El Estado que llega como castigo
La ley 27.801 entró en vigencia en septiembre; la jueza bonaerense Marta Elba Pascual suspendió preventivamente su aplicación en la provincia. El 15 de septiembre, la Cámara de Lomas de Zamora revocó esa medida. Días más tarde, en la Ciudad, la jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad en un caso concreto y sobreseyó a un chico de 14 años acusado de un intento de robo sin heridos ni daños. La Cámara porteña revocó el fallo y, además, la apartó de la causa. El apartamiento de De Marinis deja un mensaje que va más allá del expediente: quien se anime a aplicar la Convención sobre los Derechos del Niño se expone a ser removido.
La nueva ley empeora una situación que ya era compleja: un sistema desbordado, sin equipos especializados suficientes, sin dispositivos para acompañar el egreso, sin presupuesto. Baja la edad de punibilidad a los catorce años, suprime las escalas penales atenuadas y amplía la discrecionalidad judicial. Promete, a cambio, medidas alternativas y una finalidad socioeducativa que va a contramano de todas las políticas y discursos de este gobierno.
La objeción de fondo es constitucional y no sólo presupuestaria. El Comité de los Derechos del Niño fija en catorce años el piso mínimo compatible con la Convención, recomienda umbrales más altos y le pidió expresamente a la Argentina, en 2018 y en 2024, mantener la edad en dieciséis. Con la ley vigente, se eligió llevarla al borde, y eliminar al mismo tiempo las respuestas diferenciadas que los estándares internacionales exigen precisamente para los adolescentes más jóvenes.
Las experiencias y los estudios sobre la cuestión coinciden: no hay evidencia de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad.
Nada de esto ocurre en el vacío. El gobierno porteño ya hizo su bajada: un protocolo, firmado por los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y por el propio Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, obliga a los directivos a denunciar ante la Justicia a estudiantes desde los 14 años, incluso por hechos ocurridos fuera de la escuela, y habilita el ingreso de la Policía a los establecimientos.
Desde Fundación SES volvemos a insistir: ningún chico nace peligroso. Peligroso es un Estado que llega tarde, o que llega solamente con patrulleros y rejas, ahora también en la puerta del aula.
En ese entramado, las organizaciones sociales y los clubes de barrio cumplen un papel que ninguna ley penal puede reemplazar. Son, muchas veces, el primer lugar donde lxs pibes encuentran un adulto que los escucha, un espacio de pertenencia, un plato de comida, un entrenamiento, un proyecto compartido. Están donde el Estado no llega o llega tarde, y sostienen todos los días trayectorias que de otro modo quedarían a la intemperie. Sin embargo, también son blanco de las políticas de ajuste: programas discontinuados, financiamiento recortado, tarifas que se vuelven impagables y equipos que trabajan cada vez con menos recursos. Desarmar ese tejido comunitario no es un ahorro: es dejar sin red a miles de chicos y chicas justo cuando más la necesitan.
Seguridad no es encerrar antes. Seguridad es que podamos vivir en comunidades donde todas las familias y lxs pibes estén incluidos, a través de políticas e instituciones que los contengan, acompañen su crecimiento y promuevan su desarrollo.
La ley ya rige. Lo que viene no es un debate abstracto: son plazos, causas y vidas concretas puestas en juego. Es necesario estar ahí, exigiendo que cada garantía que la norma promete se cumpla, y que las escuelas sigan siendo espacios de cuidado y no de denuncia. Es fundamental no abandonar la lucha. Es necesario un presupuesto para la prevención y el egreso, y una articulación real entre educación, salud, desarrollo social, trabajo y las organizaciones comunitarias que sostienen la vida en los barrios.
