene desde hace ocho meses la causa principal contra Toviggino y Tapia sin avances significativos, según el planteo fiscal, fue más allá de la desestimación de la denuncia y dispuso el sobreseimiento de los involucrados.
Para hacerlo, invocó el artículo 336, inciso 4°, del Código Procesal Penal de la Nación, referido a los casos en los que se establece que el delito investigado no fue cometido por el imputado.
Además, dejó constancia de que el proceso no había afectado el buen nombre y honor de los sobreseídos y sostuvo que no existían ni habían existido medidas cautelares o restricciones contra ellos en ese expediente.
La diferencia jurídica es sustancial. Una desestimación de una denuncia no tiene necesariamente los mismos efectos que un sobreseimiento firme, que puede ser invocado por las defensas para impedir una nueva persecución penal por los mismos hechos.
Precisamente, ese es uno de los principales cuestionamientos de Bringas y Velasco: que una decisión adoptada sin profundizar en la investigación termine cerrando definitivamente la posibilidad de examinar operaciones patrimoniales millonarias.
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