Diez días de vértigo y desconcierto en la Corte

Con conjueces y de urgencia, el tribunal firmó ayer un fallo que repuso los límites a la ley de tierras; fue el final de casi dos semanas de corridas, internas y movimientos defensivos en el Palacio de Justicia

Más de dos años tardó la Corte Suprema en resolver, sin entrar en el fondo del debate, su primer caso vinculado con la ley de tierras y el DNU de Javier Milei que la derogó. Menos de dos semanas se tomó para encontrar una solución que le permitió revertir los efectos de ese fallo.

Fueron días de desconcierto y vértigo en la Corte, normalmente parsimoniosa, que acortó al máximo todos los plazos del segundo expediente, a punto tal que dos conjueces tuvieron poco más que una noche para ponerle su firma a una medida cautelar de las más extremas, en un “acuerdo extraordinario”, convocado de un día para el otro. Ese acuerdo, en realidad, consistió en fijarle fecha y hora al nuevo fallo que dictarían, porque los jueces nunca se reunieron, ni en persona ni de forma virtual.

Durante el puñado de días que, por efecto de la primera sentencia de la Corte, la venta de tierras a extranjeros estuvo permitida sin límites, la oposición se ilusionó con hacer caer todo el gigantesco DNU 70/2023 de Javier Milei y el Gobierno se vio obligado a apurar gestiones imprevistas para impedir que eso prosperara. En las redes sociales, las críticas a la Corte coparon el debate y, dentro del tribunal, que había dictado el primer fallo por unanimidad, salieron a la luz, otra vez, viejas y nuevas internas.

Esta es la cronología de la novela judicial de la ley de tierras, día por día:

En su acuerdo de los martes, la Corte Suprema incluye un fallo sorprendente, que difunde a la prensa entre las sentencias más trascendentes del día. Con un argumento exclusivamente procesal, revoca una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que, a pedido de un grupo de excombatientes de Malvinas, había declarado inconstitucional un artículo del gigantesco DNU 70/2023 de Milei y esa decisión tiene un efecto de gran impacto: hace que deje de regir la ley de tierras. Por ende, caen todas las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.

Sorprenden el caso elegido y el momento. La Corte tenía este expediente, en condiciones de ser resuelto, desde mayo de 2024. No tiene plazos ni una agenda que deba seguir (algo que sí tienen tribunales de otros países y que la Corte instrumentó durante unos meses, pero pronto abandonó porque condicionaba sus movimientos). No se entiende la elección del caso porque, si quería fallar sobre el DNU 70 -algo que se le reclama desde hace años–, tenía otros expedientes como el planteo de la CGT, en el que incluso hay un dictamen del Procurador General contra la validez del decreto. Y desconcierta la oportunidad: ¿por qué ahora? Lo que meses antes se hubiera leído como un claro triunfo del Gobierno en la Corte, es ahora un fallo muy incómodo para un Presidente que exhibe su nacionalismo como nunca después de que los jugadores de la selección nacional mostraron la bandera de “Las Malvinas son argentinas” en el Mundial de fútbol.

El fallo de la Corte genera un aluvión de críticas que los jueces que la dictaron no esperaban. La oposición actúa rápido, sostiene que es necesario reponer la ley de tierras y, para eso, amenaza con convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados que haga caer todo el DNU 70/2023 -y no solo el artículo que derogó la ley de tierras-. Este decreto ya había sido rechazado por el Senado, pero Diputados nunca lo había tratado. Todo indica que los votos no le alcanzan, pero el Gobierno queda en una situación muy incómoda. En la Casa Rosada dicen estar sorprendidos por el fallo de la Corte.

En San Martín de los Andes, se celebra una reunión de jueces de la que participarán, sin cruzarse, los tres jueces de la Corte durante los dos días siguientes. El miércoles por la noche, Lorenzetti, ya en Neuquén, acuerda con Rosatti que tienen que dar una explicación pública que frene las lecturas -según ellos, injustas y desproporcionadas- que se estaban haciendo del fallo.

A primera hora, voceros de Rosatti y Lorenzetti hacen llegar a periodistas un comunicado “aclaratorio” de la Corte, que el tribunal no publica oficialmente ni difunde por ninguno de sus canales formales. Horas más tarde, Rosenkrantz hará saber que él no había participado ni consentido la redacción ni la difusión de ese documento.

En ese comunicado, la Corte se queja de las críticas, dice que en el caso de los excombatientes solo se había resuelto un aspecto procesal y advierte que el escenario podría cambiar si alguien planteara otro caso “con el mismo objeto”; dice que podría ser un caso ambiental. Por la tarde, ese caso aparece en la Corte. A las 16:22, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que presidió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante el gobierno de Alberto Fernández, presenta ante el tribunal un escrito diciendo que ella tenía un amparo contra la derogación de la ley de tierras presentado junto con una asociación ambientalista y grupos indígenas, que ese planteo había sido considerado “conexo” al de los excombatientes y que, por ende, no había tenido un tratamiento específico. Alega que su legitimación es diferente de la que les rechazaron a los excombatientes. Pide que, como medida cautelar, se repongan los límites de la ley de tierras. Era el caso ideal para que la Corte volviera sobre el tema.

