Endeudamiento y morosidad: el expediente que Kicillof querría olvidar

El sobreendeudamiento familiar, especialmente en los sectores más vulnerables, se ha convertido en un eje central del debate político y económico. Los datos avalan la preocupación: 20,9 millones de personas poseen algún tipo de deuda y casi el 20 por ciento están en situación de mora, el nivel más alto desde la crisis de 2001, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La mayor parte de ese universo –sobre todo los más jóvenes– no apela al crédito como herramienta virtuosa para desarrollar sus proyectos, sino como un manotazo desesperado para “zafar” los gastos cotidianos: se acelera, así, una especie de bicicleta financiera en la que abundan las tasas exorbitantes y la toma de préstamos casi “a ciegas”, a través de un solo clic en el celular.

El gobierno nacional tiende a desentenderse del asunto –“es un problema entre privados”, ha repetido el Presidente en un alarde de indolencia–, pero en vísperas de una campaña electoral en la que seguramente este tema resultará gravitante, como lo ha sido en Brasil, quizá valga la pena examinar cómo actúan la oposición y el sistema político en general frente a situaciones de esta naturaleza: ¿reconocen la complejidad del fenómeno o solo buscan responsabilizar al sector que tienen enfrente sin identificar factores estructurales y situaciones de arrastre que han potenciado esta problemática social?; ¿proponen medidas eficaces y racionales frente a la emergencia o recurren al viejo truco de crear más burocracia y más gasto sin aportar soluciones? Las preguntas remiten, si se quiere, a una cuestión más de fondo: ¿cómo se debaten y se gestionan los problemas en la Argentina?; ¿con la voluntad de depositar siempre la culpa en “el otro” o con la valentía y la honestidad intelectual de asumir responsabilidades y de abordar los desafíos en su real dimensión?

Si nos sumergimos en los laberintos burocráticos de la provincia de Buenos Aires, encontramos respuestas, no por cierto alentadoras, a esos interrogantes de fondo.

En diciembre de 2022, a tres años de haber asumido como gobernador, Axel Kicillof dictó un decreto (2370/22) que ponía en marcha el llamado Fondo Fiduciario para el Desendeudamiento de Mujeres, previsto ese mismo año en la ley 15.310, que creaba el programa “Desendeudadas”. ¿Qué función tendría el fideicomiso? Absorber las deudas de mujeres bonaerenses que se encontraban agobiadas por el peso de los préstamos y refinanciárselos a tasas mucho más convenientes.

Kicillof ha quedado afónico en estas semanas denunciando que “la política económica de Milei hace que las familias se tengan que endeudar para pagar la comida, el alquiler y las cosas indispensables”. ¿Qué decía en 2022, cuando gobernaba Alberto Fernández? Hay que ir a los fundamentos de aquel decreto del gobernador que reglamentó el Fondo Fiduciario, donde se lee textualmente: “…durante los últimos años, el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos ha provocado un fuerte incremento en el número de personas que tomaron préstamos para poder afrontar los gastos de la vida cotidiana, utilizándose los créditos para acceder a bienes como alimentos, ropa, artículos de primera necesidad y al pago de servicios básicos como luz, gas, agua e internet”. Lo que hoy se denuncia como “producto del modelo de Milei” ya existía, entonces, cuando el último gobierno kirchnerista había cumplido tres años de gobierno. ¿Esto exime al actual oficialismo nacional de responsabilidad en el crecimiento del problema? Por supuesto que no. Los datos reflejan, hoy, que los índices de morosidad han escalado. Pero muestra que, como en muchos otros temas, la Argentina arrastra desafíos intrincados que exigen un abordaje honesto, no un ejercicio de memoria selectiva y aprovechamiento político. ¿Existe la disposición a aceptar que los problemas tienen responsabilidades compartidas y exigen diálogo y negociación, más que bravuconadas recíprocas para tirarse las culpas de una trinchera a la otra?

