La sesión del 15 de octubre alteró los planes legislativos del Gobierno: Ley de Tierras, Malvinas y Discapacidad
El Gobierno había imaginado octubre como un mes de gestión parlamentaria intensa. En la agenda que manejaban la Casa Rosada y la mesa política figuraban tres prioridades: avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía por Malvinas, empezar a discutir el Presupuesto 2027 y ordenar el conflicto por la emergencia en discapacidad. A eso se sumaba la discusión por el endeudamiento familiar, donde el oficialismo había logrado imponer su dictamen en comisión, y la reforma política para suspender las PASO, pero en otro orden de urgencia.
Ese plan se alteró en una semana. El 29 de septiembre la Corte Suprema revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, el que derogó la Ley de Tierras Rurales, y la eliminación de los límites a la compra de tierras por extranjeros volvió a tener plenos efectos. La reacción fue inmediata: la oposición reactivó la discusión sobre el mega decreto que el Senado ya había rechazado en marzo de 2024, pero que Diputados nunca trató y que, por eso, sigue plenamente vigente.
Ocho bloques formalizaron el pedido de sesión especial para el 15 de octubre a las 14, con 32 firmas y un temario de tres puntos: el rechazo al DNU 70/23, el endeudamiento familiar y la morosidad, y la emergencia en discapacidad. La oposición empaquetó en una misma convocatoria temas que venía tratando por separado, con la idea de sumar voluntades que, tema por tema, le cuesta reunir.
Para el Gobierno, el problema es de otra escala que el de cualquier sesión incómoda. Un DNU se vota completo, no por capítulos, y el 70/23 tiene más de 300 artículos. Su caída sería un golpe político y legislativo enorme, y por eso la discusión sobre tierras dejó de ser un capítulo para convertirse en una batalla por la supervivencia del decreto. El resto de la agenda parlamentaria, que debía ser el centro del mes, pasó a girar alrededor de esa negociación.
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Los números son ajustados para los dos lados. Según pudo relevar PERFIL, los ocho bloques firmantes (Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia) suman una base cercana a los 122 diputados, siete menos que los 129 que exige el quórum.
Del otro lado, el oficialismo y sus aliados reúnen alrededor de 120 bancas: 95 de La Libertad Avanza, 12 del PRO, 6 de la UCR y 7 de otros espacios. Tampoco alcanzan para sentarse solos al recinto, así que la definición queda en manos de un puñado de bloques provinciales.
La clave de la negociación: los gobernadores del norte. Misiones aporta 4 diputados (Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz); Salta, 3 (Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes); Tucumán, 3 (Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera), y Catamarca, 3 (Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot). También se suma a esa lista a Martín Llaryora, de Córdoba, entre los mandatarios cercanos al Gobierno de los que depende el futuro del decreto.
El contexto internacional agregó un matiz. Gustavo Sáenz y Raúl Jalil viajaron a París con la comitiva de la Argentina Week, que encabeza Milei, mientras que Osvaldo Jaldo no integró esa delegación. 13 gobernadores participaron del evento, donde el Presidente agradeció a los aliados que lo ayudaron a aprobar leyes como la reforma laboral. Esa foto es la que mira la oposición con preocupación: temen que, llegado el 15, esos bloques no den quórum o directamente se ausenten.
Hay además un grupo de dialoguistas que la oposición sigue de cerca. Entre las incógnitas está Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Lourdes Arrieta (Mendoza), Jorge Ávila (Chubut) y Sergio Capozzi (Río Negro).
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La primera definición concreta llegó desde Misiones. Hugo Passalacqua dijo que "no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", firmó un decreto provincial de rechazo al artículo 154 e instruyó a la Fiscalía de Estado para que presente una cautelar. El gobernador apeló además al argumento territorial: "más del 90% de frontera internacional, una biodiversidad única" y una matriz económica que "pone al pequeño productor en el centro".
La postura incluye también un rechazo a los artículos 164 a 168 del decreto, que eliminaron facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate. El ministro de Producción misionero advirtió que los cambios afectan a unos 12.500 productores y casi 15.000 tareferos, además de unas 100.000 personas de forma indirecta.
La traducción parlamentaria es directa: los cuatro diputados misioneros de Argentina Federal darán quórum el 15 de octubre y votarán en contra del DNU 70/2023. Es la primera señal de que parte de los aliados provinciales no está dispuesta a blindar el decreto, al menos en lo que hace a las tierras. Con los tres misioneros y cinco cordobeses, la proyección optimista de la oposición llega a unas 120 voluntades.
