El Gobierno recurre al Tribunal del Mar para impedir la explotación petrolera en Malvinas
La Argentina presentó este martes un pedido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar la explotación petrolera en las aguas que rodean a las Islas Malvinas.
A dos semanas de haber intimado al Reino Unido a impedir el avance de las actividades hidrocarburíferas del proyecto Sea Lion, a cargo de la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, y ante la falta de cambios en la posición británica, el Gobierno recurrió a la vía internacional que había anticipado a fines de septiembre.
De acuerdo a un comunicado, el Gobierno explicó que la solicitud busca "preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".
La presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que la Argentina inició el 28 de septiembre, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Se trata del instrumento internacional que establece las reglas para el uso de los mares y los océanos, incluidos los derechos de los Estados sobre los recursos naturales de sus espacios marítimos y los mecanismos para resolver controversias.
La presentación judicial se suma a un cruce diplomático que se intensificó desde fines de septiembre, cuando el Reino Unido cuestionó la decisión argentina de recurrir al arbitraje y lo calificó como "un intento de socavar derechos".
A través de un comunicado difundido el 1 de octubre, el Gobierno sostuvo que "Nada más alejado de la realidad", remarcó que ambos países son Estados parte de la CONVEMAR y que, al ratificarla, aceptaron los procedimientos previstos para resolver disputas vinculadas con su aplicación.
Días antes, el canciller Pablo Quirno había explicado el alcance político y jurídico de la decisión en una entrevista con A24. "Es el inicio del proceso arbitral, que está dado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", señaló.
Y agregó: "Es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal".
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La Oficina del Presidente, en el cierre de su comunicado, reafirmó los "legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía" argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y concluyó: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".
El proyecto, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, apunta a desarrollar yacimientos de petróleo en aguas cuya soberanía y jurisdicción son objeto de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido.
Sea Lion está en manos de dos compañías: Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, y Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. Ambas mantienen sus planes para comenzar la producción en 2028, con perforaciones de desarrollo previstas para principios de 2027, y aseguran que cuentan con el “pleno y continuo apoyo del Gobierno británico”.
Además, según los planes informados por las empresas, la primera etapa podría alcanzar una producción de hasta 55.000 barriles diarios, mientras que las fases posteriores permitirían elevar la capacidad a unos 125.000 barriles por día.
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Para el Gobierno argentino, el avance de esas operaciones “es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”.
Esta posición oficial quedó expresada en el comunicado de la Presidencia de este martes, que sostuvo que la presentación tiene como finalidad defender "la soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos".
