Qué dice el trabajo que puso la lupa sobre los beneficios que se otorga a inversiones e hizo enojar al Gobierno
Un informe, un título y una palabra: “gasto tributario”. Alcanzó para que un ejercicio que intentaba medir el impacto fiscal del RIGI terminara convertido en una discusión fratricida a favor o en contra del régimen.
El trabajo que hicimos en Eco Go no buscaba responder esa pregunta. Buscaba ponerle números a otras más concretas: cuánto valen los beneficios que recibe el inversor, cuánto resigna el Estado frente al régimen general, qué porcentaje de la inversión tiene que ser realmente adicional para que la cuenta fiscal cierre y cómo se distribuyen los costos y beneficios entre Nación y provincias.
Los resultados son bastante menos lineales que los títulos. Abajo solo incluimos los principales de un documento extenso que explicita los supuestos y trabaja con sensibilidades a los precios de los metales, minerales y el petróleo y a la tasa de descuento.
Para los 23 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial —US$ 39.429 millones de inversión anunciada, US$ 33.837 millones de inversión computable y 108.405 empleos directos informados en las resoluciones— los beneficios del RIGI agregan US$ 8.493 millones al valor actual neto de los proyectos.
Ese número es, técnicamente, “gasto tributario”. No es una expresión que inventamos nosotros ni una caracterización política del RIGI. Es la definición que utiliza el propio Estado en el Presupuesto para medir la diferencia entre la recaudación que surgiría del régimen general y la que resulta de tratamientos especiales. Es también un concepto que utiliza el FMI cuando analiza exenciones y regímenes preferenciales.
Pero gasto tributario no es costo fiscal neto. Y justamente ahí empieza la parte del informe que se perdió en medio de la batahola.
Los 23 proyectos generan, bajo los supuestos del ejercicio, US$ 17.499 millones de recaudación a valor presente frente a US$ 8.493 millones de impuestos resignados. La cuenta cierra si 32,7% de la inversión es realmente adicional, si aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos no se hubiera materializado sin el RIGI.
Que todos los proyectos sean nuevos no significa que toda la inversión sea adicional. Esa es precisamente la pregunta que hay que hacerle a cualquier régimen de promoción: cuánto de lo que atrae no hubiera ocurrido sin el incentivo. También el régimen de Tierra del Fuego arrancó de cero y, en el inicio, todo lo que se instalaba era nuevo por lo que podría haberse argumentado entonces que no tenía gasto tributario.
La segunda conclusión también quedó bastante escondida detrás de los títulos. El promedio oculta una fuerte asimetría federal. La Nación resigna US$ 6.231 millones de los US$ 8.493 millones y necesita una adicionalidad de 38,5% para alcanzar su breakeven. Las provincias que reciben los proyectos necesitan apenas 17,7% y recaudan 4,6 veces lo que resignan. Cuando incorporamos los proyectos identificados todavía no aprobados, el umbral de la Nación sube a 44,4% y el de las provincias receptoras baja a 13,7%.
Mientras una parte de las inversiones accede a una carga tributaria reducida, las empresas y proyectos que quedan afuera del RIGI siguen compitiendo con las reglas generales de la economía argentina. Una estructura tributaria que en algunos sectores todavía incluye derechos de exportación, como el campo.
La combinación no es menor. La apertura obliga a competir con precios internacionales mientras una parte importante de los costos internos se encarece en dólares y la carga tributaria sigue recayendo sobre quienes permanecen dentro del régimen general.
La respuesta oficial es que el objetivo final es extender al resto de la economía una carga tributaria semejante a la del RIGI. Pero entre una cosa y la otra hay una transición. Bajar impuestos al resto requiere bajar más el gasto o encontrar otra fuente de financiamiento. Los beneficios otorgados a unos conviven con una carga que recae sobre los otros.
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