La Justicia declaró "inconstitucional" el decreto de Milei que frenó el Financiamiento Universitario y ordenó aplicarla de inmediato
La Justicia le dio un nuevo revés al Gobierno de Javier Milei en el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, luego de que el Ejecutivo invocara el artículo 5° de la Ley 24.629 para suspender la aplicación de la norma. Sin embargo, y como era de esperarse, el Gobierno no aceptó su derrota: apelará el fallo y aplicará todas las trabas legales a su alcance para evitar la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
El hecho ocurre luego de que el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declarara este martes la “inconstitucionalidad del Decreto 759/2025” en el punto en el que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo cumplirla de manera inmediata.
Dicha sentencia considera que el Gobierno no podía promulgar la ley y, al mismo tiempo, dejar su aplicación suspendida, después de que el Congreso insistiera con su sanción con dos tercios de los votos en ambas cámaras, como establece el artículo 83 de la Constitución cuando el Poder Ejecutivo veta una norma.
Para el juez Cormick, esa decisión terminó funcionando como una especie de “veto encubierto”, porque el Gobierno promulgó la norma pero frenó su aplicación al invocar el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que una ley que genera gastos debe tener previsto su financiamiento y las partidas correspondientes en el presupuesto.
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La discusión viene desde 2025, cuando el Gobierno de Milei vetó mediante el Decreto 647/2025 la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que había sido sancionada por el Congreso.
Establece medidas para actualizar el presupuesto de las universidades nacionales y contempla mejoras para los salarios de docentes y no docentes, además de partidas destinadas al funcionamiento, becas, infraestructura y otras necesidades del sistema universitario.
Los gremios docentes y no docentes vienen reclamando una recomposición salarial y la actualización del presupuesto universitario. Además, hubo nuevas medidas de fuerza y una intimación judicial al Ejecutivo para avanzar con el cumplimiento de la Ley 27.795.
Aún cuando el conflicto también tiene una nueva fecha marcada en el calendario. El 15 de octubre está prevista la 5° Marcha Federal Universitaria, convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Movilización que reclamará el cumplimiento de la ley, una recomposición salarial para docentes y no docentes y mayores recursos para las universidades, en paralelo al debate por el Presupuesto 2027.
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Lejos de quedarse de brazos cruzados esperando los tiempos de las apelaciones oficiales, la cúpula universitaria decidió redoblar la apuesta y sacar el conflicto directamente a la calle. Este miércoles a las 14:30, el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mudará su tradicional reunión mensual a un escenario de alto voltaje político: montarán el debate en la mismísima Plaza de Mayo, a escasos metros de los despachos gubernamentales.
La jugada a cielo abierto tiene un objetivo clarísimo y funciona como una demostración de fuerza. Las autoridades académicas buscan meterle presión física al Ejecutivo para exigir que se aplique de una vez por todas la Ley de Financiamiento. Con el respaldo de los dos tercios que logró el Congreso y el reciente fallo judicial que les dio la derecha, los rectores plantarán bandera frente a la Casa Rosada para dejar en evidencia que no piensan ceder ni un milímetro en la pelea por los fondos.
