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infobae.com · hace 10 horas · Mariano Mayo

Romper la trampa fiscal

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La industria bonaerense acumula 19 meses consecutivos de caída. En los últimos tres años se perdieron 45.115 puestos fabriles en la provincia, lo que significa que el territorio bonaerense explica por sí solo el 45,2% de todo el ajuste industrial del país. A eso se suma el cierre de 1.374 plantas manufactureras, en un proceso donde las empresas que aún resisten se ven forzadas a achicar sus plantillas para no quebrar, soportando una altísima presión tanto sus dueños como los empleados.

El impacto de esta trampa fiscal pega de lleno en sectores de mano de obra intensiva, como el calzado, el rubro en el que trabajo todos los días. En la provincia de Buenos Aires, el sector perdió el 43,3% de sus puestos de trabajo en tres años y cerró 147 establecimientos, concentrando el 60,5% de las fábricas que bajaron sus persianas en toda la Argentina.

A la caída del consumo interno —donde la producción sectorial se derrumbó un 23,7% interanual en el último semestre— se le suma la competencia desleal del contrabando. Se estima que ingresan al país alrededor de 6 millones de pares por pasos fronterizos sin control, lo que alimenta un circuito informal de unos 156 millones de dólares que no tributa un solo peso. Mientras tanto, las pymes radicadas en el conurbano cargamos con una triple mochila: los tributos nacionales, el peso en cascada de los Ingresos Brutos bonaerenses y las tasas locales.

Existe una relación directa y comprobable entre la presión tributaria y el deterioro de la producción y el empleo. Desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires le ponemos dimensión a este problema: según el relevamiento del Centro de Estudios Económicos Bonaerense (CEEB) de la UIPBA sobre 37 distritos, los 12 municipios que más Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) cobran perdieron empleo industrial a un ritmo del 9,4%, mientras que en los 13 municipios con menor presión fiscal la caída fue del 4,6%. En concreto: donde las tasas son más altas, se destruyeron 9 de cada 100 puestos industriales; donde son más bajas, se perdieron 5. La penalización impositiva local duplica la pérdida de puestos de trabajo.

Sin embargo, intentar tapar ese ahogo financiero mediante la TISH —gravando la facturación de las fábricas en lugar del costo efectivo de una inspección— genera un absurdo económico: nos cobran tasas para pagar impuestos. En la práctica, se financian gastos generales asfixiando al motor que genera la riqueza en los barrios.

Desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) hemos decidido no quedarnos en el reclamo. Queremos diagnosticar la catastrófica situación, pero también ocuparnos para pensar y proponer soluciones. Durante los últimos meses nos venimos sentando con diversas autoridades nacionales, provinciales y municipales. Y si bien en algunos casos nos recriminan que no tenemos el mismo tenor en nuestros reclamos hacia el gobierno nacional —lo cual no es verídico—, lo cierto es que nosotros somos bonaerenses y queremos que a nuestra provincia le vaya bien, gobierne quien gobierne. Para ello, consideramos que el primer paso es eliminar de una vez por todas los impuestos que pagan otros impuestos.

Por eso, la industria bonaerense propone trabajar en conjunto con los municipios para reclamar al gobierno nacional una reforma estructural: que las compras de los gobiernos locales dejen de estar gravadas con IVA (vía alícuota cero o devolución inmediata), resolviendo de raíz el rojo de las comunas. Como contrapartida indiscutible y bajo una estricta reciprocidad, los intendentes deben desarmar las tasas distorsivas sobre la producción y dejar de cobrárselas a la industria manufacturera.

El camino para preservar el trabajo argentino exige un acuerdo maduro y coordinado entre la Nación, la Provincia, los municipios y los sectores productivos. Si logramos ordenar los incentivos y dejamos de castigar al que invierte, las fábricas bonaerenses podrán afrontar la crisis de la mejor manera posible y volverán a concentrar toda su energía en lo que saben hacer en el momento en que se reactive la economía y el consumo interno: encender máquinas, generar empleo formal y dinamizar el desarrollo de nuestras comunidades.

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