Con el quórum en duda, la oposición buscará derogar el DNU 70 y prorrogar la emergencia en discapacidad
La oposición buscará hoy a partir de las 14 en la Cámara de Diputados derogar el mega decreto 70/30 y avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y los proyectos para aliviar la situación de las familias endeudadas. La convocatoria estuvo motorizada por el primer fallo de la Corte Suprema que en la práctica liberalizó por completo la venta de tierras a extranjeros. Sin embargo, luego el máximo tribunal volvió a restituir la ley de tierras del kirchnerismo y además La Libertad Avanza acordó con sus aliados incluir un tope a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se tratará en la sesión del 21 de octubre.
El principal desafío de los bloques de la oposición será llegar a los 129 presentes para abrir el recinto. La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria (92), un sector de Provincias Unidas (8), el Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), la Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). Una base de 112 a la cual los más optimistas suman tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cuatro cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora. Por el otro lado, el oficialismo también ronda las 120 voluntades: La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).
Por eso, en las horas previas de la sesión todos seguían con atención los movimientos y las señales de los tres bloques que terminarán de inclinar la balanza: Independencia (3), que responden directamente al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo; Elijo Catamarca (3), con terminal en Raúl Jalil; y Argentina Federal (5), donde pisa fuerte el salteño Gustavo Sáenz.
Ayer, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, el oficialismo buscó darle el golpe de gracia a la convocatoria al incluir en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un nuevo capítulo que restituye definitivamente la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, que estable un límite del 15% a nivel nacional, provincial y municipal para la venta de tierras a extranjeros.
La maniobra buscó facilitarle a los bloques del medio una salida elegante que les permitiera atender el reclamo social en contra de la extranjerización de la tierra pero sin derogar por completo el DNU 70/23, que desreguló varios sectores de la economía. Por ejemplo, entre otros puntos, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y los precios de las prepagas; y flexibilizó el mercado aerocomercial.
En los días previos, diferentes diputados de la oposición reconocieron a Infobae que será difícil llegar al quórum porque tanto el segundo fallo de la Corte Suprema como el giro de 180 grados del oficialismo respecto de la ley de tierras “desinfló” la presión social.
Por otro lado, el oficialismo también había logrado quedarse con el dictámen de mayoría respecto a endeudamiento y también volvió sobre sus pasos en relación al área de Discapacidad: adelantaron que eliminarán los artículos del Presupuesto 2027 que implicaba un fuerte ajuste sobre el sector y presentaron un proyecto de ley propio que retoma los principales puntos de la actual ley de Emergencia en Discapacidad.
Estas iniciativas, junto con Propiedad Privada y posiblemente el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional (Malvinas) se tratarán en la sesión que La Libertad Avanza pidió para el 21 de octubre, también con el objetivo de “vaciar” la convocatoria de hoy a la tarde.
Durante el debate en comisión el oficialismo, junto a sus aliados, se quedó con el dictamen de mayoría y su proyecto será debatido primero en una eventual sesión. La propuesta del oficialismo, en línea con la postura de la Casa Rosada (“es un problema entre privados”), apunta a elevar los niveles de educación financiera, aportar mayor información para los consumidores -claridad en las tasas y costos financieros- y prevención del sobreendeudamiento. En ningún caso se prevén topes en las tasas, descuentos de capital o intereses, o costos para el Estado.
En cambio, la oposición quedó dividida en dos posturas sin lograr unificar criterios. El peronismo, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas propone declarar la emergencia por 180 días y establecer un esquema de refinanciamiento para deudas que no superen las dos canastas básicas totales del Indec. Para la refinanciación se aplicará la tasa TAMAR (plazos fijos mayoristas) más un 25% que se aplicará sobre el costo financiero total.
Además, quienes adhieran al régimen de refinanciación podrán pagar en hasta 12 cuotas sin sanciones por cancelación anticipada, pero las cuotas no podrán superar el 30% de sus ingresos. También se eliminarán todos los intereses punitorios para quienes ya hayan ingresado en mora.
Por su parte, el proyecto de Argentina Federal (Misiones y Salta) propone declarar la emergencia social y económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros en todo el país por un año, con posibilidad de prórroga por otro año. Durante ese período se fija un límite a los intereses que pueden cobrar bancos, emisoras de tarjetas y otras entidades que presten dinero para consumo a personas. El tope será 1,5 veces la tasa de plazo fijo a 30 días para personas humanas publicada por el Banco Central.
También crea un Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal para quienes destinan al menos el 30% de sus ingresos netos al pago de cuotas, débitos o retenciones y perciben hasta 10 salarios mínimos. La iniciativa contempla refinanciaciones con una Tasa Nominal Anual fija de hasta 35%, un plazo mínimo de 24 meses, cuotas fijas y sin comisiones ni gastos administrativos.
Si la oposición consigue hoy el quórum, primero deberá juntar una mayoría simple para rechazar el proyecto del oficialismo para luego poder avanzar con sus propias propuestas.
Las negociaciones en torno a la reforma en el área de Discapacidad generaron fuertes turbulencias y pases de factura internos en el Gobierno. La polémica se desató cuando el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de Presupuesto 2027 que contenía un fuerte ajuste en el área de discapacidad. Ese ajuste no tenía ningún punto de contacto con las negociaciones que La Libertad Avanza estaba llevando adelante en el Congreso con aliados y gobernadores.
Tras dos semanas de tensión, que incluyeron algunos desplantes entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió la Casa Rosada y llegaron a un consenso con los bloques aliados.
La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión.
El dictamen contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.
No obstante, desde la oposición advierten que la forma en la que quedaron redactados los artículos esconden las verdaderas intenciones del oficialismo. Puntualmente, plantean que el artículo 5 separa la invalidez laboral de la discapacidad como vías distintas de acceso (“imposibilitada para trabajar, o con discapacidad que posea CUD”). Por lo tanto, “consolida dos pensiones: por invalidez laboral y por discapacidad”, con diferente acceso al programa Incluir Salud.
La ambigüedad de la redacción fue advertida incluso por los aliados del Gobierno que firmaron el dictamen. De hecho, exigieron que se aclaren todas posibles interpretaciones como condición para acompañar. Hasta el momento no recibieron el texto final de La Libertad Avanza.
