El Gobierno envió a Guberman a Diputados para defender el Presupuesto, pero chocó con los reclamos por mayor financiamiento a la discapacidad y a las universidades

Con una ambiciosa agenda parlamentaria, el Gobierno inició la semana en el Congreso con el desembarco del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para dar comienzo al debate del Presupuesto 2027. El funcionario confirmó la intención del oficialismo de sesionar el 18 de noviembre, después de la visita del papa León XIV -el Vaticano por ahora mantiene sin alteraciones la gira del Pontífice a Sudamérica, pese a que fue operado hoy por un cáncer de pulmón-, un cronograma que dejaría al Senado con escaso margen para tratarlo antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

La jornada estuvo marcada por fuertes críticas al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, reclamos por mayores partidas para discapacidad y cuestionamientos a las proyecciones de inflación del Gobierno, además de pedidos de explicaciones por la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El debate en la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario Alberto Benegas Lynch, comenzó con un pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sobre la hoja de ruta. En respuesta, anticipó la visita de mañana del secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el objetivo del Gobierno de obtener dictamen a fines de octubre, tras otras dos reuniones informativas previas, para luego llevar el proyecto al recinto.

Acto seguido, Martínez anunció que su bloque presentó ante la presidencia de la comisión un pedido al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para dar cumplimiento a la ley de financiamiento universitario, uno de los focos críticos para el Gobierno cuando faltan dos días para la quinta marcha federal en reclamo de mayor presupuesto.

• Este martes comienza el debate del Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2027. 🗓🏛🔴 Mientras tanto, el Poder Ejecutivo incumple con la Ley de Financiamiento Universitario en el corriente año y no garantiza los fondos para su cumplimiento en el Presupuesto 2027.📄➡️ Por… pic.twitter.com/uBVrkJvSDO

Es en esa línea que el diputado de UP reclamó aumentar las partidas destinadas en el Presupuesto 2027 y propuso compensar ese incremento con una reducción de otros gastos del Tesoro, a fines de “no alterar el resultado financiero”.

La queja del bloque peronista ante Benegas Lynch se sustenta en un reciente fallo del juez Martín Cormick, que exigió al Gobierno la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución declaró inconstitucional parte del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo había frenado la implementación de la norma, pese a que el Congreso había rechazado el veto presidencial el año pasado.

El texto oficial presentado por el Gobierno proyecta para el año que viene una partida de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades, mientras que los rectores advierten que para ajustarse a la ley se necesitaría casi un 50% más de lo contemplado. En concreto, exigen un financiamiento de $11 billones.

Si bien Benegas Lynch consideró “razonable” la petición, esquivó la cuestión al asegurar que “no es la competencia” de la comisión dar indicaciones de gestión a la Jefatura de Gabinete. Después se aclaró que aquellas precisiones se darán con la exposición de invitados de la cartera de Educación.

Durante su exposición, el funcionario evitó dar mayores detalles sobre el financiamiento educativo. Se limitó al filo de la reunión a enfatizar que el Ejecutivo cumplirá con la ley prevista.

“Esta contemplado el ajuste como manda la ley y el acuerdo que se hizo con los rectores sobre los gastos de funcionamiento y hospitales. Eso es lo que la subsecretaría universitaria envió al presupuesto y está contemplado de esa manera”, señaló.

En cambio, se centró en la situación económica que encontró el Gobierno al asumir; especialmente apuntó al déficit financiero, la elevada brecha cambiaria y el riesgo país.

En cuanto a las proyecciones económicas, Guberman anticipó un crecimiento del 4% para el próximo año, frente al 3% previsto para este, una inflación del 18% y un tipo de cambio de $1848.

Por otro lado, Guberman reconoció ante los diputados una caída del 0,23% del PBI en materia de seguridad social a raíz de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que, a partir del 1 de noviembre, obligará a las empresas a destinar entre el 1% y el 2,5% de la masa salarial a cuentas individuales para financiar eventuales indemnizaciones por despido.

El pronóstico oficialista suscitó múltiples reproches por parte de la bancada peronista. Uno de los discursos más encendidos fue el de la diputada Julia Strada, quien acusó a la administración mileísta de “mentirosa” tras haber contemplado una inflación del 10,1% para 2026.

“No se cumplió nada en términos de proyección de las partidas porque la inflación es tres veces más”, arremetió la diputada de UP. “Se establece una tasa acumulativa de 1,4% por mes. Milei dice que va a llegar a cero”, marcó la legisladora.

“¿Usted confirma que no va a haber inflación cero? No la pueden explicar”, insistió Strada. “Es una pena que nos vengas a mentir a los diputados. Seguramente los datos los tenés y sabés que hay recesión”, sentenció.

Las declaraciones de Strada se suceden tras darse a conocer esta tarde el último dato de inflación de septiembre, que marcó 1,9%, una leve aceleración con respecto al 1,7% de agosto que ya acumula un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Uno de los puntos más resonantes fue el que refiere a las partidas en discapacidad, en momentos en que la oposición se propone este jueves bajar al recinto para debatir sobre la prórroga de la emergencia, mientras que el oficialismo llamó a sesionar la próxima semana para aprobar su propio dictamen.

“Estamos duplicando las partidas presupuestarias en atención de salud para discapacidad, ya sea para la ley de emergencia o cualquiera que salga. Está previsto el financiamiento en el 100% de la partida”, resaltó Guberman.

La explicación del secretario de Hacienda no contuvo a los bloques más críticos, que le requirieron detalles sobre los planes del Ejecutivo en términos del proyecto oficialista, después de que el Presupuesto expusiera en varios artículos contradicciones de base.

Puntualmente, consultaron si el Ministerio de Economía dará marcha atrás con los artículos 36 a 41 del capítulo VI del proyecto de Presupuesto, que contemplan una serie de derogaciones. Entre ellas, la más significativa es la del artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a los prestadores, conforme a un índice de movilidad vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

No obstante, el funcionario evitó dar una respuesta concreta e insistió en que se duplicó el financiamiento. Luego, se desentendió del debate parlamentario y admitió que el Ejecutivo hubiera “querido otra cosa”, pese a que el proyecto libertario finalmente retomó varios puntos de la ley vigente, en contraste con lo planteado en el Presupuesto.

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