El Presupuesto 2027 iría a extraordinarias y Guberman garantizó los fondos para Discapacidad

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, aseguró ante la comisión de Presupuesto de Diputados que el Presupuesto 2027 tiene financiamiento para la emergencia en discapacidad, "cumpliendo con la Ley de Emergencia o cualquier alternativa que salga". Lo dijo sin retirar los artículos que desarman puntos centrales de esa ley y sin precisar cuánto dinero habrá para las universidades, el otro reclamo que atraviesa la discusión.

Fue la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz quien lo presionó para que aclarara con qué versión se queda el Gobierno: la del Presupuesto o la del dictamen de mayoría que firmaron La Libertad Avanza y sus aliados. Guberman admitió la diferencia. "Hubiéramos querido otra cosa", respondió, y agregó que el bloque oficialista y otros tienen "una posición distinta a la del Ejecutivo". La definición, dijo, será "cuestión de lo que el Congreso decida".

En la práctica, la corrección llegará por el lado del Congreso. La Libertad Avanza eliminará los cuatro artículos que modificaban la ley de emergencia y llevará el dictamen de mayoría a una sesión que convocó para el miércoles 21. La oposición, por su parte, pidió una sesión especial para el jueves 15 con la prórroga de la emergencia, la derogación del DNU 70/23 y proyectos de alivio para morosos y endeudamiento familiar.

Con las universidades, en cambio, Guberman no se comprometió a nada. No mencionó las partidas en su exposición. Ese es el planteo que llevó el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien antes le había pedido a Benegas Lynch, presidente de la comisión, una hoja de ruta y se quejó de que pasó casi un mes desde que ingresó el proyecto sin una sola reunión para analizarlo.

El fallo de la Corte debilita la sesión opositora del 15 y el Gobierno prepara con sus aliados una super sesión en respuesta

Martínez informó que el lunes ingresaron una nota por el capítulo de las universidades públicas, para que se instruya a la Jefatura de Gabinete a cumplir el fallo judicial y garantizar el financiamiento en 2027. Proponen subir los créditos con recursos de otras partidas del mismo proyecto, de modo de no alterar el resultado financiero previsto. "Queremos saber si han tomado conocimiento", planteó.

La respuesta llegó desde las dos puntas del oficialismo. Benegas Lynch dijo que no es competencia de la presidencia de la comisión "dar indicaciones a la jefatura de gabinete". La diputada oficialista Silvana Giudici coincidió en que los legisladores no pueden darle instrucciones al jefe de Gabinete, aunque aclaró que sí es competencia del Congreso fijar las prioridades en cada dictamen, y pidió que el expediente circule entre los diputados.

Martínez replicó que el jefe de Gabinete tiene control parlamentario, "así que lo hicimos sabiendo que podía". Quedará entonces ver cómo termina el dictamen.

El cronograma que presentó el presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, busca dictamen el miércoles 28 de octubre y sesión en el recinto el miércoles 18 de noviembre. El plan de reuniones sería que mañana miércoles a las 10 irá al Congreso el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el martes 20 habrá otra con un invitado sin definir, aunque Benegas Lynch dijo que intentará que concurran funcionarios de Educación (se espera al secretario Carlos Torrendell); el 27 se hará una última informativa, que puede tener cambios, y al día siguiente se firmaría el dictamen.

Ley Malvinas: el Gobierno rechaza partir el proyecto, ofrece una bicameral y posterga el dictamen en Diputados

Después viene un parate. Las elecciones en Estados Unidos, para las que varios diputados fueron convocados, y la visita del papa León XIV, si se concreta, dejan sin actividad buena parte de noviembre, según confiaron a PERFIL desde el oficialismo, y el trabajo se retoma en la semana del 16 al 20 de noviembre.

El calendario tiene una consecuencia. Si Diputados vota el 18, el Senado dispondría de unos doce días para tratar el proyecto antes de que terminen las sesiones ordinarias, el 30 de noviembre, un plazo difícil de cumplir. De no llegar, el Ejecutivo tendría que convocar a extraordinarias o prorrogar las ordinarias.

