Modelo en terapia intensiva
Cuando comenzó la desregulación de las cuotas de medicina prepaga con el DNU 70/23, se planteaba permitir al mercado “corregir los precios relativos”: que las cuotas costaran lo que deben costar y las prepagas pagaran las prestaciones lo que deben pagar. Sin embargo, la corrección fue muy distinta a la anunciada.
Según datos del Indec, las cuotas de las empresas de medicina prepaga acumulan un aumento del 417% desde que asumió Javier Milei, mientras que la inflación fue del 293%. El sector salud sigue recibiendo pagos diferidos y cápitas bajas, con cartillas médicas cada vez más delgadas. 742 mil personas perdieron su cobertura privada y pasaron a depender de un sistema público que ya atiende a más de diez millones de argentinos.
Cuando todo esto comenzó, me presenté ante la Autoridad Nacional de la Competencia. Las prepagas parecían aumentar sus cuotas en forma coordinada y un empresario reconocido del sector manifestó que se haría cargo de coordinar los aumentos. Esa estrategia antimercado fue denunciada y se encuentra en investigación por cartelización.
A partir de nuestra denuncia, la autoridad de competencia dictó una medida de tutela anticipada que obligó a siete empresas (OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán y Hospital Británico) a retrotraer las cuotas a diciembre de 2023 y aplicar el IPC como tope de aumentos. La causa continúa en trámite.
Por entonces, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”. Sin embargo, esa definición no se tradujo en medidas concretas. En julio de 2024, luego de un acuerdo de la Superintendencia con 41 empresas, la cautelar se levantó, sin una sanción firme ni condiciones claras para ordenar el funcionamiento futuro del sector. Se dispuso devolver lo cobrado en exceso durante los primeros seis meses del año, en 12 cuotas.
Las presiones sobre la clase media no cesaron y golpearon a los jubilados, que aportaron durante toda su vida, mientras sus jubilaciones se congelaban y sus cuotas aumentaban. El Gobierno terminó corriéndose del problema y, alineándose con las empresas.
Milei repite que el liberalismo es “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”. Pero ¿qué proyecto de vida puede sostener una persona a la que la cuota de la prepaga le consume el sueldo, que debe abandonar tratamientos o dejar su cobertura porque ya no puede pagarla? El derecho a la salud es la expression del derecho a la vida.
El problema se traslada del sector privado al público, mientras nadie se anima a confrontar los precios de los medicamentos ni a buscar una corrección equitativa de los precios de las prestaciones. Hasta que eso suceda, algunos acumulan a costa de los pacientes y del Estado, sin dar garantías suficientes.
La medicina prepaga es un mercado imperfecto. Pensemos en una persona mayor o con una enfermedad preexistente, en medio de un tratamiento: ¿qué margen real tiene para cambiar de prepaga? Prácticamente ninguno. Por eso hace falta intervención estatal, sin asfixiar al sector. El liberalismo bien entendido exige competencia real, reglas y un Estado que regule aquello que el mercado no puede resolver solo.
Las prepagas son una industria y necesitan ser rentables para sostenerse. Pero una cosa es la rentabilidad y otra que se construya dejando a la gente sin cartilla o expulsándola del sistema.
Para abordar estos problemas hay una salida. La llamo las “tres E”: empatía con quienes aportan mes a mes a un sistema que no les devuelve la cobertura prometida; eficiencia y eficacia para sostener la capacidad operativa y reconocer el rol insustituible del Estado allí donde el mercado falla; y ética de gestión.
