Malvinas: la oposición en Diputados pide fragmentar la ley de "Defensa de la Soberanía Nacional" para dar su apoyo
Sostienen la necesidad de separar las sanciones por las actividades en territorio soberano de lo referido a seguridad interior. El Gobierno busca aprobar todo el paquete este mismo mes.
Después de que se levantara el plenario de comisiones de la pasada semana en un clima conflictivo atravesado por el fallo judicial que avaló el DNU 70/2023, el Gobierno convocó una vez más a un encuentro informativo en Diputados para discutir la ley de "Defensa de la Soberanía Nacional". La expectativa oficialista es tratarla en una sesión el 21 de octubre, mientras que el peronismo pidió un tratamiento más extenso.
La convocatoria quedó en manos de la oposición, que llamó a organizaciones de excombatientes, antiguos funcionarios vinculados a la causa Malvinas, académicos sobre seguridad y especialistas jurídicos. La postura generalizada fue en rechazo a la reforma, cuyos primeros 40 artículos incrementan las penalidades sobre actividades en territorio nacional, pero los 93 restantes hacen hincapié en mecanismos de seguridad interna. Este miércoles será el turno de la primera funcionaria de primera línea que participa del debate: la secretaría Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, a quien se apunta como autora intelectual de la redacción.
Dos bloques opositores le anticiparon a este medio la posibilidad de presentar un texto que replique sólo las sanciones a quienes realicen exploraciones y explotaciones productivas en la zona de influencia argentina. Así lo explicitó Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria, al pedir "separar aquellos aspectos en los que podemos tener algún tipo de consenso de aquellos en los que probablemente va a imperar una mirada crítica al proyecto. Allí le estaríamos haciendo un gran favor a la causa nacional de Malvinas". "Necesitamos dotar del Estado de herramientas efectivas para hacer valer nuestros derechos y proteger nuestros recursos", le contestó Damián Arabia (La Libertad Avanza).
Los disertantes sugirieron retomar el trabajo permanente en políticas por la soberanía sobre las islas restituyendo el Consejo de Malvinas y abriendo una Comisión Bicameral por la causa. A su vez, advirtieron sobre el conflicto de intereses de actuales compañías que operan en territorio nacional y pidieron revisar el acuerdo Mondino-Lammy (firmado en septiembre del 2024), que establece nuevas vías de conectividad, más concesiones logísticas y pesqueras.
Agustina Propato y Carlos Zapata, autoridades de la comisión de Defensa Nacional en Diputados.
Entre los planteos, el abogado del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata, Jerómino Guerrero Iraola, planteó que el proyecto busca "esconder la verdadera finalidad del Gobierno, que es perseguir las disidencia y la oposición política". La directora Ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, criticó que se establecen "figuras penales laxas que pueden derivar en un estado de sospecha muy peligroso" en el que se instalan "sanciones anticipadas sin tener un procedimiento iniciado. [...] Es como usar las herramientas del Estado de sitio pero sin sus controles".
"Se militariza la seguridad y se policializan las fuerzas armadas, y por lo tanto se desprofesiona", analizó el doctor Luciano Anzelini. Minutos después, el criminalista Pablo Testori Schroeder explicó que "una ley ómnibus de esta envergadura dificulta un análisis profundo y responsable", y que la redacción del proyecto cuenta con "pérdida de nitidez entre los conceptos de seguridad interior y defensa nacional". "Esta es un arma muy poderosa y complicada. Los presidentes no autorizan a hundir los buques en tiempo de paz. Les recomendaría que lo revean", calificó Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina.
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