Otro diputado de Unión por la Patria, Pablo Todero, preguntó si el ministro de Economía, Luis Caputo, iría a la comisión, porque le parecía importante que viniera "la persona que decide sobre todas estas cuestiones". Caputo, que no visita nunca el Congreso ante ninguno de los proyectos de ley que salen de su oficina, no dio señales de que asista en este año tampoco. Benegas Lynch respondió que lo central es discutir el Presupuesto, que solo sería posible "si queda algo en el tintero" y que, hasta ahora, los funcionarios que vinieron "han dado respuesta siempre". Confirmó además que tampoco irá Federico Furiase, de Finanzas, a explicar el programa financiero, por lo que Guberman extendió su exposición a áreas que no son de su órbita.

Guberman abrió con un repaso de lo que, según su versión, recibió la gestión de Javier Milei: "12 años seguidos de déficit financiero", una brecha cambiaria que había llegado al 220% antes de las elecciones y un riesgo país que tocó un techo de 2.700 puntos y empezó a bajar después del balotaje. Sobre esa base defendió haber logrado "superávit financiero desde enero del 2024" como el sustento de la estabilización macroeconómica.

Una semana clave en el Congreso: el Presupuesto 2027 abre la pulseada entre el Gobierno, la oposición y la presión de la calle

Planteó dos ejes de trabajo: "El ordenamiento monetario y financiero y las reformas para mejorar la competitividad". En el primero ubicó el saneamiento del balance del Banco Central, la prohibición de emitir dinero para financiar al Tesoro y un cepo que, dijo, está "prácticamente eliminado". En el segundo, la apertura de mercados con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y los convenios con Japón y Estados Unidos, la reforma laboral, Inocencia Fiscal y los regímenes RIGI, RIMI y Súper RIGI, este último en discusión en el Congreso.

Sobre el gasto, destacó la eliminación de fondos fiduciarios, el refuerzo de la asistencia social y una baja de impuestos que, afirmó, convierte a la Argentina en "un caso único en el mundo", porque la combinó con superávit fiscal. Citó también una estructura de 193 cargos contra los 307 que había antes entre los funcionarios de primera línea, y una reducción del 15% del personal total del Estado. Para comparar, mostró un cuadro con los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Milei. "El color verde no lo pusimos nosotros, lo puso el Excel", dijo, entre risas de la oposición y aplausos libertarios.

Pero esos son los números del pasado. Los del futuro son los que la oposición quiere discutir: el proyecto supone un crecimiento del 4%, una inflación del 18% y un dólar a $1.847 a fin de año, y un superávit financiero de 0,2% del PBI y uno primario de 1,3%. Guberman explicó que las variables se toman del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central al 1° de agosto. Es un antecedente que pesa, porque varias de las variables que Hacienda defendió para el Presupuesto 2026 fueron corregidas después por el propio Ejecutivo.

El gasto corriente sería de $198,45 billones (26,2% más que este año) y la recaudación de $122,59 billones (30,6% más). Guberman confirmó una caída de 0,23% del PBI en seguridad social por la entrada en vigencia del Fondo de Asistencia Laboral, el esquema de la reforma laboral por el que los empleadores aportan entre 1% y 2,5% para prefinanciar indemnizaciones. Esos fondos dejan de ser recursos del sistema previsional.

No hay ingresos por privatizaciones en las cuentas: "No dibujamos los números como en otras épocas", dijo. Sí están previstos los tres pasos electorales, con $900.000 millones para las PASO, las generales y un eventual balotaje, mientras el Gobierno negocia con los gobernadores suspender las PASO. A ellos les destacó el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, al que adhirieron 21 de las 24 provincias, todas menos Buenos Aires, Formosa y La Rioja, las tres peronistas. También informó que de 2.339 proyectos de obra revisados se dieron de baja 1.683, se transfirieron 457 a provincias y municipios y 199 quedaron en la órbita de la Nación.

