Marcha contra la Corte: sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros protestan por el fallo que libera la venta de tierras para extranjeros
Con mensajes contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, una protesta por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei se realizó frente al edificio del máximo tribunal, que estaba vallado en su frente sobre la calle Talcahuano. Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, junto a movimientos sociales y otros sectores del justicialismo protagonizaron la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño, que también lucía vallada por sectores.
Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro, por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta. La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.
Pasadas las 16, se inició la actividad en uno de los dos escenarios armados en acoplados de camiones ubicados sobre Talcahuano, frente al edificio de tribunales, vallado y con andamios colocados por estar en refacciones.
Un discurso de arenga del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel fue el inicio del acto en ese primer escenario, decorado con banderas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y el Centro Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim). Luego, se leyó un documento de esa entidad de veteranos de guerra, que presentó el recurso judicial que había frenado la aplicación del artículo 154 del decreto 70/2023 y cuya legitimidad para promover la demanda fue rechazada por la Corte el martes de la semana pasada. Ese fallo, en efecto, dejó en vigor la decisión del presidente Javier Milei de eliminar la Ley 26.737, de “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”, que establecía límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
En su documento, leído ante los manifestantes, el Cecim cuestionó a los ministros de la Corte. “El 29 de septiembre, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cerraron la puerta a nuestro reclamo contra la derogación de la Ley de Tierras. El Gobierno de Milei había eliminado esa protección mediante el artículo 154 del DNU 70/2023. La Corte dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional esa derogación y rechazó la demanda de los excombatientes de Malvinas. En concreto, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti le pusieron el cartel de venta a la Argentina”, se leyó desde el primer escenario que se puso en marcha.
“La Corte dice que resolvió una cuestión procesal. Sin embargo, esa decisión quitó la protección obtenida en esta causa y favoreció, en los hechos, la política de extranjerización del gobierno. Los efectos se van a sentir sobre el territorio, sobre los recursos y sobre las posibilidades de las generaciones que vienen. Hoy, en Argentina, pueden venir los Peter Thiel [fundador de Palantir Technologies, que desarrolla plataformas de análisis de datos] a comprar una ciudad, una provincia, un valle, un lago, una montaña. Los autores materiales de esta tragedia deben responder por sus actos”, se añadió en el documento del Cecim. En el escenario, acompañaban la lectura Pérez Esquivel, Rodolfo Aguiar (secretario general de ATE), Hugo Godoy (secretario general de la CTA Autónoma), Roberto Baradel (secretario adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), María Laura Torre (secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) y Dina Sánchez (secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), entre otros dirigentes.
En otro pasaje del texto del centro de excombatientes, se subrayó: “Hay una contradicción que duele y que ninguna palabra difícil puede tapar: el mismo Estado que envió a jóvenes a la guerra en nombre de la defensa de la soberanía hoy les niega, a través de su máximo tribunal, la posibilidad de defenderla mediante esta acción judicial. El Estado argentino pudo mandarnos a morir a una guerra, pero ese mismo Estado nos dice que no podemos ir a la mesa de entradas de un juzgado a defender la soberanía”. En el cierre de la lectura, se solicitó que “la Cámara de Diputados declare inconstitucional y nulo de toda nulidad el DNU 70/2023 y que el Congreso garantice expresamente la protección de nuestras tierras rurales”. Para finalizar, se envió “el saludo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner″.
El documento del Cecim fue poco audible para la concurrencia, porque durante su lectura no cesaron los sonidos de bombos y trompetas que provenían de las distintas columnas que se dieron cita para repudiar a la Corte.
Tras la entonación del Himno Nacional, el primer escenario se vació y comenzó a activarse el otro, instalado en otro camión y vinculado a las agrupaciones políticas de izquierda. Desde allí, hablaron representantes de los partidos que integran el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad. Se pronunciaron Nicolás del Caño (diputado nacional, del Partido de los Trabajadores Socialistas), Celeste Fierro (diputada electa, del Movimiento Socialista de los Trabajadores), Néstor Pitrola (diputado electo, del Partido Obrero) y Mónica Schlotthauer (diputada bonaerense, de Izquierda Socialista). Desde este escenario, se exigió un paro general para el 15 de octubre, cuando las mismas organizaciones que marcharon contra la Corte se movilizarán al Congreso, donde la oposición intentará derogar el decreto 70/23.
Del Caño afirmó que la concentración se realizó “para repudiar el nefasto fallo de estos jueces que fueron puestos a dedo”. Y resaltó: “Hay que echarlos a patadas. Los tiene que elegir por voto directo el pueblo trabajador”.
Fierro habló de una “suprema casta que decide sin que la haya elegido nadie”. Reclamó “que sus mandatos sean revocables” porque “no pueden quedarse eternamente”. Pidió que la CGT “ni aparezca” en la movilización del 15 de octubre, “si no es con un paro”.
Pitrola pidió que los jueces de la Corte “se vayan”, y extendió ese pedido: “Fuera Milei, fuera la Corte y todos los cómplices”.
A su turno, Schlotthauer despotricó contra la Corte pero también subrayó que “el RIGI [Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones]” implica “subordinación” porque descalifica a “los jueces de nuestro país y a los poderes legislativos”
Por la movilización, pasaron dirigentes políticos del peronismo como los diputados Eduardo Valdés, Julia Strada y Leandro Santoro; La Cámpora marcó presencia con su secretaria general, Lucía Cámpora, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, la diputada Paula Penacca, el senador Mariano Recalde y la legisladora porteña Delfina Velázquez. También se mezclaron entre los manifestantes la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, el economista Hernán Letcher, y el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, entre otros.
Sobre la plaza, que estuvo muy lejos de llenarse, se agruparon militantes con bombos y trompetas, junto a manifestantes que sostenían carteles de repudio contra jueces y fiscales por causas que afectan a dirigentes kirchneristas, como Cristina Kirchner o Milagro Sala, y contra otros que tienen a cargo expedientes contra Javier y Karina Milei y Mauricio Macri.
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, el Polo Obrero, el Movimiento Derecho al Futuro (sello político del gobernador bonaerense, Axel Kicillof) y Patria Grande (espacio político del diputado Juan Grabois), fueron algunas de las organizaciones presentes en la protesta.
El Frente de Lucha Piquetero se había anticipado a la protesta frente al edificio donde funciona la Corte (de la que también fue parte). Unas horas antes, se concentró frente al edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, para protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo y repudiar a los jueces del máximo tribunal.
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