Una diputada libertaria propuso sancionar a los legisladores que insulten y buscó marcar diferencias con Milei
MENDOZA.- Los insultos son moneda corriente en el discurso presidencial. En reiteradas oportunidades, Javier Milei atacó con dureza no solo a dirigentes opositores, economistas y periodistas, tratándolos de “basuras” y “mierdas humanas”, sino también al Congreso, al que denominó como un “nido de ratas”. Desde el Poder Legislativo, una diputada nacional libertaria propone ahora sancionar los agravios, pero no los del Presidente, sino los que surjan desde sus colegas de la cámara.
La iniciativa, que dispone suspender la dieta del insultador, ya genera controversia y para muchos actores políticos deja en evidencia una contradicción con el relato oficial, ya que consideran que se debería empezar con un cambio en la comunicación pública e institucional desde la más alta esfera.
El proyecto de ley es impulsado por la legisladora mendocina mileísta Mercedes Llano, una de las principales referentes del Partido Demócrata (PD) en la tierra cuyana. En diálogo con LA NACION, Llano intentó marcar diferencias con el nivel de agresión que suele emanarse desde la Casa Rosada.
“No es contradictorio proponer esta iniciativa, desde un partido como el PD, tradicionalmente alineado al liberalismo político, y con arraigo en Mendoza, donde la descalificación y el agravio no forman parte de las prácticas parlamentarias y donde la calidad institucional, si bien deteriorada, ha sido su nota distintiva”, expresó Llano. Aclaró que la propuesta de modificación del reglamento interno alcanza únicamente a la Cámara Baja. “Es un intento de proyectar buenas prácticas y costumbres legislativas de mi provincia al ámbito nacional con el objetivo de contribuir a recuperar la confianza perdida en el Congreso”, añadió la diputada nacional, que integra el bloque de LLA.
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El proyecto establece incorporar al Reglamento una sanción concreta frente a los insultos y agravios durante el ejercicio de la función parlamentaria: suspender por un mes el goce de la dieta de los legisladores que profieran insultos o expresiones injuriosas, soeces o denigrantes en el ámbito de la Cámara. En caso de reincidencia, amenazas, intimidación o agresión física, la sanción sería de dos meses.
“La crítica política es parte esencial del debate democrático. Lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal”, argumentó Llano.
Según explicó la legisladora, el proyecto busca cubrir un vacío del régimen actual para que ese tipo de conductas reprochables sean sancionadas.
La propuesta aclara que las opiniones, críticas y juicios de valor quedan protegidos por la libertad de expresión parlamentaria. No se sanciona la crítica; se sanciona el insulto y el agravio personal, explicó Llano.
“La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones. No hay posibilidad de revertir el descrédito en los poderes legislativos sin ejemplaridad, respeto y tolerancia”, concluyó.
En este sentido, la autora del proyecto hizo hincapié en que los insultos y agresiones tergiversan la esencia de la actividad parlamentaria, que es la de discutir ideas en un ámbito de tolerancia, decoro, respeto y pluralismo. “Los agravios destruyen el debate democrático y recrudecen la crisis de representación”, agregó Llano, quien consideró que el actual régimen reglamentario de Diputados resulta insuficiente para sancionar este tipo de conductas, favoreciendo la naturalización de la violencia en el seno legislativo. “Este proyecto apunta a crear incentivos disuasivos, vía sanciones efectivas y expeditivas, a fin de evitar este tipo de comportamiento, mejorar la calidad de la discusión legislativa y dar muestras de ejemplaridad a la sociedad”, completó la legisladora.
“Da la sensación de que busca llamar la atención, pero sin mirar para arriba. Quizás con el objetivo de empezar a despegarse del discurso oficial que baja de la Casa Rosada, pero que los tiene entrampados con tantas contradicciones“, expresó a LA NACIÓN una importante dirigente y referente de la institucionalidad de la provincia cuyana, quien ha realizado aportes tanto en el radicalismo como en el peronismo. Su visión es coincidente con buena parte de la política mendocina que se mostró sorprendida por la propuesta legislativa presentada por Llano.
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