Quebró una importante algodonera vinculada a Vicentin: debe más de USD 260 millones y peligran 350 empleos
La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda, una importante empresa textil vinculada a la familia Vicentin, que acumula una deuda superior a los USD 260 millones con el Banco Nación y emplea a alrededor de 350 trabajadores. La decisión llegó después de que fracasaran las negociaciones para reestructurar sus obligaciones y de que ningún interesado se presentara en el proceso de salvataje abierto para intentar evitar la liquidación de la compañía.
La resolución judicial abrió una nueva etapa para la firma, cuya principal planta industrial se encuentra en Reconquista, Santa Fe, y que también cuenta con dos establecimientos dedicados al desmote de algodón en Chaco y Santiago del Estero. Pese a la declaración de quiebra, la Justicia no dispuso el cierre inmediato de las instalaciones y analiza la posibilidad de que continúen funcionando de manera transitoria, mientras se busca una alternativa para vender la empresa o sus unidades productivas.
La medida fue adoptada por el juez Fabián Lorenzini, luego de que la compañía agotara las instancias previstas para alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Algodonera Avellaneda se encontraba en concurso preventivo desde 2024 y, durante ese período, intentó obtener las mayorías necesarias para aprobar una propuesta de reestructuración de sus deudas.
Sin embargo, el Banco Nación, que concentra más del 80% del pasivo verificado de la compañía, rechazó las propuestas de pago por considerarlas insuficientes. La entidad financiera reclama créditos por USD 260.791.600,40 y $1.585.782.428,89, según los montos consignados en el expediente judicial.
Una parte central de esos compromisos se originó en garantías que Algodonera Avellaneda otorgó a Vicentin, la agroexportadora vinculada a integrantes de la misma familia.
El proceso judicial atravesó distintas etapas antes de llegar a la declaración de quiebra. Durante el concurso preventivo, la empresa buscó negociar con sus acreedores para obtener las conformidades necesarias que permitieran homologar un acuerdo y evitar la liquidación de sus activos.
El juez Lorenzini concedió sucesivas oportunidades para que la compañía avanzara en esas negociaciones. En diciembre de 2025 otorgó una extensión del período de exclusividad y, en febrero de 2026, volvió a ampliar los plazos, aunque por un período menor al solicitado por la firma.
En julio se habilitó otra instancia extraordinaria para intentar reunir las mayorías exigidas por la legislación concursal. No obstante, las negociaciones tampoco permitieron alcanzar un acuerdo.
Uno de los principales puntos de conflicto fue la participación del banco estatal en la votación. Algodonera Avellaneda solicitó que la entidad financiera fuera excluida del cómputo de las mayorías, bajo el argumento de que actuaba como un acreedor hostil. Pero el tribunal rechazó ese planteo el 14 de septiembre, por considerar improcedente la exclusión. De esa manera, la compañía quedó sin posibilidades de avanzar con su propuesta original de reestructuración.
La última alternativa fue la apertura del procedimiento de salvataje, conocido como cramdown, que permite que terceros interesados, acreedores o cooperativas de trabajadores se presenten para adquirir las acciones de una sociedad y formular una nueva propuesta de acuerdo.
El registro de interesados permaneció abierto entre el 14 de septiembre y el 5 de octubre. Ninguna empresa, acreedor ni cooperativa se inscribió para intentar el rescate de Algodonera Avellaneda. Ante la ausencia de oferentes y la imposibilidad de alcanzar las mayorías legales, Lorenzini resolvió declarar la quiebra indirecta de la sociedad.
El magistrado consideró agotadas las alternativas previstas para evitar esa decisión y advirtió que extender nuevamente el procedimiento concursal podía agravar la situación patrimonial de la empresa.
Además de los compromisos financieros con el Banco Nación, Algodonera Avellaneda enfrenta un importante volumen de obligaciones generadas durante el propio proceso concursal.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, la sindicatura registró un pasivo posconcursal de $6.818.717.040,87, correspondiente a obligaciones acumuladas durante 2025 y 2026. Ese monto incluye deudas por servicios de energía eléctrica, obligaciones impositivas y compromisos laborales, entre otros conceptos vinculados con el funcionamiento de la compañía.
La acumulación de esas obligaciones se produjo mientras la firma intentaba sostener sus operaciones y negociar una salida con los acreedores. Las dificultades financieras limitaron su capacidad para afrontar los gastos corrientes y mantener el funcionamiento habitual de los establecimientos.
Uno de los principales interrogantes que abrió la quiebra es el futuro de los aproximadamente 350 a 360 empleados de Algodonera Avellaneda, que atravesaron meses de dificultades para cobrar sus salarios.
La empresa cuenta con una planta de hilandería en Reconquista, considerada su principal activo industrial, y dos desmotadoras de algodón ubicadas en General Pinedo, Chaco, y Banderas, Santiago del Estero.
La planta de Reconquista funciona aproximadamente al 60% de su capacidad, mediante trabajos a fasón. Bajo esa modalidad, la compañía realiza tareas industriales para terceros, lo que le permite generar ingresos destinados, entre otras obligaciones, al pago de los salarios.
La declaración de quiebra no implica, por el momento, el cierre automático de los establecimientos. El juez instruyó a la sindicatura para que evalúe la conveniencia de mantener transitoriamente la explotación de la empresa.
El objetivo de esa alternativa es conservar el valor de los activos industriales y facilitar una eventual venta de la compañía en funcionamiento, en lugar de avanzar directamente con la comercialización individual de sus bienes.
La continuidad de las operaciones también podría contribuir a preservar una parte de los puestos de trabajo durante el proceso de liquidación, aunque esa posibilidad está sujeta a la evaluación económica y a las condiciones legales correspondientes.
Para avanzar en esa dirección, los síndicos deberán presentar un plan operativo que detalle los ingresos y gastos previstos, la cantidad de trabajadores indispensables para sostener la actividad y los mecanismos de control de los fondos generados.
La Justicia deberá determinar si mantener las instalaciones en funcionamiento representa una alternativa conveniente frente a la venta individual de los activos.
Entre las opciones contempladas figura la venta de Algodonera Avellaneda como empresa en marcha, así como la transferencia de unidades de negocios que puedan continuar operando de manera independiente.
La eventual continuidad productiva tendría carácter transitorio y estaría vinculada con el desarrollo del proceso de liquidación judicial.
La sentencia también dispuso una serie de medidas sobre los bienes de Algodonera Avellaneda y sus autoridades.
Con la declaración de quiebra, la sociedad quedó desapoderada de la administración de su patrimonio, que pasó a estar bajo control de la sindicatura designada en el expediente.
El tribunal ordenó la incautación de los bienes, instalaciones, establecimientos industriales y documentación de la compañía, para que los síndicos puedan tomar posesión y avanzar con las tareas correspondientes a la nueva etapa judicial.
La resolución también estableció la inhabilitación de la sociedad y de los integrantes de su directorio, quienes quedaron alcanzados por las restricciones previstas para ejercer funciones de administración en otras compañías durante el proceso.
Además, los administradores no podrán salir del país sin autorización judicial, una medida destinada a garantizar su disponibilidad ante los requerimientos que puedan surgir durante la liquidación.
En paralelo, el juez convocó a una audiencia para el próximo 22 de octubre, en la que participarán acreedores, trabajadores, prestadores de servicios a fasón y otros interesados vinculados con la actividad de la empresa.
Durante ese encuentro se abordarán cuestiones relacionadas con la posible continuidad de la producción, las condiciones para sostener el funcionamiento de las instalaciones y las alternativas disponibles para avanzar con la venta de los activos.
