Subsidios al boleto: cuando la Administración no cumple su papel y la judicialización deteriora la seguridad jurídica

Imaginemos a un árbitro que, ante una jugada dudosa, detiene el partido para revisar el video. Es lo correcto. Ahora imaginemos que la revisión termina, que el video no muestra la falta, y que el árbitro no reanuda el juego. Tampoco cobra nada. Simplemente se queda parado en el medio de la cancha. Después de un rato, los jugadores van a buscar a otra autoridad para que decida por él.

Algo parecido ocurre con las compensaciones que el Estado nacional retiene desde enero a las empresas del Grupo Metropol, que operan líneas de colectivos en el Área Metropolitana. Y el caso dice más sobre cómo funciona el Estado que sobre los colectivos.

En la Argentina existe una ley, vigente desde hace más de medio siglo, que fija las reglas básicas de cómo debe actuar la Administración pública frente a los ciudadanos: cómo tramita un expediente, cuándo debe responder, qué requisitos debe cumplir una decisión. Uno de sus principios es tan simple como olvidado: el funcionario que tiene a su cargo una cuestión no puede renunciar a resolverla.

No decidir, entonces, no es prudencia. Es una manera de decidir sin hacerse cargo. Y tiene una consecuencia: cuando la Administración se abstiene, el conflicto emigra a los tribunales, y un juez termina ocupando un lugar que la Constitución le asignó a otro poder.

Las empresas de colectivos no viven solo del boleto. Cada mes, el Estado les reparte una bolsa de fondos de monto fijo, las compensaciones tarifarias, según la distancia que pagan los pasajeros y registra la tarjeta SUBE. Como el total no cambia, si una empresa cobra más, otras cobran menos.

A fines de 2025, cuatro cámaras del sector denunciaron que el grupo inflaba esas distancias. El 29 de enero, la Secretaría de Transporte congeló sus fondos de manera “excepcional, preventiva y transitoria”, hasta que una auditoría aclarara los hechos. Ante una sospecha seria, era razonable.

La auditoría se hizo y fue amplia. Nación Servicios revisó unos 183 millones de viajes. La CNRT, el organismo que controla el transporte, inspeccionó 97 líneas con más de 12.000 controles. El 8 de julio, la Secretaría cerró la revisión: no encontró una maniobra deliberada de las empresas y atribuyó los desvíos a un problema general del sistema.

Una medida preventiva es como una tranquera que se cierra mientras se averigua qué pasó. No resuelve nada: solo asegura que, cuando se sepa la verdad, todavía haya algo que resolver. Por eso dura lo que dura la averiguación.

Si la averiguación terminó, la tranquera debería abrirse, o el Estado debería decir cuánto corresponde descontar. Mantenerla cerrada sin razón no es cautela. Es convertir lo provisorio en definitivo por inercia. Los juristas tienen una palabra para ese estado: decaimiento. Una decisión que se queda sin fundamento no necesita ser anulada; basta con reconocer que ya no se apoya en nada.

La historia tiene un giro. Según publicó Infobae, la misma área técnica del Estado sostuvo en julio que no hubo maniobra deliberada; en agosto informó a la Justicia que esas variaciones no le costaban un peso más al fisco; y en septiembre calificó las retenciones de “idóneas, proporcionales y técnicamente fundadas”. En el medio hubo una impugnación de una de las cámaras denunciantes, que las empresas no pudieron ver en el expediente.

El Estado puede cambiar de criterio. Lo que no puede es hacerlo sin decir por qué. Dar razones no es un trámite: es lo que permite al ciudadano defenderse y al juez controlar. Y hay un principio de sentido común, que el derecho también aplica al Estado: nadie puede contradecir su propia conducta anterior, sin explicación, en perjuicio de otro.

Aquí aparece el dato que ordena todo. Si la bolsa es fija, el fisco no gasta más cuando una empresa cobra más. La retención, entonces, no cuida la plata de los contribuyentes. Arbitra una pelea de reparto entre competidores.

Las facultades del Estado se le dan para un fin. Si hubo errores en el reparto, la herramienta lógica es recalcular y corregir, con la misma vara para todos. Congelar la totalidad, sin decir cuánto está en discusión ni hasta cuándo, va mucho más allá de ese fin. En los hechos, funciona como una sanción, aunque nadie la haya dictado.

El lugar que el Estado deja vacío no queda vacío. Hoy lo ocupan un juicio contra el Estado y dos causas penales. El 30 de septiembre, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió indagar al exsecretario de Transporte y a los presidentes de las cuatro cámaras, al sostener que la retención se dispuso sin respaldo técnico. Es un pedido, no una condena, y todos ellos conservan su presunción de inocencia.

La misma ley que obliga a decidir prevé un remedio para el silencio oficial: el ciudadano puede pedirle a un juez que ordene a la Administración pronunciarse. Que exista esa herramienta es sensato. Que haga falta usarla para que el Estado diga cuál de sus propios informes vale es un síntoma.

El juez controla que el Estado actúe dentro de la ley; no administra subsidios. Cuando tiene que decir lo que el funcionario debió decir, los papeles se confunden y la seguridad jurídica se deteriora.

Las reglas de un mercado regulado valen si son previsibles. Si la denuncia de un competidor alcanza para congelar fondos, y si una revisión cerrada puede reabrirse sin explicación, el mensaje es que gana quien tiene más peso sobre el regulador.

Los especialistas llaman a ese riesgo “captura”: el árbitro que, sin proponérselo, termina respondiendo al equipo más fuerte. No hace falta afirmar que haya ocurrido para advertir que la inacción lo hace posible. Menos aún cuando el grupo afectado es el que importó 150 colectivos a GNC y empezó a venderlos a otras empresas, en un negocio que tenía pocos dueños.

Este Gobierno hizo de la seguridad jurídica un principio de su programa. Ese principio no se juega solo en los grandes anuncios de inversión. Se juega también en expedientes como este.

La salida está en manos del propio Estado: decir cuál de sus informes vale y, sobre esa base, devolver, descontar lo que corresponda o aceptar una garantía. Al juez le toca controlar. Al Estado, decidir. Cuando esos papeles se invierten, pierden todos. Y el primero en perder es el pasajero, que recibe un servicio peor sostenido con menos recursos.