El Gobierno apeló el fallo que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El Gobierno nacional apeló el fallo judicial que declaró parcialmente inconstitucional el decreto que suspendía la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó avanzar con su cumplimiento. El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y busca revertir la decisión del juez Martín Cormick.
La sentencia había dejado sin efecto el Decreto 759/2025, que frenaba la aplicación de la ley. Ahora, el Poder Ejecutivo cuestionó los argumentos del magistrado y sostuvo que la resolución genera consecuencias presupuestarias de gran magnitud.
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En el escrito, el Gobierno afirmó que el fallo se basa en una interpretación “arbitraria y fragmentaria” de las normas presupuestarias y que no responde de manera adecuada a los argumentos presentados por el Estado. También advirtió que la ejecución de la ley comprometería el equilibrio de las cuentas públicas.
Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo es que la Ley de Financiamiento Universitario no identifica, según su interpretación, una fuente de recursos específica y suficiente para cubrir los gastos que establece.
El Ministerio de Capital Humano también objetó el amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según planteó, esa vía judicial no sería adecuada para resolver una controversia que requiere determinar montos, fuentes de financiamiento y aspectos normativos en discusión.
En materia presupuestaria, el Gobierno sostuvo que la ley debe interpretarse en conjunto con otras normas que regulan la administración financiera y la ejecución del gasto público. En ese sentido, argumentó que, si los fondos deben obtenerse mediante reasignaciones presupuestarias, sería necesario reducir partidas destinadas a otras áreas.
El recurso sostiene que la aplicación de la norma exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado nacional, según los cálculos expuestos por el Ejecutivo.
Además, el Gobierno advirtió que confirmar la sentencia podría afectar la división de poderes, al obligar al Poder Ejecutivo a ejecutar gastos sin resolver previamente su compatibilidad con el régimen de administración financiera y la Ley de Presupuesto vigente.