La oposición cuestionó las proyecciones. Julia Strada, de Unión por la Patria, recordó que el Presupuesto anterior preveía una inflación de 10,1% para este año y que ahora se estima un cierre de 29%. Sostuvo que el 18% proyectado implica un piso de 1,4% mensual, es decir que no habrá la inflación cero que promete Milei, y dijo que era "una pena" que Guberman viniera "a mentirnos".

También le preguntó si espera una recesión en el tercer trimestre. Guberman respondió con un gesto de negación y Strada pidió que quedara asentado. Sobre la inflación dijo que son supuestos y que "la realidad a veces sí, a veces no, va para otro lado". Frente a las acusaciones respondió: "Los que se han encargado de mentir con los números son otros". Y sobre el gasto tributario del RIGI sostuvo que "no hay ningún gasto tributario que contemplar", porque el beneficio comienza cuando las empresas tengan ganancias.

Tolosa Paz, por su parte, cuestionó la suspensión de la movilidad de las asignaciones familiares, una caída de más de 13 puntos en Incluir Salud y un recorte de 10,5% en la Prestación Alimentar, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Guberman respondió que la política alimentaria aumenta 22% y que la idea es sostener la cobertura de la canasta básica.

Jubilados sin actualización del bono y universidades 25% por debajo de lo que exige la ley: en RDI repasaron el Presupuesto 2027

El reclamo de Unión por la Patria, que presentó el diputado Guillermo Michel, apunta al fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 11 y a la ley de Financiamiento Universitario 27.795. Propone compensar el gasto adicional con una reducción de la Jurisdicción 91, "Obligaciones a cargo del Tesoro", sin tocar el resultado financiero.

La brecha es grande. El Gobierno prevé 7,7 billones de pesos para las universidades, mientras que los rectores calculan que hacen falta 11 billones para cumplir la ley. El reclamo no es solo del peronismo: la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal también piden que se cumpla la norma.

En septiembre, fuentes oficiales habían dicho que el Gobierno estaba dispuesto a elevar los fondos hasta lograr un acuerdo que permitiera salir del conflicto judicial, aunque sin aceptar automáticamente la cifra de los rectores. La respuesta de este martes en la comisión no confirma ni descarta ese margen.

El tema, además, tiene fecha en la calle. El jueves 15 se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, el mismo día de la sesión especial que la oposición convocó contra el DNU 70/23.

El otro frente abierto es la ley de emergencia en discapacidad, la 27.793. El Presupuesto incluye cuatro artículos que eliminan puntos centrales de esa norma, entre ellos el artículo 14, que fijaba un nomenclador único nacional de prestaciones y, con su derogación, termina con la homogeneidad de los aranceles. Todo el arco opositor los rechaza, incluidos aliados del oficialismo, y el Gobierno analizaba anularlos, en lo que fue un fuerte cortocircuito entre el oficialismo en el Congreso, con Patricia Bullrich a la cabeza, y lo que el ministro Caputo pretende en su "ley de leyes".

Guberman sostuvo que "estamos duplicando la atención de salud en discapacidad" y que la partida está financiada al 100% de lo que se demande. Economía incluyó en el proyecto 7,25 billones de pesos para el área y, si se sanciona la nueva ley, deberá reforzarla con unos $600.000 millones, que la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula en un impacto de 0,04% del PBI.

La Libertad Avanza impulsa con otros bloques un proyecto para mantener vigentes varios puntos de la ley y quiere debatirlo la semana próxima. Esa partida adicional deberá incorporarse al Presupuesto si el dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio y Argentina Federal, quiere asegurar el voto de los aliados.

La cuenta de votos explica la cautela. La Libertad Avanza tiene 95 diputados y necesita al menos 129 para tener quórum, es decir que le faltan 34. Debe negociar con los aliados y con los gobernadores, que además reclaman fondos para obras públicas y para cubrir los déficits de las cajas jubilatorias provinciales. Además, el margen para modificar el proyecto es acotado: alrededor del 70% del gasto está comprometido en prestaciones previsionales, programas sociales y otras obligaciones del Estado.