Cheques, propiedades y un aumento patrimonial récord: Máximo Kichner se sienta en el banquillo de los acusados y hay varias pruebas que lo complican

Máximo Kirchner conocerá por primera vez el banquillo de los acusados. Desde el 23 de octubre comenzará a ser juzgado como organizador de una asociación ilícita y por lavado de dinero. Las operaciones investigadas determinaron que las empresas familiares solo se crearon para dar apariencia de licitud a fondos ilegales. Firmó contratos, cheques, retiro de dividendos, adquirió propiedades. En números: posibilitó el incremento patrimonial de Los Sauces SA, la inmobiliaria de la familia Kirchner, en un 12.000%, y "suscribió los contratos de locación e instrumentó los movimientos bancarios para recibir $25.968.042,30".

El próximo jueves 15 habrá una audiencia clave en la Cámara de Casación para resolver si la semana siguiente se comenzará a juzgar únicamente la causa Los Sauces SA o si será una debate oral donde se incluyan también las operaciones blanqueo de activos, corroboradas durante la instrucción, a través de la firma hotelera Hotesur SA.

La intervención del máximo tribunal penal es resultado de la oposición del fiscal general, Diego Velasco, a la realización de dos juicios, como dispuso el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), responsable de juzgar ambos expedientes. Los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti, consideraron que para imprimir celeridad a los debates era conveniente juzgarlos por separado. Argumentaron, entre otros aspectos, que había objetos procesales diferentes y testigos que no se comparten en las maniobras.

Todo lo contrario fue lo que manifestó el representante del Ministerio Público Fiscal: ambas empresas fueron utilizadas para blanquear fondos de origen ilícito, con la participación de Lázaro Báez y también de Cristóbal López. "Las compañías no tenían un fin comercial real, fueron solo una pantalla para la maniobra delictiva", sostiene la acusación.

Mientras se resuelve esta observación, el Ministerio Público trabaja en los requerimientos de acusación de los dos expedientes, en el análisis de la prueba suplementaria que se ordenó cuando los casos llegaron a la instancia de juicio y el desarrollo de las primeras audiencias.

Uno de los principales acusados tanto en Los Sauces SA como en Hotesur SA, es Máximo Kirchner quien -por primera vez-, se sentará en el banquillo de los acusados. La prueba documental lo vincula a diversas operaciones, a compra de inmuebles, contratos firmados con Lázaro Báez, entre otras acciones que desembocaron en su primer procesamiento.

En el caso de la inmobiliaria, la calificación e imputación general que se le atribuye al líder de La Cámpora es la de haber formado parte de la organización criminal en calidad de organizador de la asociación ilícita, así como coautor del delito de lavado de activos. Sostiene que el hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió entre enero de 2009 y marzo de 2016, un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de la firma Los Sauces SA”. Mediante este esquema se “buscaron legitimar fondos provenientes de la defraudación al Estado en la obra pública vial (Grupo Báez) y del pago de dádivas por contratos y beneficios otorgados (Grupo Indalo), encubriéndolos bajo la apariencia de cánones locativos (alquileres inmobiliarios y hoteleros)”.

En primer lugar, se le atribuye la constitución y dirección de la Sociedad Los Sauces. La compañía se creó el 7 de noviembre de 2006, con la intervención de Néstor y Cristina Kirchner. En esa estructura, el actual diputado nacional fue designado como presidente del Directorio, “ejerciendo la representación legal y la administración de los fondos”, sostiene el requerimiento de acusación.

Con la compañía creada y habilitada para comenzar a operar, Máximo Kirchner cumplió un rol central en la capitalización de la inmobiliaria, es decir en la adquisición e incorporación de inmuebles, terrenos y hoteles. El líder camporista aceptó en nombre de la sociedad la cesión de los terrenos ubicados en las calles Alvear al 390 y Mariano Moreno al 800, en la ciudad de Río Gallegos. En ellos, la empresa Loscalzo y Del Curto (de Lázaro Báez) construyó complejos de departamentos que luego fueron alquilados a empresas del mismo grupo.

