Se define la privatización de AySA: se conocerán hoy las ofertas económicas de los dos consorcios que licitaron
El Gobierno nacional adjudicará el 90% de la empresa de agua y saneamiento del AMBA. Qué requisitos deberá cumplir la firma ganadora.
El Gobierno nacional abrió este jueves los sobres con las ofertas económicas para la privatización del 90% del paquete accionario de AySA, la empresa encargada del servicio de agua potable y la red cloacal en el AMBA. Un consorcio argentino holandés ofertó unos u$s340 millones y se quedará con la concesión.
Los grupos que se disputaban AySA son Rowing S.A. y el grupo Roggio ROAS S.A.U. Por un lado, la oferta de Rowing S.A., la empresa de Walter Román, involucró también a Transclor, de Mauricio Filiberti; a la brasileña Arcos Saneamento e Participações (Grupo Equipav); y a PHX, un vehículo de inversión radicado en Países Bajos. Fuentes privada señalan que también aparecen ligados al consorcio los hermanos Juan y Patricio Neuss, empresarios cercanos al gobierno de Javier Milei que vienen siendo beneficiados en varias de las licitaciones, entre ellas las represas del Comahue y la Hidrovía.
En tanto, el segundo consorcio estaba integrado por Grupo Roggio, Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones y Central Buen Ayre.
El ganador fue el primero. Según lo comunicado por el Gobierno Nacional, la oferta económica presentada por ROWING S.A. fue de u$s340,2 millones, mientras que ROGGIO ROAS S.A. presentó una oferta por un monto de u$s285 millones.
Se realizará la privatización al grupo Rowing S.A del 90% de las acciones de la compañía, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
De esta manera, se realizará la privatización al grupo Rowing S.A del 90% de las acciones de la compañía, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
Según lo establecido en los pliegos de licitación y lo comunicado por el Gobierno, la empresa ganadora deberá ejecutar un programa de inversiones superior a los u$s2.000 millones entre 2027 y 2031. El esquema contempla obras de expansión, mantenimiento y optimización de las redes de agua potable y saneamiento.
Además, según la comunicación oficial, las obligaciones de inversión están vinculadas además a metas concretas de expansión de la red: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente.
El procedimiento de la licitación se encuadró en la Ley de Bases, donde se declaró a AySA como una de las compañías estatales "sujeta a privatización", en articulación con la Ley 23.696 de Reforma del Estado y los decretos reglamentarios 695/2024 y 494/2025.
El comunicado del Ministerio de Economía aseguró que "AySA era un modelo de disfunción administrativa" y argumentó que "entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de u$s13.400 millones".
La privatización de AySA se lleva a cabo bajo la modalidad de etapa múltiple y sin precio base.
El marco licitatorio incluye además precisiones sobre la nueva estructura tarifaria, el modelo de financiamiento para los planes de obras y los esquemas de supervisión regulatoria.
Fuentes de AySA le dijeron a Ámbito que el proceso continuará con la adjudicación formal de la concesión a los ganador y con la concreción del contrato de compraventa de acciones, previstas para entre octubre y noviembre.
Mientras tanto, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) oficializó la convocatoria a audiencia pública para el 26 de octubre. En el encuentro se evaluará el pedido de AySA para actualizar los coeficientes zonales y el esquema tarifario, un movimiento considerado clave tras la privatización de la empresa.
El llamado se formalizó el jueves pasado a través del Boletín Oficial. El debate central girará en torno a la propuesta técnica presentada por AySA, que busca actualizar un esquema tarifario que no registra una revisión integral desde su diseño original.
La empresa plantea simplificar el esquema zonal del régimen no medido: la propuesta busca reducir los 11 coeficientes actuales —que oscilan entre 1,10 y 3,50— a una escala de 5 niveles que irían de 0,75 a 2,75.
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