Mientras tanto, llega Rosenkrantz a la cumbre de San Martín de los Andes. No se cruza con Lorenzetti, que se va antes, ni con Rosatti, que arriba después, pero sí con manifestantes que protestan contra el fallo frente al hotel donde se reúnen los jueces. “Corte Suprema vendepatria”, dice uno de los carteles. Puertas adentro, Rosenkrantz da un discurso que reaviva otra interna de la Corte: reclama que los jueces que integran el Consejo de la Magistratura mejoren el proceso de selección de magistrados. Él y Lorenzetti mandaron en marzo al Consejo un proyecto para reducir la “discrecionalidad” en la elección y pidieron que se aprobara cuanto antes y sin cambios. Rosatti, que preside el Consejo, hizo saber que eso no iba a pasar; que el proyecto sería “enriquecido” con otros aportes. Es un tema especialmente delicado: el mismo día que Lorenzetti y Rosenkrantz denunciaron públicamente los excesos de discrecionalidad, el Consejo aprobaba la terna para juez encabezada por el hijo de Rosatti, que había escalado posiciones en el concurso gracias a un último paso del trámite que ahora Lorenzetti y Rosenkrantz pedían regular para evitar “alterar el orden de mérito con consideraciones que no son de mérito”.

La interna de la Corte vuelve a mostrarse. “Hay que tener temple para soportar las críticas a los fallos”, dice Rosenkrantz, en clara alusión a la reacción de sus colegas ante los cuestionamientos por el fallo de la ley de tierras.

La oposición está a una decena de votos de abrir en Diputados el debate para hacer caer todo el DNU 70. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negocian para contener a los aliados.

Organizaciones peronistas y de izquierda montan una protesta frente al Palacio de Justicia. La Corte sorprende con un anuncio: sorteará a dos conjueces para tratar otro caso vinculado a la ley de tierras. Es el de Odarda, Árbol de Pie y dos comunidades indígenas. A las 11:29 la Corte anuncia que el sorteo de los conjueces será a las 16:30. Odarda se presenta y dice que, con el poco tiempo que le dio el tribunal, no puede llegar desde Río Negro para presenciar el sorteo. A las 14:54, la Corte le responde que podrán participar de forma remota. Salen sorteados los camaristas Diego Barroetaveña (Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de Mendoza). La necesidad de conjueces deja a la vista que los tres ministros no están de acuerdo con la solución a tomar.

A las 17:09, Sergio Miguel Nápoli, secretario de la Corte, firma una resolución que anuncia que “por disposición del Tribunal”, se notifica a las partes quiénes son los conjueces sorteados y les advierte que “en atención a las particulares circunstancias de la causa” (particularidades que nunca detalla), “corresponde abreviar el plazo para que dicha integración quede consentida, el que se fija en 24 horas”. El apuro es tal, que la resolución agrega: “A ese solo efecto, habilítanse días y horas inhábiles”.

Por la tarde, cuando se cumplen las 24 horas y queda definida la integración del tribunal, Rosatti convoca a sus colegas y a los dos conjueces a un acuerdo extraordinario para las 9 del viernes. Para entonces, el fallo estará listo. Jueces y conjueces cruzan llamadas hasta tarde. Se avecina una medida cautelar. Rosenkrantz no va a acompañarla. Ninguno de los conjueces es especialista en el tema que están discutiendo -los dos son penalistas- y si en general los conjueces suelen tener una injerencia acotada en la redacción de los fallos que firman, en este caso, con tan poco tiempo, aún menos. Los dos acompañan el proyecto de la mayoría.

Temprano por la mañana, el expediente de Árbol de Pie va a “Coherencia”, el área de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte que hace la revisión final de los proyectos de sentencia para prevenir errores. El fallo ya está listo, incluida la disidencia de Rosenkrantz. Los jueces y conjueces lo firman, cada uno desde donde está, con su computadora. En ningún momento se reúnen.

Por mayoría, la Corte resuelve que el caso debe volver a Bariloche para que lo tramite el juez de primera instancia y decida si es inconstitucional la derogación de la ley de tierras, pero la clave del fallo es que dicta ella misma una medida cautelar “interina” que repone los límites a la venta de tierras a extranjeros. En la práctica, revierte los efectos de su propio fallo de la semana anterior y alivia al Gobierno.

Rosenkrantz hace una dura disidencia en la que dice que “el descontento que en distintos sectores de la sociedad pudo haber causado la sentencia” del tribunal de la semana pasada “no justifica adoptar decisiones que la Constitución y las leyes no permiten”.

Lorenzetti da una entrevista a A24 y sostiene que un fallo no fue una reacción a los efectos del otro. Que debieron tratar primero el de los excombatientes porque son procesos colectivos y ese estaba inscripto primero. Eso generó que el segundo (el de Árbol de Pie) quedara para “el acuerdo de la semana siguiente”, dice, pese a que el planteo que resolvió ahora la Corte, en rigor, recién entró al tribunal el jueves de la semana pasada. Advierte que nadie puede dudar de su compromiso con la protección del ambiente, un tema del que es especialista desde hace muchos años, y se queja del “humo digital” de quejas en las redes sociales.

El caso de Árbol de Pie vuelve a Bariloche, para que se ocupe el juez de primera instancia, pero con la ley de tierras vigente, ya sin urgencia.

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