Procesaron a Roberto Baratta por enriquecimiento ilícito: dinero en efectivo, testaferros y un incremento patrimonial “injustificado”
El juez federal, Julián Ercolini procesó al ex funcionario Roberto Baratta por el delito de enriquecimiento ilícito con un embargo de 1.500 millones de pesos. La maniobra atribuida, abarca el período entre mayo de 2003 y diciembre de 2017, es decir: se contemplaron dos años por fuera de la gestión pública. La ventana de tiempo investigada coincide con la recaudación de sobornos por la que está siendo juzgado en el caso Cuadernos de las Coimas.
A lo largo de la resolución a la que accedió Clarín, el magistrado sostuvo que el ex integrante del Ministerio de Planificación Federal tuvo un incremento patrimonial de forma “apreciable y sin justificación”.
Durante la instrucción del caso, se habló de un “desfasaje patrimonial”. Baratta se desempeñó como Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal entre el 28 de mayo de 2003 y el 10 de diciembre de 2015.
La pericia contable determinó un incremento patrimonial apreciable e injustificado que, tras las rectificaciones efectuadas por el juzgado a favor del imputado, asciende a un déficit acumulado de 4.294.425,90 pesos a valores de origen (equivalente a casi la totalidad de los sueldos brutos percibidos en sus doce años de gestión). Los ejercicios deficitarios se concentraron principalmente entre 2012 y 2017.
El juez indicó que el enriquecimiento se “materializó mediante la compra de inmuebles, autos de alta gama, divisas en efectivo e inversiones, utilizando interpósitas personas (testaferros) para ocultar o disimular su verdadera titularidad”.
Entre los aspectos pesquisados, se encuentra la Quinta en el "Mapuche Country Club" (Pilar) una adquisición que Baratta realizó a través de su madre. En septiembre de 2012 se escrituró el lote 10 en Carahue (Pilar) a nombre Marta Rosa Girola, por 70.000 dólares pagados en efectivo.
Entre 2012 y 2015 se edificó una vivienda familiar de 380 metros cuadrados con una inversión aproximada de 3.700.000 pesos. La cifra comprometida se abonó a través de treinta entregas de dinero -tanto dólares como pesos- en efectivo.
La justicia federal indicó que esa compra se “ocultó” del patrimonio declarado por Baratta ante la Oficina Anticorrupción (OA). En el fallo se remarcó que el arquitecto a cargo de la obra, Diego Gómez, fue citado como testigo y declaró en sede judicial que “trataba directamente con Baratta” y que los pagos los hacía “él personalmente o su secretario privado, Nelson Lazarte”.
El testigo explicó que las facturas se emitían a nombre de Baratta, y que la vivienda que habría comprado su madre en realidad era utilizada por el ex funcionario y su núcleo familiar.
Los análisis realizados a lo largo de la investigación determinaron que la madre del ex integrante de Planificación Federal “no contaba con los recursos ni ingresos para financiar semejante obra”.
En este sentido, señaló Ercolini, Baratta tuvo voluntad delictiva: “Sabía que su aumento patrimonial no se correspondía con sus posibilidades legítimas: no de otro modo se explica que las operaciones se hayan cancelado en efectivo".
Entre los mecanismos atribuidos al exfuncionario se lo acusó por maniobras de exteriorización. En un tramo de la resolución, se habló de inmuebles a nombre de Dalina Bielle, su pareja, en referencia a dos unidades habitacionales en la calle Thames al 700. Al respecto, detalló el juez, “se adquirió el 50% de dos departamentos y dos cocheras por 53.000 dólares y 317.205 pesos, operación en la cual Bielle figuró como titular sin contar con la capacidad contributiva ni la trazabilidad bancaria para justificar los pagos”.
El listado incluye más bienes: una cochera y baulera adicionales en el barrio porteño de Belgrano. En ese edificio donde residía en su momento Baratta, adquirieron en 2014 y 2015 una baulera y una cochera “figurando Dalina Bielle como compradora al 100%, pese a que la justificación no coincidía con sus ingresos registrados”.
Bajo investigación hubo adquisiciones realizadas de forma directa por el ex funcionario, como un departamento de la calle José Hernández al 2000 en Capital Federal. El mismo, se detalló, fue adquirido en 2010 al 50% con su esposa por 220.000 dólares. Salvo una parte cubierta por un crédito hipotecario, el saldo de 147.337 dólares entregado en efectivo careció de todo respaldo bancario.
Se suman vehículos registrados, como un Peugeot 307 (2008), un Renault Duster Privilege (2012), un Chevrolet Agile (2014) y un Renault Koleos 4x4 (2015).
En un allanamiento realizado hace seis años en el domicilio de Baratta, se hallaron 27.500 euros y 25.276 dólares.
El juez también dio por corroborado que se realizaron operaciones fuera del sistema financiero. Se le atribuyó un “uso masivo de billetes en efectivo (dólares y pesos) no bancarizados para la compra de terrenos, propiedades y el pago de obras de construcción”.
Asimismo, como parte del delito de enriquecimiento ilícito, hubo una “subdeclaración y contradicciones”. El juez dijo que durante el ejercicio de la función pública Baratta cometió una “omisión sistemática en las Declaraciones Juradas de gastos de consumo, expensas de lujo, aranceles escolares privados y diferencias entre los valores de escritura y los montos reales pagados”.
Cuando fue citado a declaración indagatoria, Baratta señaló que su patrimonio era “justificable” con sus ingresos como funcionario público, junto a los ingresos de su esposa.
También justificó la adquisición de bienes por parte de sus padres. En su escrito, dijo que hubo el cobro de una indemnización que percibió su padre al haber concluido su trabajo en Edenor
En cuanto al dinero en efectivo secuestrado en su casa, Baratta dijo que pertenecía a su suegra.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