Fue Máximo Kirchner quien suscribió el cheque de la cuenta de su padre para el pago inicial del departamento del piso 4° "L" y cocheras del complejo Madero Center (Puerto Madero). Asimismo, aprobó su ingreso a la empresa como presidente y formalizó la escritura traslativa de dominio.

En lo que concierne al dúplex pisos 8° y 9° de la calle Juana Manso, el diputado nacional firmó un cheque para el pago inicial, aprobó la compra y se “autorizó a sí mismo a formalizar la escritura del inmueble”. Ambos departamentos fueron posteriormente alquilados a firmas del Grupo Indalo (Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia) de Cristóbal López. El monto de compra del duplex y las cocheras ascendió a USD 1.407.000. El pago inicial realizado el 15 de octubre de 2008 fue de USD 422.000 y se abonó mediante el cheque N.º 01373276 de la cuenta de Néstor Kirchner por $1.341.960, firmado por Máximo Kirchner. El pago del saldo se concretó en 2009 por la suma de USD 985.000.

La compra del departamento en Madero Center se realizó por un valor de USD 943.000. El pago inicial también efectuado el 15 de octubre de 2009, fue de USD 283.000. Se concretó a través de un cheque firmado por Máximo Kirchner por un total de $899.940. Para que esta operación pueda efectuarse, se realizaron aportes irrevocables que fueron aprobados por Máximo Kirchner. El de su madre por $317.000 -siempre a valores de 2008-, el del ex Presidente, Néstor Kirchner, por $1.887.400. El total consolidado arroja un saldo de $2.204.400.

Hubo más. Los Sauces SA adquirió un terreno de 18.153,20 m² vendido por la Municipalidad de El Calafate a un precio subvaluado de $7,50 el m². El monto pactado fue de $136.149 pese a que su valuación real según el Tribunal de Tasaciones de la Nación era de $445.000. La operación fue aprobada por el diputado camporista. También se la atribuye la compra del terreno contiguo al Hotel Los Sauces -en El Calafate-. Aprobó la compra del lote y canceló el precio mediante un cheque de la cuenta de Néstor Kirchner. Con una superficie de 1.250 m², el monto de compra fue de $100.000 y se concretó mediante el cheque N.º 05457165 de la cuenta personal de Néstor Kirchner.

Entre otras operaciones de las que participó el hijo de Cristina se encuentra en lo que el requerimiento de acusación describe como una “simulación de compraventa de un terreno a Austral Construcciones S.A” -firma insignia de Báez-. Pero luego firmó una nota para "dejar sin efecto" la operación, “permitiendo que la sociedad conservara el inmueble sin realizar el pago formal”.

Ese terreno ubicado en la calle 25 de mayo de la capital santacruceña, de una superficie de 1.250 m², fue descripto de la siguiente manera: “monto de la simulación de compraventa por USD 97.000. Tras simular la compra, Máximo Kirchner envió una nota para "dejar sin efecto" la operación, conservando la propiedad sin haber pagado monto alguno”.

Para ese entonces, la familia Kirchner ya era propietaria de tres hoteles ubicados todos ellos en El Calafate. La inmobiliaria Los Sauces SA compró el cuarto complejo turístico en El Chaltén. Máximo Kirchner fue quien formalizó la adquisición de ese inmueble por $200.000, con un dato que resalta la acusación: “la tasación real superaba los $2.890.000”. Se abonó mediante cheque N.º 06974772. Ese hotel se emplaza en el terreno que pertenecía a una empresa de Lázaro y Martín Báez. Cuando la familia Kirchner compra el complejo hotelero, se lo entrega a la empresa Valle Mitre SRL para que lo administre, firma que pertenecía al Grupo Austral. Luego fue entregado en locación a Idea S.A. propiedad de Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo en la inmobiliaria y, a su vez, coimputado en las dos causas.

