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infobae.com · hace 1 hora · Nicolás Sturtz

Morosidad: la mitad de los deudores refinanciados sigue en mora y los jóvenes alcanzan el 63% de incumplimiento

Infobae

La mitad de las personas que refinanciaron sus deudas continúa en la misma categoría de morosidad, mientras que entre los jóvenes de hasta 25 años el incumplimiento llega al 63% en el financiamiento de cadenas comerciales. Los datos corresponden a la última actualización del Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA).

En diálogo con Infobae a la Tarde, Mariano Almeyda, director del Centro de Estudios para la Ciudad, vinculó el deterioro de la situación financiera con la insuficiencia de los ingresos para afrontar los gastos cotidianos y cumplir con las obligaciones crediticias.

El relevamiento incorporó una herramienta para seguir la evolución de quienes renegociaron sus obligaciones entre abril y agosto de 2026. Según los resultados presentados por Almeyda, el 50,6% permaneció en la misma categoría de morosidad, mientras que el 30,5% consiguió mejorar su situación.

El mapa también analiza el mercado secundario, donde fideicomisos y otras entidades adquieren carteras de créditos impagos para gestionar su cobro, por vías extrajudiciales o judiciales.

Una mujer con las manos en la cara frente a una laptop y varias facturas con sellos de pago vencido sobre una mesa de cocina.

Para Almeyda, el principal obstáculo no está en la posibilidad de renegociar una obligación, sino en la capacidad de pagarla con los ingresos disponibles. “El problema no tiene tanto que ver con esa necesidad de las personas de poder refinanciar la mora, sino que el problema radica en los ingresos”, afirmó.

La dificultad persiste cuando una cuota renegociada debe afrontarse con los mismos recursos que antes no alcanzaban para cubrir la deuda original. “Vos podés refinanciar reiteradamente o podés refinanciar una sola vez, pero siempre vas a estar condicionado a que no podés generar más ingresos para poder cancelar eso que estás refinanciando”, sostuvo.

El especialista también cuestionó las condiciones financieras que pueden multiplicar el capital adeudado y volverlo difícil de afrontar. Esa problemática forma parte de la discusión legislativa sobre las alternativas para regularizar los compromisos pendientes.

La situación de los menores de 26 años aparece entre los principales focos de preocupación del relevamiento. En la provincia de Buenos Aires, la mora de ese grupo llegó al 40% en algunas mediciones, mientras que el indicador alcanzó el 63% en las deudas con cadenas comerciales.

(Infobae en Vivo)

Almeyda relacionó esos niveles con las dificultades para acceder al empleo formal y conseguir ingresos suficientes. También destacó el papel de los neobancos y las fintechs en el acceso al financiamiento de los sectores más jóvenes. “Ahora es en base a necesidades básicas. La gente accede al crédito para poder comer”, afirmó.

El uso de préstamos para cubrir gastos cotidianos puede derivar en una acumulación de obligaciones cuando el dinero disponible no alcanza para cancelar los vencimientos. “Adquiero un crédito para pagar otro crédito y todo siempre dentro de este sistema de lo que es el acceso a través del celular o del dispositivo móvil”, describió.

El Mapa de la Deuda permite segmentar los registros por edad, género, entidad financiera y territorio. En la ciudad de Buenos Aires, la visualización presentada durante la entrevista mostró una situación más comprometida en barrios del sur, como Villa Lugano, Nueva Pompeya y La Boca, que en zonas como Palermo y Barrio Norte.

A nivel nacional, la tasa de mora se ubicó cerca del 19%. La Pampa registró un 13%, mientras que Santa Cruz llegó al 26% y La Rioja y San Luis rondaron el 25%. Almeyda atribuyó parte de las diferencias entre provincias a sus estructuras productivas y a las alternativas de financiamiento disponibles.

La Cámara de Diputados tiene previsto retomar el jueves 15 de octubre el tratamiento de iniciativas relacionadas con la morosidad. La oposición necesita reunir 129 legisladores para habilitar la sesión, que también contempla otros asuntos en la agenda parlamentaria.

Una mujer sentada frente a una mesa con un teléfono inteligente, facturas, un portapapeles, papeles arrugados y una taza blanca.

En materia de endeudamiento, los proyectos proponen respuestas diferentes. Una iniciativa impulsada por La Libertad Avanza, el PRO y parte de la Unión Cívica Radical prioriza la prevención y la información para quienes solicitan créditos, con mecanismos como la doble validación en determinadas operaciones mediante billeteras virtuales.

Otra propuesta, promovida por el peronismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, plantea límites a las tasas de interés, planes de refinanciación y una emergencia en materia de morosidad por 180 días.

Almeyda rechazó que la respuesta consista en recomendar a los deudores que dejen de pagar. “Empieza a circular la información de ‘no pagués’. Y en realidad la solución nosotros no vemos como que sea no pagar”, señaló.

En cambio, planteó la necesidad de establecer condiciones que permitan cumplir con las obligaciones sin que los costos financieros se vuelvan desproporcionados. Como ejemplo, advirtió sobre casos en los que una deuda original de $500.000 puede terminar en un monto de $8 millones.

El Centro de Estudios para la Ciudad participó en julio en las comisiones legislativas que analizaron los proyectos sobre refinanciación. En esa oportunidad, los economistas Delfina Ross y Lisandro Mondino presentaron información sobre el endeudamiento, antes de la actualización de agosto.

Para Almeyda, la magnitud del fenómeno justifica una respuesta estatal. “No es un problema entre particulares cuando tenés seis millones de personas endeudadas, y es el Estado el que tiene justamente que mejorar las condiciones de esta situación”, afirmó.

El Mapa de la Deuda se actualiza cada 60 días, de acuerdo con la publicación de datos del Banco Central. La información de agosto vuelve a poner en discusión las herramientas disponibles para afrontar la morosidad y las condiciones necesarias para que los hogares puedan regularizar sus obligaciones.

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