El plan electoral de Milei y el fantasma de Menem
Dentro de un año, los argentinos estaremos sumergidos en el fragor de una nueva campaña electoral. Nada hace presumir que se tratará de un paseo por un parque para Javier Milei, como pronosticó Luis Caputo. Lejos está también de cumplirse el presagio del ministro de Economía de abril último, cuando vaticinó que los siguientes 18 meses serían los mejores que la Argentina haya visto en las últimas décadas. Seis meses después de que el titular del Palacio de Hacienda pronunciara esa frase en la AmCham Summit, la realidad económica muestra una reactivación muy dispar y el orden macroeconómico tropieza con las dificultades de la calle y la pérdida de poder adquisitivo en vastos sectores de la sociedad.
El presidente Milei aspira a que la ciudadanía lo premie con la reelección por su exitoso combate contra el déficit fiscal y la inflación, que bajó del 211% a alrededor del 30% desde que llegó a la Casa Rosada, del mismo modo que favoreció a Carlos Menem en 1995. La derrota de la hiperinflación y el llamado “voto cuota” fueron decisivos 31 años atrás para que Menem, después de la reforma constitucional, fuese reelegido presidente con el aval de casi la mitad de los votantes. Claro que dos años más tarde, la victoria frente a la inflación pasó a un segundo plano y las preocupaciones de la sociedad comenzaron a enfocarse en otras cuestiones, como la incipiente recesión y la corrupción pública. El menemismo empezó a perder apoyos frente a la alianza integrada por la UCR y el Frepaso en los comicios legislativos de 1997 y cayó ante Fernando de la Rúa en las elecciones presidenciales de 1999.
El reconocimiento público por el logro de un gobierno nunca dura para siempre. La “revolución de las expectativas crecientes” es un concepto sociológico y político que define una situación en la cual las aspiraciones de mejora social y económica de una población crecen a un ritmo mucho más veloz que la capacidad real de las instituciones o de los gobiernos para satisfacerlas. El descontento que se vincula con ese fenómeno social no nace de escenarios de pobreza extrema y de mayor opresión, sino justo cuando las cosas empiezan a mejorar. Se explica por la teoría de la curva en J, desarrollada por el sociólogo estadounidense James Chowning Davies, según la cual, tras un período de cierto avance económico y social, las expectativas de la población suben en línea recta; pero, de pronto, el progreso se detiene o se desacelera bruscamente en forma de J invertida, al tiempo que las aspiraciones de la gente continúan subiendo por la inercia del optimismo previo. Cuando esa brecha se acentúa, la frustración puede transformarse en rebelión.
Al haber construido su identidad política sobre la promesa de terminar con los privilegios de la política tradicional, Milei elevó la vara de la transparencia institucional a niveles inéditos para sus seguidores. Bajo la lógica de las expectativas crecientes, cualquier episodio reñido con la honestidad y toda contradicción respecto del discurso original del Presidente son juzgados con una severidad mucho mayor por parte de una sociedad que ya no tolera los estándares del pasado.
El hecho de que no se perciba hoy en la vereda de enfrente del Gobierno, copada por el peronismo, una alternativa coherente y sólida que ofrezca un horizonte de esperanza es la principal ventaja que favorece al oficialismo mileísta. Sin embargo, el temor a que las mencionadas expectativas crecientes, en lugar de una revolución, desencadenen una “revuelta”, en el sentido de un retorno al pasado populista, está presente en no pocos inversores. No deja de ser llamativo que en cualquier encuentro internacional con hombres de negocios, los funcionarios gubernamentales deban responder siempre las mismas preguntas: ¿qué garantías hay de que el modelo continuará después de las elecciones de 2027? ¿Puede volver el kirchnerismo?
Cierto nerviosismo que se advierte en hombres del Gobierno no hace más que fogonear esas dudas. Empezando por la demanda de Luis Caputo de un urgente blindaje político del programa económico, siguiendo por los mensajes de diferenciación de Patricia Bullrich y terminando con el festival de insultos y exageraciones -siete golpes de Estado y 30 mil terroristas deportados- del propio Milei.
La desesperación del Poder Ejecutivo por sancionar una reforma electoral que ponga fin a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) puede ser interpretada como otra señal de debilidad del Gobierno. Esta negociación está sometida ya a una cuenta regresiva, por cuanto la Cámara Nacional Electoral advirtió formalmente al Congreso de la Nación que el país se encuentra al límite temporal recomendado para modificar las reglas de juego de cara a las elecciones nacionales de 2027. Señaló en una acordada extraordinaria que el plazo ideal para introducir cambios legislativos en el sistema electoral es de entre tres y seis meses antes del inicio del proceso comicial, que arrancará en abril próximo. Se trata del plazo indispensable para que las autoridades y los partidos políticos armonicen sus reglamentos.
El Gobierno ha iniciado gestiones urgentes con los gobernadores dialoguistas para eliminar o suspender las PASO
El oficialismo requiere primeramente una mayoría absoluta de 37 senadores para darle media sanción a la ley que suspenda las PASO, para lo cual el Gobierno ha iniciado gestiones urgentes con los gobernadores provinciales dialoguistas, a fin de que persuadan a los representantes parlamentarios de sus distritos de votar el proyecto oficial.
Entre los fundamentos empleados por el Poder Ejecutivo para propiciar la derogación de las PASO, se menciona que implican un gasto público tan grande como innecesario para la organización de una elección que, en la mayoría de los casos, no dirime verdaderas internas partidarias, puesto que las fuerzas políticas suelen presentar listas únicas de candidatos y se termina asistiendo a una simple encuesta nacional financiada por el Estado de cara a los comicios generales. En tal sentido, sostener un sistema obligatorio de primarias abiertas para que los líderes partidarios terminen eligiendo a dedo y entre cuatro paredes a los postulantes resulta un despropósito.