El “Bochi” Sanfelice, además, integró el directorio de Hotesur SA dueña del hotel Alto Calafate, e intervino en la compra de una importante propiedad de Los Sauces: el chalet de la calle Mascarello en Río Gallegos. Fue Máximo Kirchner quien suscribió la cesión del boleto de compraventa con Negocios Patagónicos S.A. (Osvaldo Sanfelice) e instrumentó la escritura pública para adquirir la vivienda destinada al uso personal de la ex Presidenta. Este inmueble ubicado en la costanera de Río Gallegos fue incorporado a Los Sauces SA mediante la cesión de boleto, cuyo valor ascendía a USD 250.000, pagaderos en 10 cuotas mensuales de USD 25.000 más USD 10.407 de intereses. La propiedad había sido comprada 12 meses antes por Negocios Patagónicos S.A. por $200.000 (aproximadamente USD 51.948).

El inmueble en San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple la condena por administración fraudulenta del caso Vialidad, pertenece a Los Sauces SA. Máximo Kirchner participó en la adquisición del departamento destinado inicialmente al uso de su hermana Florencia Kirchner. La propiedad se compró por USD 370.000, y se financió mediante la inyección previa de $4.000.000 procedentes de cuentas familiares y cancelado mediante cuatro certificados CEDINES.

La justicia federal también determinó que el líder de La Cámpora, fue responsable de la “firma de contratos y movimientos bancarios”. En representación de Los Sauces SA, suscribió contratos de locación con las empresas de Lázaro Báez (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Valle Mitre) y de Cristóbal López / Fabián De Sousa (Inversora M&S, Álcalis de la Patagonia, Idea S.A.). Los dos empresarios con sendos negocios -sobre todo Báez- con la familia Kirchner representaron el 88% de la facturación de Los Sauces SA.

“Máximo Kirchner se encargó de instrumentar la recepción, depósito y transferencia de los cheques y fondos provenientes del pago de los cánones locativos”, sostuvo la acusación que lo condujo a juicio oral.

Además, se le atribuye el retiro y beneficio directo de los fondos que fueron calificados de “ilegales” y bajo la “simulación de alquileres”.

En función de estos movimientos, la acusación sostiene que entre enero de 2009 y marzo de 2016 Máximo Kirchner “suscribió los contratos de locación e instrumentó los movimientos bancarios para recibir $25.968.042,30 en concepto de cánones locativos, que representaron el 88% de la facturación total de la empresa”.

Por ejemplo, el Grupo Indalo (Cristóbal López / Fabián De Sousa) pagaron a la familia Kirchner, una suma de $18.554.725,76 en forma directa y $561.665,57 de forma indirecta - a través de la firma Idea S.A. de Osvaldo Sanfelice-, quien era empleado de Inversora MS.

El detalle de los pagos son los siguientes: Inversora M&S S.A, un total de $13.896.672,68. Y Álcalis de la Patagonia S.A., pagó $4.658.053,08.

Lázaro Báez representó el pago de alquileres por una suma de $6.851.650,97. Ese valor se conforma de la siguiente manera: Valle Mitre S.A (que en simultáneo explotaba tres hoteles de la familia Kirchner), $2.836.724, Kank y Costilla S.A. $1.999.431,18; Loscalzo y Del Curto S.R.L., $1.691.580. Estas dos empresas construyeron departamentos para Los Sauces SA y los alquilaron después. Finalmente, Austral Construcciones S.A que abonó $323.915,76.

Las acciones respaldadas por Máximo Kirchner permitieron el “aumento Patrimonial e incremento accionario de la Sociedad”, sostiene la acusación.

Al momento de cotejar el capital inicial versus el patrimonio neto final se determinó que la empresa fue constituida con un capital de $100.000 (con un 10% inicial asignado a Máximo Kirchner). Gracias a la canalización de fondos, “el patrimonio neto de la firma aumentó un 12.000%, alcanzando los $12.122.430,26 al momento de la imputación”.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]

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