Alguien podría decir, con pragmatismo, que la política “es así”, acá y en todas partes. Y que esperar grandeza y ecuanimidad en el discurso de los dirigentes, sean oficialistas u opositores, es poco menos que una ingenuidad. Habría que mirar, entonces, no las palabras sino los hechos. Si volvemos a ese expediente ilustrativo del gobierno bonaerense, ¿qué encontramos detrás de aquel decreto que creaba un Fondo Fiduciario para aliviar la carga del endeudamiento contraído por mujeres en situación vulnerable? Que se le asignaron recursos para su funcionamiento, se creó una estructura administrativa y se le dio entidad burocrática. Se previó un comité ejecutivo compuesto por tres miembros designados por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y dos por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, aunque no llegó a constituirse. Más de dos años después se dispuso la extinción del fideicomiso “en virtud de que no se ha registrado actividad alguna, como así tampoco adquisición directa de las deudas referidas”. Fue en una resolución firmada en abril de 2025.

Cuando el caso fue examinado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, un fallo de ese organismo aprobó los estados contables, pero dejó constancia de que “el Fondo no desarrolló actividades propias del objeto para el cual fue creado, sin perjuicio de lo cual se destinaron recursos durante dos años para solventar los gastos ordinarios de administración”. Remarcó, además, que ya un año antes de su extinción había recomendado poner en marcha el programa o evitar gastos de funcionamiento, una situación anómala que –sin embargo– se mantuvo un año más.

Si se hiciera el lícito ejercicio periodístico de traducir la jerga abstrusa y desangelada de la burocracia, lo que el Tribunal de Cuentas señala en su fallo es que “gastaron plata para no hacer nada”. El organismo detectó, al cierre del ejercicio, “una pérdida de $3.746.354” en números de ese momento.

El Ministerio bonaerense de Mujeres y Diversidad, al ser consultado sobre este antecedente, reconoce que “al intentar la implementación se descubrió una mayor complejidad y se concluyó que esos esfuerzos debían ser reorientados para fortalecer otro tipo de herramientas, como la educación financiera”. Aseguran que el programa no se suprimió: “Se readecuó; se reconfiguró”.

Todo el expediente podría ser encuadrado como una anécdota, pero en realidad retrata algo más: un método para afrontar, desde la política y el Estado, problemáticas que son efectivamente complejas. En lugar de abordarlas con seriedad, se intenta sacar una tajada política y muchas veces se lanzan medidas rimbombantes con nombres marketineros (“Desendeudadas”), que después se evaporan sin haber dado ningún resultado, pero habiendo, sí, ocasionado gastos que se le endosan al contribuyente.

Por aquellos fundamentos de 2022, que no riman con el discurso de hoy, y por aquel Fondo desafortunado, que terminó en un gastadero de plata y en ninguna solución, es probable que Kicillof hoy prefiera olvidar el expediente. Pero ahí está: nos recuerda que la Argentina necesita, frente a la dimensión y la rebeldía de los problemas, una actitud más responsable y humilde, menos oportunista, más centrada en la búsqueda de soluciones estructurales que en la pirotecnia y el carancheo electoral. El expediente ofrece, si así se lo quisiera ver, una lección que excede al gobierno provincial. La política, en general, tiende a ver la paja en el ojo ajeno y a aplicar una doble vara: el problema siempre está en el otro; la autocrítica nunca encuentra lugar. Existe, además, casi un instinto que atraviesa a todos los oficialismos: dictar decretos y anunciar medidas coyunturales que después quedan en la nada.

Tal vez esta pequeña historia nos recuerde algo que está a la vista: más que el revoleo de agravios y reproches –al que se prestan con tanto entusiasmo el mileísmo y el kirchnerismo– se necesitan acuerdos y diálogo constructivo para abordar las urgencias más acuciantes. Empezar por reconocer la complejidad de las cosas y asumir responsabilidades compartidas quizá sea un punto de partida.

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