¿En riesgo la privatización de AySA? El Gobierno "no registró" un crédito del Banco Mundial que era para el Sistema Riachuelo
El organismo emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252 y señaló la falta de registro de inversiones por $42.935 millones al cierre de 2025. La omisión generó, según el informe, una subvaluación del 66,57% de las inversiones del proyecto.
La AGN detectó $42.935 millones sin registrar en un crédito del Banco Mundial para el Riachuelo.
La Comisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) identificó, en su informe sobre el “Segundo Financiamiento Adicional para el Proyecto de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, una serie de irregularidades graves a la hora de aplicar el crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por parte del Ministerio de Economía. La falta de transparencia que emerge de la auditoría, a priori, pondría en serio riesgo la inminente privatización de AySA, lanzada por el gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con la información a la que accedió en exclusiva Ámbito, la AGN emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del préstamo BIRF 9252 y detectó falta de documentación e “inversiones no registradas” por más de $42.935 millones para 2025, equivalentes a unos 30 millones de dólares, “lo que generó una subvaluación de las inversiones del 66,57%”, según el documento mencionado. En la mira quedaron el ministro Luis Caputo y el presidente de AySA, Alejo Maxit.
El Sistema Riachuelo representa la inyección de dinero más grande que ha hecho el Banco Mundial en América Latina y el Caribe. La ejecución del proyecto actualmente es llevada a cabo por el Ministerio de Economía y por AySA.
En el informe elaborado por la Comisión que preside Javier Fernández, se precisa que “estos fondos fueron anticipados por la Tesorería General de la Nación (TGN) para que AySA pudiera efectuar los pagos correspondientes a las obras y otras erogaciones. Como corresponde al convenio de préstamo, el proyecto debía reembolsar esos fondos a la TGN utilizando recursos provenientes del préstamo. Sin embargo, al cierre del ejercicio 2025, el reembolso se encontraba pendiente y las inversiones no habían sido incorporadas correctamente en los estados financieros. El auditor indica que el programa ya se encuentra ejecutado en casi el 100 % de los fondos externos, por tanto no habría forma de realizar este pago”.
La AGN advirtió una subvaluación del 66,57% en un crédito del Banco Mundial para AYSA.
La falta de transparencia es uno de los elementos que sobresalen en la auditoría de la AGN: “En efecto, de acuerdo con el informe, los fondos a restituir excedían el saldo disponible en las cuentas del préstamo a la fecha de cierre del período auditado. La omisión detectada produjo una subvaluación del 66,57% de las inversiones del proyecto”.
En síntesis, se identificó la “no registración de las inversiones” y la falta de información financiera y de la documentación de respaldo. La conclusión alude a que “los estados financieros auditados no presentan razonablemente la situación financiera del proyecto al 31 de diciembre de 2025. Por la significatividad de las situaciones detectadas, la opinión de los auditores sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2025 fue adversa”.
Entre los objetivos del financiamiento del Banco Mundial se encuentran la mejora de la infraestructura para el saneamiento de aguas, la reducción de la contaminación industrial, la optimización de la gestión ambiental y la disminución del riesgo de inundaciones, además del fortalecimiento de las instituciones responsables del proyecto.
Una de las consecuencias que aparecen en el horizonte en referencia a las medidas que podría evaluar el Banco Mundial ante este tipo de casos es que la entidad avance en una investigación con rumbo incierto respecto de su demora y conclusión.
Según la información oficial de la propia AySA, el Sistema Riachuelo es una “mega obra de infraestructura que va a permitir solucionar integralmente la capacidad de transporte de los desagües cloacales en el área metropolitana, mejorando la calidad del servicio y evitando la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales. Permitirá mejorar la prestación del servicio a más de 4.5 millones de personas y, en un futuro, incorporar a 1.5 millones de habitantes a la red de cloacas, generando beneficios sociales”.
En términos formales, en el caso de que el Banco Mundial abriera una investigación sobre la base del informe de auditoría de la AGN, uno de los efectos en el corto plazo sería la aplicación de sanciones y congelamiento de fondos. Por otro lado, esto afectaría la reputación financiera y de transparencia que se le demanda a una empresa como AySA, más aún en medio de un proceso de privatización.
El tema forma parte de la rencilla política entre Malena Galmarini, presidenta de AySA durante el gobierno de Alberto Fernández, y el mileísmo. Según manifestó públicamente Galmarini, “el Sistema Riachuelo no fue terminado por esta gestión: fue finalizado durante el gobierno anterior. Lo que faltaba —y aún se está haciendo, tardíamente— era la etapa de puesta en marcha”.
El 25 de junio de 2025, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa, dijo: “La obra del Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de la historia argentina, la terminó finalmente este Gobierno”.
El ahora ex funcionario nacional sostuvo que “el Gobierno del presidente Milei cumple con la honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación. (...) Tal fue el reconocimiento de este órgano a la actual gestión que en octubre de 2024 levantó la supervisión judicial directa, una señal clara de que cuando se hacen las cosas bien, la Justicia finalmente lo reconoce”.
No obstante, de acuerdo con Galmarini, actual senadora bonaerense, el gobierno de Javier Milei incumplió los pagos, lo que retrasó la puesta en marcha, cosa que recién resolvió cuando recibió un ultimátum de la justicia federal: “El período de prueba debía concluir a mitad de 2024. Pero la actual gestión decidió no pagarle a la empresa constructora, incumpliendo con los compromisos contractuales. Esa deuda, generada por el propio Gobierno, es la causa real de la demora. Solo ahora, cuando la presión judicial por el incumplimiento de la Causa Mendoza se volvió ineludible, decidieron destrabar el proceso y avanzar con la puesta en marcha. No fue decisión política. Fue necesidad jurídica”.
En paralelo, el consorcio integrado por Rowing SA, la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, Transclor SA y PHX AQUA AR B.V. presentó la mejor oferta en la licitación para adquirir el 90% de AYSA. La propuesta contempla un plan de obras y compromisos de inversión para mejorar la calidad del servicio durante la concesión, mientras que los actuales accionistas asumirán las obligaciones financieras pendientes. El consorcio designó a Arcos Saneamento e Participações SA, del Grupo Equipav, como operador técnico, en un esquema que combina capitales argentinos y brasileños para hacerse cargo de la gestión de la empresa.
El préstamo BIRF 9252 forma parte de un programa que se desarrolló en tres etapas históricas: El financiamiento original se otorgó en 2009 por una suma de u$s840 Millones (BIRF 7706), en 2019, el financiamiento adicional fue de u$s245 Millones (BIRF 9008) y en 2021 tuvo lugar el segundo financiamiento adicional de USD 265 Millones (BIRF 9252), Lo que suma un financiamiento total de u$s1.350 millones aportados por el Banco Mundial.
El programa financió obras de infraestructura de impacto en el sistema Matanza- Riachuelo, con AySA como organismo subejecutor:
Sobre un total de 1280 millones de dólares presupuestados (del total de u$s1350 millones del préstamo) para estas obras, se ejecutaron u$s1.053 millones, lo que representa un 82,27% de ejecución.
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