Piden 10 años de cárcel para un jefe de camioneros por liderar un piquete a una empresa

Maximiliano Cabaleyro, sindicalista de Camioneros y exconcejal del Frente de Todos en San Nicolás, podría enfrentar una pena de diez años de cárcel por el bloqueo a una planta distribuidora de San Pedro en febrero de 2021, en lo que habría sido una represalia porque los dueños de la empresa se negaron a pagar coimas.

La pena fue solicitada por la fiscalía que llevó adelante la investigación, en lo que fue la última jornada de un juicio que tendrá veredicto el miércoles próximo.

A Cabaleyro se le imputan los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por hechos cometidos entre 2017 y 2021 contra la empresa Rey Distribución, cuyos propietarios denunciaron "pedidos de coimas" para que los dejen "trabajar tranquilos".

Según denunciaron ante la justicia, los hermanos Rey abonaron el pago hasta 2021. Los mismos se hacían en dinero en efectivo en las afueras de San Pedro. Sin embargo, en 2021 se cansaron y decidieron dejar de pagar el "canon". Según encontró la investigación judicial, los gremialistas habrían tomado allí la decisión de ejecutar una medida de fuerza con bloqueo de la planta.

Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, a cargo del caso, pidieron una pena de diez años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

De acuerdo a su pesquisa, Cabaleyro ejerció "intimidación y amenazas" contra los empresarios Ariel y Gustavo Rey, a quienes les pedía dinero con la amenaza de no dejarlos trabajar. Comprobaron además que esos bloqueos fueron una "extorsión" y en lugar del "ejercicio del derecho a huelga".

En aquel momento Camioneros reclamaba la reincorporación de unos compañeros despedidos.

Por el lado de los hermanos Rey, la representación estuvo a cargo de Asociación Anti Bloqueo y la abogada Florencia Arietto, quien pidió 15 años de prisión. Además del sindicalista, hay otros seis extrabajadores de la planta, a quienes les pidieron tres años de prisión de ejecución condicional.

El abogado Mauricio Gugger, quien defiende a Cabaleyro, sostuvo que la causa “no es más que un hecho traído de los pelos, una novela fantástica creada por la familia Rey”, cuyos hechos no pudieron ser determinados. Todo esto “fue una criminalización de la protesta por parte de la fiscalía”, sostuvo en su alegato de cierre, antes de pedir su absolución.

Ariel Rey, uno de los dos dueños de la distribuidora, se lanzó a la política el año pasado. Con su espacio San Pedro Puede, aliado de La Libertad Avanza, le ganó una elección legislativa al actual intendente Camilo Salazar por casi doce puntos y se convirtió en concejal.

El juicio contra el sindicalista se extendió durante una semana en la sede del Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás. Ariel relató los detalles del conflicto que mantuvo con Cabaleyro. Allí acusó a otro dirigente gremial, Fernando Espíndola, de haber sido el recaudador de un negocio paralelo de los sindicalistas.

"Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro", le dijo Espíndola a Rey en 2017, según el testimonio del empresario durante el juicio. Ante la negativa a seguir pagando, Cabaleyro ordenó un bloqueo de la planta. El primero se realizó el 15 de enero de 2021. Luego, se realizó uno más extenso entre los días 22 y 26 de febrero de 2021.

Según pudo reconstruir Clarín en base a fuentes judiciales, en aquel momento desde el sindicato montaron una protesta en la sede de la distribuidora. Además estacionaron un motorhome en la puerta. Al tener un solo acceso, los camiones de la empresa no podían salir ni maniobrar. Fue una paralización total.

Ante las amenazas de volver a paralizar la planta, los Rey terminaron acordando un pago de 805 mil pesos.

Durante el juicio, la contadora de Rey Distribución estimó en $13.500.00 el perjuicio que sufrieron por esa medida extorsiva. A valor de la época, equivalen a unos 140 mil dólares.

"Venimos sufriendo la extorsión de esta gente, con repetidas asambleas, sin previo aviso. Quieren que volvamos a ceder, que sigamos pagando. Todo empezó cuando no accedimos a entregarle más dinero al sindicato. Al desistir de ellos comenzaron a bloquearnos la salida de los camiones", había contado Gustavo Rey a TN en septiembre de 2021, cuando comenzaron a denunciar los aprietes.

"Desde 2017 tenemos que pagarle al sindicato. En su momento eran $ 20.000, después un saldo mensual, y cada vez que había elecciones un poco más. Nos llamaban y nos decían: ‘Tenemos que juntar $1.000.000, así que fijate cuánto vas a poner’, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos. Por eso pasó todo esto", narró en su momento.

Espíndola, quien también fue detenido por esta causa, optó por un juicio abreviado, en el que acordó una pena máxima de seis años de prisión, a la cual le resta la homologación de la jueza Elena Baquedano.

Entre los otros testigos que tuvo el proceso se encuentra el actual intendente de San Pedro, Cecilio Zalazar, quien había tenido una intervención para tratar de destrabar el conflicto en aquel momento. La distribuidora Rey tenía un contrato con la municipalidad para la distribución de productos para los merenderos escolares. Durante los días que duró la medida, ese reparto se vio afectado lo que obligó al propio Zalazar a intervenir.

"Me preguntaron si yo había intercedido en algún momento por la causa, cuál había sido mi intervención y demás, y le dije la verdad, lo que había hecho yo: tratar de llamar a la empresa, llamar al sindicato para que se sentaran a dialogar y que no hubiera problemas", dijo el mandatario.

Pero la declaración no estuvo exenta de tensión ya que se reprodujo en la sala el audio de una conversación telefónica que tuvo con el propio Cabaleyro en aquel momento. Allí le afirmaba al sindicalista que le había bajado a la policía la orden de ir a tomar nota al lugar y dejar en actas que "no hubo una obstrucción" de la planta.

El juicio tendrá su veredicto el próximo miércoles 14 al mediodía, cuando se conozca la decisión del Tribunal.

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