Zona franca en Colonia: la apuesta de Uruguay para tentar a empresas argentinas con menos impuestos
Con un conjunto de beneficios impositivos, un nuevo proyecto de zona franca en Colonia del Sacramento busca atraer a empresas argentinas para que se radiquen en Uruguay o expandan su operación en el país. Se trata de la Zona Franca del Plata, un espacio que, según sus referentes, ya tiene una decena de firmas locales, entre servicios financieros y profesionales, con el proceso en marcha para comenzar a trabajar.
Es un predio que se inaugurará en noviembre, y apunta a que compañías argentinas puedan tener presencia formal en Uruguay, para impulsar su expansión regional o ‘derivar’ parte de su actividad en ese país, a partir de los beneficios fiscales que ofrece el régimen de zonas francas.
El esquema está expandido en Uruguay (ya hay otras 15 zonas francas en funcionamiento), y permite libre disponibilidad de dividendos y un tope del 12% al impuesto a la renta (el regular en el país es del 36%) para trabajadores extranjeros.
Muchas compañías locales, entre empresas tecnológicas (Mercado Libre o Globant), estudios de abogados y otras firmas de servicios ya tienen su propia oficina en Montevideo u otras zonas de Uruguay, y capitalizan las oportunidades de este régimen. La apuesta de Zona Franca Del Plata es capitalizar la cercanía de Colonia con Buenos Aires (algo menos de una hora en barco), para incluso atraer a trabajadores que puedan ir y volver a Buenos Aires en el día.
“Muchas empresas han tomado la actividad en Uruguay como espacio de contingencia, y lo toman como un acordeón, para ampliar o reducir su actividad según cómo van las cosas en Argentina. La propuesta no busca reemplazar las operaciones que las empresas ya tienen en Buenos Aires, sino ofrecer una alternativa complementaria”, dijo José Durquet, CEO de Zona Franca Del Plata, al describir los motivos por los que muchas firmas locales hace años apostaron por el desembarco en ese país.
“Tiene un valor que se respete o se mantenga la regulación, y el valor del mercado financiero uruguayo, que tiene libre circulación de divisas y estabilidad de tipo de cambio, siempre con todo el esquema de compliance y las cuestiones regulatorias que impone el estado. En épocas de cepo, estos espacios fueron un resguardo”, dijo el ejecutivo.
A su vez, destacan la evolución de las zonas francas como ‘política de estado’ en Uruguay: este proyecto recibió la autorización para operar como tal (deben pagar una licencia al estado uruguayo) durante la presidencia de Luis Lacalle Pou e inaugurarán su predio el 19 de diciembre, con una ceremonia a la que asistirá su sucesor, Yamandú Orsi.
En concreto, el predio que se ubica frente al río tiene disponibles 8600 m2 de oficinas disponibles (11.000 m2 construidos), y una capacidad máxima de 1000 trabajadores, hito al que proyectan llegar recién dentro de unos años. En principio, cuentan con una decena de empresas que ya están en proceso de desembarco, todas argentinas.
La inversión en el desarrollo, con el edificio de cinco plantas trabajado enteramente con madera y vidrio, fue de US$26 millones. Como parte de su negocio, equivalente al del real estate, los dueños del inmueble deben pagar el fee al Estado Uruguayo por ser titulares de licencia de zona franca, y luego cobran un canon a las firmas que se alojan en su predio.
Entre los rubros a los que apuntan, en la compañía detallaron que miran a agencias (diseño o publicidad), servicios profesionales (contaduría, abogados, entre otros), servicios financieros (banca o seguros), outsourcing y firmas de tecnología y software.
En cuanto al esquema laboral, el régimen de zonas francas establece un régimen de ‘uno a uno’, que fija que por cada empleado extranjero trabajando en esas empresas, debe haber contratado un trabajador de nacionalidad uruguaya.
Al igual que en el resto de las zonas francas (la actual es exclusiva de servicios, otras están enfocadas en trabajos industriales), el proceso exige a las compañías la constitución de una sociedad en Uruguay y la elaboración de un proyecto de inversión con un contrato, donde informan al Ministerio de Economía de Uruguay la inversión proyectada, los empleados a contratar y la facturación esperada, entre otros datos. Una vez conseguido el permiso, pueden comenzar a operar formalmente en estas oficinas.
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