Se ha esgrimido también que los resultados de las PASO, normalmente desarrolladas en agosto, suelen anticipar el escenario de los comicios generales de octubre. Es algo que puede provocar inestabilidad en los mercados, fuertes saltos cambiarios y parálisis económica durante el período de transición, tal como ocurrió en 2019, tras las primarias en las cuales el kirchnerismo obtuvo más votos que la coalición liderada por el entonces presidente, Mauricio Macri.
Claro que, más allá de esos argumentos, impera el convencimiento de que, en esta ocasión, el mileísmo buscaría evitar que la principal fuerza opositora, el peronismo, pueda resolver sus disputas internas a través de las primarias abiertas, forzando una atomización del sistema que lo beneficiaría en la elección general presidencial. Eso podría obligar al peronismo a seleccionar sus candidatos a dedo o a que sus postulantes se presenten divididos en más de una coalición electoral, favoreciendo a La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, colocaría a fuerzas como Pro y la UCR en una encrucijada, ya que, sin las PASO, se verían forzadas a negociar de forma manual las listas de candidatos con los libertarios.
La alternativa que en las últimas horas se baraja es que, a cambio de que se suspendan las PASO, el oficialismo acepte la posibilidad de autorizar listas colectoras en los frentes electorales. Este mecanismo permitiría a dos o más partidos políticos presentar sus propias nóminas de candidatos a determinados cargos electivos, como por ejemplo diputados nacionales, aunque todos apoyen a la misma fórmula presidencial.
Pero lo cierto es que las negociaciones con los gobernadores tienen sus bemoles. El beneficio que mínimamente reclaman los mandatarios provinciales para avalar la suspensión de las PASO es que La Libertad Avanza no condicione sus posibilidades de ser reelegidos o de conservar el poder territorial en sus distritos. Hay provincias que los libertarios no tienen chances de conquistar, pero sí de complicar a los oficialismos, y hay otras donde el mileísmo podría disputar el poder, como la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, y donde los líderes territoriales le reclamarán a Milei que resigne sus eventuales aspiraciones de dominar esos distritos.
El principal obstáculo para un acuerdo entre Milei y los gobernadores dialoguistas es que cualquier negociación tiene, como señala el analista Lucas Romero, “un pago diferido”. En otras palabras, los mandatarios provinciales podrían pagarle ahora al Presidente apoyando la eliminación o suspensión de las PASO, pero la contraprestación que les ofrezca Milei deberá esperar al año próximo, a la hora de la oficialización de la oferta electoral. Los gobernadores precisan certezas de cumplimiento de quienes ya habrían incumplido en varias oportunidades sus compromisos. Hay, por lo tanto, una desconfianza inicial que no contribuye a un rápido entendimiento. A ese interrogante, hay que sumar la necesidad de garantizar un acuerdo previo con el macrismo para conseguir los votos indispensables en la Cámara de Diputados.
Por ahora Milei obtendría más votos que cualquiera de sus potenciales competidores del peronismo
Entretanto, el debate sobre el futuro de las PASO está haciendo olvidar otros temas más trascendentes, como la necesidad de sancionar definitivamente la ley de ficha limpia, tendiente a impedir que los condenados en dos instancias por delitos graves puedan postularse a cargos electivos nacionales, y la importancia de extender el sistema de boleta única a 15 provincias que aún no la han adoptado.
Otra cuestión que complica un acuerdo con los gobernadores es la garantía de solvencia del gobierno nacional. Esto es, cuánto va a valer Milei el año próximo. ¿Seguirá siendo una figura política a la que convendrá abrazar de cara al proceso electoral o alguien a quien será mejor tener lejos?
El último relevamiento del Observatorio de Psicología Social de la UBA, correspondiente a septiembre, plantea que, frente al escenario electoral de 2027, entre 3031 personas consultadas en el orden nacional, el 58% prefiere un cambio de gobierno y el 42% la continuidad.
¿Significa el hecho de que casi seis de cada diez ciudadanos prefieran un cambio que Milei carecería hoy de chances de ser reelegido? No necesariamente, porque el rechazo a un hipotético retorno del peronismo al poder es igualmente alto. La posibilidad de que las elecciones presidenciales del año próximo terminen definiéndose por la famosa opción por el mal menor sigue siendo una realidad.
Según la citada encuesta del centro de la Facultad de Psicología de la UBA, en un hipotético balotaje entre Milei y Axel Kicillof, el actual presidente obtendría hoy el 44% de los votos y el gobernador bonaerense el 42%. Un 11% no elegiría a ninguno de los dos y un 3% no sabe.
Si la segunda vuelta fuese entre Milei y Sergio Massa, la ventaja para el líder libertario sería de 44% a 35%, con un 16% que no elegiría a ninguno y un 4% que no sabe.
En síntesis, dentro de un clima general predominantemente negativo y con una marcada segmentación de las opiniones, el Gobierno conserva un apoyo elevado dentro de su electorado previo, aunque es desaprobado por la mayoría de la población. La preferencia por un cambio de gobierno puede resultar mayoritaria, pero las alternativas de quienes expresan esa preferencia de cambio son heterogéneas, por lo que por ahora Milei obtendría más votos que cualquiera de sus potenciales competidores del peronismo, aunque sin tener asegurado el triunfo en la primera vuelta electoral.
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