Malvinas y la cooperación marítima sudamericana

América del Sur puede visualizarse como una gran isla, rodeada por el Atlántico y el Pacífico, que conectan comercio, pesca, energía, datos y acceso a la Antártida. Sin embargo, la región administra el mar como una suma de espacios nacionales, aunque los recursos, la contaminación y las emergencias trascienden las jurisdicciones. La Cuestión de las Islas Malvinas da especial urgencia a una propuesta de alcance sudamericano: cooperar para proteger intereses comunes, preservando y apoyando recíprocamente las posiciones sobre soberanía. La ocupación ilegal por parte del Reino Unido de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes –quebrando la integridad territorial argentina– plantea un desafío de gobernanza: ¿cómo coordinar acciones en América del Sur ante riesgos compartidos, sin renunciar a los derechos que cada uno de sus Estados sostiene? Gobernanza, antigua palabra castellana, destaca hoy las reglas y la coordinación entre Estados, instituciones y actores privados. Como señalan Christian Bueger y sus colegas, el derecho del mar necesita complementarse con mecanismos de cooperación que conecten capacidades y cubran vacíos.

La región ya dispone de experiencias sobre las cuales avanzar. La cooperación naval del Atlántico Sur y la Comisión Permanente del Pacífico Sur ofrecen marcos para coordinar políticas y capacidades. En el Callao, el centro peruano de fusión de información marítima reúne y analiza datos para facilitar la cooperación entre países. Vincular estas experiencias permitiría compartir alertas sobre navegación, pesca ilegal, contaminación y emergencias, y preparar respuestas conjuntas. El informe bianual SOFIA 2026 de la FAO refuerza la importancia de conservar los recursos que sostienen las economías y comunidades costeras. La Unión Europea ofrece una experiencia útil: capacitar equipos, conectar sistemas de información y realizar ejercicios para coordinar respuestas ante incidentes en el mar. La Argentina podría aprovechar esa experiencia preservando el control sobre sus datos y las decisiones sobre su uso. La tecnología facilita la cooperación, pero requiere acuerdos sobre qué información compartir, con quién y para qué. La necesidad de estos mecanismos se vuelve evidente en el Atlántico Sur, donde la disputa de soberanía de la Argentina con el Reino Unido convive con actividades que pueden generar preocupaciones ambientales y ecológicas en la región. La Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU “…Insta a las dos partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación…” Al respecto, el inicio de un procedimiento de arbitraje por parte de la Argentina en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar cuestiona las autorizaciones unilaterales británicas para la explotación ilegitima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación, en particular el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de los recursos naturales existentes en la Plataforma Continental Argentina. Su alcance no sustituye la búsqueda de una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones.

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Chile y Uruguay tienen intereses logísticos. El respaldo del Gobierno y del pueblo chileno a los legítimos derechos de soberanía de la Argentina se contrapone con la defensa de una conexión comercial privada desde Punta Arenas. Eliminar esa tensión requiere acordar consultas sobre la razón y sensatez de la conexión y reorientarla hacia la cooperación argentino – chilena para el desarrollo de sus respectivos territorios patagónicos vecinos. Cooperar no debe implicar reconocer soberanía británica en los espacios en disputa con la Argentina. También corresponde revisar los beneficios y salvaguardias de los acuerdos pesqueros en la región y del tratado sobre biodiversidad marina en la alta mar de América del Sur. A su vez, los territorios británicos del Atlántico Sur y el Caribe ajenos a la controversia confieren al Reino Unido intereses marítimos que una política regional debe considerar. La Argentina debe encauzar la cooperación con Chile, Brasil y Uruguay, para luego ampliarla a los socios del Caribe y del Pacífico. Una agenda posible debería incluir el intercambio seguro de información, alertas pesqueras, prevención de derrames y ejercicios de búsqueda y rescate. Cada acuerdo debe preservar las posiciones jurídicas de los participantes. Gobernar juntos el mar exige reconocer diferencias y construir reglas útiles. El apoyo a la soberanía argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas debe ser el catalizador de la cooperación en América del Sur. Una diplomacia de cooperación marítima permitiría proteger intereses comunes y contribuir a la paz y la seguridad internacionales, sin renunciar a los derechos argentinos en la Cuestión de las Islas Malvinas. *Contraalmirante (R), Profesor de arte operacional y temas del mar