Qué queda después de AySA: el gobierno busca recaudar u$s2.300 millones con más privatizaciones para afrontar deuda
El Gobierno de Javier Milei acelera su programa de privatizaciones tras la resolución de AySA, con la mira puesta en los trenes de carga, las empresas energéticas y nuevas concesiones de infraestructura. El Ministerio de Economía recibió propuestas de hasta u$s340,2 millones por el 90% de la compañía de agua y saneamiento y prepara otras operaciones para los próximos meses, mientras busca obtener alrededor de u$s2.300 millones adicionales por privatizaciones entre lo que queda de 2026 y 2027.
El objetivo forma parte de la estrategia financiera presentada por Luis Caputo para afrontar vencimientos de deuda y trasladar al sector privado inversiones que el Estado no puede financiar.
AySA volvió a manos privadas: quién es el nuevo dueño que ofertó u$s340,2 millones
Este 8 de octubre, Economía abrió las ofertas económicas para seleccionar al nuevo operador estratégico de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). ROWING S.A., a través del consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, presentó una propuesta de u$s340,2 millones, mientras que ROGGIO ROAS S.A. y sus socios ofrecieron u$s285 millones. La operación contempla transferir el 90% de las acciones al sector privado, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
El avance de AySA se inscribe en el Programa Financiero 2026-2027, presentado en julio por Caputo, que prevé ingresos por privatizaciones de u$s800 millones durante 2026 y u$s1.500 millones en 2027. Según las proyecciones de la Secretaría de Finanzas, el Tesoro enfrenta necesidades financieras por u$s19.200 millones este año y u$s24.900 millones el próximo, de los cuales u$s9.300 millones y u$s15.700 millones, respectivamente, corresponden a vencimientos de capital. En ese esquema, las ventas de activos estatales aparecen como una de las fuentes de dólares para cubrir los compromisos financieros.
La privatización de AySA también contempla compromisos de inversión superiores a u$s2.000 millones. El nuevo contrato de concesión establece un Plan de Acción por $2,89 billones para el período 2027-2031, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que incluye $1,13 billones destinados a obras, $1,15 billones a mantenimiento, $315.761 millones a mejoras y $296.166 millones a operación. El objetivo es ampliar la cobertura de agua potable al 75,3% y la de cloacas al 63,9% para 2031, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse niveles mínimos del 90% y 75%, respectivamente.
El Ministerio de Economía justificó la decisión al señalar que, entre 2006 y 2023, AySA recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de u$s13.400 millones, aunque un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas. Según el diagnóstico oficial, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%. Con el nuevo esquema, el Gobierno busca que el operador privado asuma las inversiones y la expansión del servicio, mientras el Estado conserva las funciones de regulación, supervisión y control.
Walter Román, el empresario que se asoció con El Rey del Cloro para quedarse con AySA
Para Aldo Abram, economista de la Fundación Libertad y Progreso, el ingreso de divisas por la privatización de AySA representa un alivio para el Gobierno ante los vencimientos de deuda en dólares, aunque consideró que el principal beneficio podría provenir de las inversiones comprometidas. En ese sentido, explicó que “el Estado no tiene plata” para concretar determinadas obras, mientras que el sector privado dispone de recursos y acceso al crédito para financiarlas. Sin embargo, advirtió que esos compromisos tienen una contrapartida: “Lo que uno va a cobrar es menos por la empresa por ese compromiso de inversiones”.
Sin embargo, Guido Zack, economista de Fundar, relativizó el impacto financiero de la privatización de AySA. “No es un monto que va a mover el amperímetro de acumulación de reservas del Banco Central”, sostuvo sobre los u$s340 millones ofertados. Además, cuestionó la falta de claridad sobre la valuación de la compañía y advirtió que varias empresas públicas se volvieron superavitarias tras los aumentos tarifarios y ajustes internos, lo que incrementaría su valor de mercado.
