Créditos ficticios, balances irregulares y un contrato clave con Lázaro Báez: los detalles de la acusación a Máximo Kirchner en el caso Hotesur
Un aceitado vínculo comercial con Lázaro Báez. Contratos de alquiler, la adquisición de hoteles y su manejo en manos del amigo de la familia y contratista del Estado. Máximo Kirchner, sostiene la justicia, fue determinante para que la firma Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate) se convirtiera en una “pantalla” para “operaciones de lavado de dinero”. La justicia debe resolver si el caso de la inmobiliaria Los Sauces se juzgará con las maniobras de blanqueo alrededor de los hoteles.
La acusación fiscal sostiene que “funcionó una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.
El delito imputado se concretó a través de "un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades”.
Según la acusación, Néstor y Cristina Kirchner “incorporaron a la organización criminal a su hijo, quien formaría junto a su padre la firma Hotesur y junto a sus dos progenitores la empresa Los Sauces, de la que a su vez sería presidente, ocupándose de realizar, en nombre de aquellos y en representación de las sociedades la adquisición de propiedades, la firma y cobro de cheques con los que se canalizaban los fondos y la firma de contratos de locación” cuestionados.
A través de la actividad de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, se “legitimó una porción del dinero ilícito canalizado por las empresas del Grupo Báez (proveniente de la defraudación por obra pública vial en Santa Cruz) a favor suyo y de su familia”.
¿Cuál fue el rol del diputado nacional? En primer lugar, se le atribuye la “conformación de sociedades y adquisición de la cadena hotelera”. Es decir, de formar conjuntamente con su padre la empresa Hotesur y con ambos padres, la constitución de Los Sauces.
Desde entonces el líder de La Cámpora “actuó en nombre y representación de sus padres valiéndose de un poder general amplio”. Compró propiedades, gestionó la sociedad, ratificó la contratación con la gerenciadora pantalla Valle Mitre (propiedad Báez) y “retiró los fondos limpios”.
La justicia le atribuye haber participado de la venta de al menos diez propiedades a Austral Construcciones de Báez y de tierras fiscales en El Calafate a “valores multiplicados para obtener la liquidez con la cual la familia adquirió los hoteles”.
Además, en su rol de accionista de Hotesur, “aprobó los ejercicios económicos entre 2008 y 2013, designó a las autoridades del órgano de administración y ratificó los contratos de alquiler o cesión con Valle Mitre”. A través de esta última compañía, Lázaro Báez manejó los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea de El Chaltén.
La firma de Báez no contaba con fondos para pagar, mes a mes, el canon de locación a la familia Kirchner. Para fondear a Valle Mitre depositó más de 70 millones de pesos a través de Austral Construcciones, que tenía como único cliente al Estado Nacional a través de Vialidad.
La justicia federal también determinó que Máximo Kirchner se “benefició con la extracción directa de dinero de Hotesur, en concepto de "créditos" ficticios, retirando un monto total limpio asignado a su persona de 2.443.845,18 pesos”. Siempre a valores de 2008 a 2013, cuando -según la acusación- se desarrolló la maniobra de blanqueo.
De acuerdo con la acusación fiscal detallada en el requerimiento, Máximo Kirchner suscribió e intervino en la firma de los siguientes documentos: un poder “General Amplio de Administración y Disposición”, otorgado a su favor por sus padres el 31 de mayo de 2003, que le permitió intervenir en operaciones previas al comenzar con las maniobras de lavado de activos.
En representación de sus padres, Máximo Kirchner vendió a las firmas Austral Construcciones y Epelco y múltiples inmuebles en Río Gallegos. Por esas transacciones obtuvo 15.103.096 pesos. La documentación que consta en la causa también refleja que el hijo de Cristina Kirchner concretó la venta de tierras fiscales otorgadas por la Municipalidad de El Calafate, terrenos que se habían adquirido por 7,50 pesos el metro cuadrado.
Ante el escribano Ricardo Albornoz, Máximo aceptó la donación de 10.000 acciones de la firma Hotesur, que le otorgaron sus padres el 1º de diciembre de 2008.
Después ocurrió la suscripción de los contratos de locación con la empresa pantalla Valle Mitre, para ceder la administración y explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas.
Por eso, Máximo Kirchner fue el responsable de “firmar actas de asamblea y de directorio aprobando los estados contables, balances y memorias de Hotesur entre 2008 y 2013”, junto con la designación de autoridades y la distribución o retiro de fondos.
Ademas, el diputado nacional “firmó y cobró cheques con los que se canalizaban y retiraban los fondos de las sociedades”. Sin su participación, las operaciones de blanqueo no se habrían concretado.
En diversas pericias contables se determinó la falta de respaldo documental en gran parte de los movimientos financieros de la firma hotelera. Sin embargo, todos fueron “avalados por Máximo Kirchner”.
El hijo de la ex Presidenta intervino “directamente en las gestiones y operaciones financieras en nombre de sus padres (utilizando un poder general) para adquirir la totalidad del paquete accionario de Hotesur por 4,9 millones de dólares, así como la compra del Hotel Las Dunas por 700.000 dólares".
A esas operaciones se suma el “libramiento y cobro de cheques" con los que se canalizaban y extraían los fondos líquidos que ingresaban a la firma hotelera desde las empresas del Grupo Austral”.
Sin el aval de Máximo Kirchner tampoco se habría avanzado en una etapa determinante para el lavado de dinero: los contratos de locación con Valle Mitre, la firma gerenciadora de Lázaro Báez que no contaba con capacidad económica, y se alimentaba casi en forma exclusiva con fondos de Austral Construcciones (los cuales provenían directamente de la obra pública vial).
Otro dato relevante: Entre 2009 y 2013, Báez inyectó más de 70 millones de pesos en Valle Mitre, dinero que luego fue girado a Hotesur en concepto de alquileres, generando el ingreso de más de 27,5 millones de pesos directamente a las arcas familiares de los Kirchner.
Paralelamente, Máximo Kirchner suscribió convenios de alquiler de habitaciones del hotel Alto Calafate con otras constructoras de Báez (Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto), por habitaciones que nunca llegaron a utilizarse debido a que los supuestos pasajeros eran obreros que estaban trabajando a más de 300 kilómetros de distancia.
Finalmente, la acusación se refiere a la salida de dinero en efectivo bajo el concepto de "devolución de créditos" o "retiros de fondos" a favor de Máximo Kirchner por más de 2,4 millones de pesos, “sin cumplir los pasos legales del régimen societario para la distribución formal de utilidades o dividendos”.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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