Uruguay y la democracia sin estridencias

Volví de Uruguay con la grata impresión de que allí la democracia todavía puede vivirse sin estridencias. No es un país libre de tensiones, pero sus dirigentes parecen entender que ninguna diferencia justifica destruir las reglas que les permiten convivir. Esa normalidad rara vez produce titulares y, quizá por eso mismo, merece nuestra atención.

Pocos días después de mi visita, leí en El País de Montevideo un editorial titulado «¿Quiénes son los nuestros?». Su pregunta me dejó pensando y terminó por impulsar estas líneas. El texto proponía reconocer a los demócratas por su conducta ante la derrota, incluso cuando esa conducta tiene un costo personal. Es una medida exigente. Resulta fácil invocar la libertad cuando se gana. Defenderla cuando obliga a ceder el poder revela la profundidad de nuestras convicciones.

Esa reflexión había comenzado durante el coloquio del Centro de Estudios para el Desarrollo sobre el nuevo escenario político de América Latina. Continuó en mis conversaciones con profesores y estudiantes de la Universidad ORT, en el reencuentro con Luis Lacalle Pou y durante mi visita a Julio María Sanguinetti. Fueron diálogos distintos, unidos por una convicción acerca del carácter temporal del poder, la legitimidad del adversario y el deber de preservar instituciones que pertenecen a todos.

En Uruguay, además, esa convicción tiene una expresión cotidiana. Sus líderes caminan por las calles y conversan con la gente sin la parafernalia que suele rodear al poder. Esa sencillez no les resta autoridad. Recuerda que gobernar es un servicio temporal y que la distancia entre un presidente y un ciudadano nunca debería volverse insalvable.

Sanguinetti lleva consigo la memoria de la recuperación democrática uruguaya. Lacalle Pou representa a una generación que ha impulsado cambios sin romper la continuidad republicana. Ambos recuerdan que la moderación exige carácter, pues supone defender las propias ideas y, al mismo tiempo, reconocer la dignidad de quien piensa distinto. En una democracia madura, una elección no tiene que convertirse en una refundación, ni la salida del gobierno en un acto de resentimiento.

Durante años explicamos la política latinoamericana como un péndulo entre izquierda y derecha. Las diferencias ideológicas siguen siendo legítimas y necesarias, pero esa imagen ya no alcanza para comprender lo que está en juego. La frontera más profunda separa hoy a quienes aceptan la democracia como un sistema de límites y alternancia de quienes utilizan el voto para concentrar poder, apropiarse de las instituciones y convertir al adversario en enemigo. El populismo puede hablar en nombre de la igualdad o de la libertad, prometer una revolución o invocar el orden. Lo delata su relación con los límites. Considera que los contrapesos estorban, trata a la prensa independiente como una amenaza y quisiera una justicia dócil. Cambian sus banderas, pero permanece la pretensión de reducir una sociedad plural a una sola voz.

Por eso quienes nos reconocemos como liberales y demócratas debemos examinar también a los dirigentes que sentimos cercanos. Un gobierno favorable al mercado no necesariamente respeta la libertad. Un político puede denunciar el populismo y, al llegar al poder, adoptar sus métodos. Como sugería la pregunta de El País, la afinidad ideológica no puede decidir por nosotros quiénes son «los nuestros». Los límites al poder tienen verdadero valor cuando se los exigimos también a quienes comparten nuestras ideas.

Defender la democracia exige, además, responder a la angustia cotidiana de los ciudadanos. Cuando las instituciones deliberan mucho y resuelven poco, el cansancio se transforma en desapego. Entonces aparece quien promete resolverlo todo si se le permite gobernar sin controles. Una democracia incapaz de ofrecer seguridad, oportunidades y confianza deja espacio a esa tentación.

José María Aznar aborda esta fatiga en su reciente obra Orden y libertad y plantea una distinción valiosa entre fragilidad y debilidad. Las democracias son frágiles porque dependen de reglas aceptadas, equilibrios delicados y juego limpio. Eso no las hace débiles. Han demostrado una extraordinaria capacidad para corregirse, ampliar derechos y permitir que millones de personas construyan su propio proyecto de vida.

El autoritarismo ofrece certezas rápidas a cambio de entregar poder. La democracia acepta que nadie es infalible y, por ello, nadie debe gobernar sin límites. Después de haber ejercido la Presidencia, respeto más la complejidad de gobernar y desconfío todavía más de las soluciones sencillas. También sé que la prueba más difícil para un demócrata llega cuando respetar las reglas tiene un costo personal.

Orden y libertad deben sostenerse mutuamente. Sin orden, las personas quedan expuestas a la violencia y al miedo. Sin libertad, el orden se convierte en imposición. Necesitamos Estados capaces de proteger a sus ciudadanos y lo bastante limitados para no someterlos. En un mundo donde la fuerza vuelve a desafiar las reglas, América Latina tiene una razón adicional para defenderlas. Para nuestros países, un orden internacional basado en normas es una garantía concreta de autonomía.

Uruguay me devolvió esperanza. Sus instituciones sobreviven a los gobiernos, sus dirigentes compiten sin negarse mutuamente y sus jóvenes pueden discutir sin asumir que toda diferencia es una enemistad. La tarea no consiste en borrar las distancias entre izquierda y derecha, sino en cuidar el espacio democrático donde ambas pueden expresarse. Allí se encuentra, quizá, la respuesta a la inquietud que me dejó aquel editorial. Los nuestros son quienes saben ganar sin apropiarse del Estado y perder sin dejar de reconocer a su país en manos de otros.