El análisis de Abram se vincula con la estrategia financiera presentada por Caputo. El programa oficial establece que la nueva deuda se emitirá exclusivamente para refinanciar capital de obligaciones anteriores, mientras que los intereses se pagarán con superávit fiscal. Además, contempla que el resultado financiero de 2026 genere un colchón de u$s3.700 millones para aliviar las necesidades de 2027, año en el que las privatizaciones aportarían otros u$s1.500 millones. El objetivo declarado por Economía es avanzar hacia una mejora de las condiciones de financiamiento y alcanzar una calificación de grado de inversión al finalizar el mandato.
El alcance de las próximas operaciones está condicionado por la Ley 27.742, que estableció qué empresas públicas pueden ser privatizadas o concesionadas. El artículo 7 y su Anexo I habilitaron la privatización de Energía Argentina (ENARSA) e Intercargo (ITC), mientras que AySA, Belgrano Cargas y Logística, la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales quedaron sujetas a privatización o concesión.
Abram también sostuvo que el proceso de privatizaciones debería haberse iniciado antes y alcanzado a una mayor cantidad de compañías estatales, aunque reconoció que no todas cuentan con autorización legislativa. “No todas las empresas tienen permiso, porque eso es por ley para ser privatizadas o concesionadas”, señaló. Según su análisis, la falta de inversión en las empresas públicas limitó la expansión de los servicios y las mejoras en infraestructura, además de reducir las oportunidades de generación de empleo que podrían surgir de las inversiones privadas.
Alfredo Zaiat: "El Rigi como las privatizaciones de los 90 generaran conflictos en un cambio de ciclo político"
La normativa también contempló dos casos con restricciones específicas. El artículo 8 permitió incorporar capital privado a Nucleoeléctrica Argentina (NASA), responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, pero estableció que el Estado deberá conservar el control o la participación mayoritaria. Una condición similar se fijó para el complejo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), por lo que ninguna de estas empresas puede ser transferida completamente al sector privado bajo el esquema autorizado.
Durante el tratamiento legislativo también quedaron excluidas tres compañías que figuraban en versiones avanzadas del proyecto: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Las tres fueron retiradas durante las negociaciones en el Senado, modificación que quedó reflejada en el debate posterior de Diputados del 27 de junio de 2024.
El próximo paso previsto por el Gobierno será el 11 de noviembre, cuando se abrirán las ofertas para las líneas ferroviarias Belgrano Cargas, San Martín Cargas y Urquiza Cargas, cuyos activos se encuentran divididos entre talleres, material rodante y vías. La operación tiene especial relevancia para reducir costos logísticos y mejorar el transporte de productos agroindustriales, materiales vinculados con Vaca Muerta, proyectos mineros de litio y cobre y producciones de las economías regionales.
El calendario continuará el 14 de diciembre con la apertura de ofertas para AMBA I, una obra de transmisión eléctrica de alta tensión cuyo costo se estima en u$s1.100 millones. Entre los interesados aparecen Transener, Edison Energía, Genneia y Central Puerto.
Un día después, el 15 de diciembre, vencerán los contratos de concesión de distintas represas hidroeléctricas, entre ellas el complejo Los Nihuiles, en Mendoza; Futaleufú, en Chubut; y dos centrales de Santiago del Estero. Sin embargo, las licitaciones presentan demoras y existe la posibilidad de que se extiendan nuevamente los contratos de operación y mantenimiento hasta la llegada de nuevos concesionarios. Como antecedente, las operaciones sobre represas de Neuquén y Río Negro generaron ingresos cercanos a u$s700 millones a comienzos de 2026.
De las represas del Comahue a Nucleoeléctrica: el Gobierno posterga la privatización del sector nuclear
Para 2027, el Gobierno también prevé desprenderse de las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano, actualmente en manos de ENARSA, y avanzar con la venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina, conservando la participación mayoritaria estatal exigida por la Ley Bases.
Después de la apertura de ofertas por AySA, la administración de Milei buscará acelerar un programa que combina ingresos para el Tesoro con compromisos de inversión privada. La concreción de esas operaciones será determinante para alcanzar los u$s1.500 millones previstos por privatizaciones durante 2027, aunque el resultado final dependerá de las licitaciones, las adjudicaciones y las condiciones de cada contrato.