El Gobierno también tiene sus fisuras. Patricia Bullrich marcó otra diferencia con la Casa Rosada. Dijo que "fue apresurado" llevar al Congreso la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía el capítulo de tierras, mientras la Justicia todavía no había resuelto sobre el decreto. "Teníamos que haber esperado a que la Justicia hable como habló ahora del DNU 70 en el capítulo de tierras". Y fue más allá: "El fallo vino después de que la ley no se pudo votar, es una posibilidad que la oposición voltee el DNU".
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Es un dato de contexto que ya circuló, pero pesa en esta negociación porque llega de la jefa del bloque oficialista en el Senado y porque admite públicamente el riesgo que corre el decreto.
En la Casa Rosada la lectura es otra. Ante la propuesta de Miguel Ángel Pichetto de incluir la restitución de la Ley de Tierras en la ley de Soberanía, desde el Gobierno entienden que "es un tema de propiedad privada, no de soberanía". El Ejecutivo evalúa resucitar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsó Federico Sturzenegger y que no prosperó.
Hay además un plan B más audaz. Si lo que resuelva el Congreso dentro de diez días complica al oficialismo, el Gobierno ya piensa en alternativas para abrir la compra de tierras a extranjeros por otras vías. Una de ellas es el régimen de ciudadanía por inversión creado por el DNU 366/2025 y presentado por Luis Caputo durante la Argentina Week. Permite obtener la nacionalidad con un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro, o con la suscripción de títulos públicos por 800.000.
La reacción opositora llegó cuando Agustín Rossi presentó un proyecto para prohibir que la ciudadanía se otorgue a cambio de pagos o inversiones y para derogar ese régimen. "La ciudadanía argentina no está en venta y le corresponde a este Congreso decirlo con fuerza de ley", sostuvo. El diputado advirtió además que una ciudadanía comprada podría convertirse en un atajo para eludir las restricciones a la adquisición de inmuebles rurales y de zonas de frontera.
En paralelo, Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto presentaron una cautelar en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1, a cargo de Enrique Alonso Regueira. Piden suspender el artículo 154 hasta que haya sentencia de fondo y que, mientras tanto, se mantenga el Registro Nacional de Tierras Rurales. Argumentaron que la derogación "volvió a producir plenamente sus efectos" y que "el Congreso se encontraba en condiciones de funcionar".
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostiene que el rechazo "no puede ser parcial": el DNU debe caer completo. Dijo que es "muy grave y peligroso que la Argentina se haya quedado sin ningún tipo de limitación o regulación" para la compra de tierras por extranjeros, y que su espacio "nunca" acompañó "que se gobierne por fuera de la Constitución". Aclaró también un punto técnico: un rechazo no tiene efectos retroactivos, mientras que una declaración de nulidad sí y generaría "una cascada de problemas". Según el diputado, el Gobierno "eligió estar en la fragilidad" a pesar de saber que el Senado ya lo había rechazado.
Una de las estrategias es la del rechazo integral, que enfrenta el problema del quórum porque el decreto toca muchos otros temas, como los alquileres. Otra es derogar solo el artículo 154, una propuesta que presentaron los senadores peronistas Di Tullio, Mayans y Salino, y que podría seducir a aliados del Gobierno. Su riesgo es que Milei la vete y conserve su postura original.
El impacto de un rechazo está en el centro del cálculo oficialista. Existen dos interpretaciones jurídicas: para el constitucionalista Félix Lonigro, rechazar el decreto haría revivir todas las normas que derogó. Otros especialistas, apoyados en la Ley 26.122, consideran que las derogaciones ya consumadas no se resucitan y que el rechazo solo impide su aplicación futura.
Si se impusiera la primera lectura, podrían recuperar vigencia normas de unas 16 áreas: la Ley de Alquileres (27.551), la Ley de Tierras Rurales (26.737), la supervisión de precios y las preferencias de "compre argentino", regulaciones agropecuarias como las de yerba mate, azúcar, algodón y vino, y controles sobre prepagas y farmacias. El impacto laboral sería menor, porque buena parte de esos cambios se reincorporaron luego mediante las leyes 27.742 y 27.802.
La emergencia en discapacidad es el segundo tema que el Gobierno quería ordenar y que se le fue de las manos. El proyecto opositor, que extiende la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, ya tiene dictamen con 36 firmas, tras el plenario en el que La Libertad Avanza debió dar marcha atrás y convalidar un texto que había intentado evitar.
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Cuatro diputados que habían apoyado un proyecto oficialista cuando el Gobierno incorporó sus propuestas amenazan con retirar su respaldo: Eduardo Falcone y Oscar Zago (MID), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) y Álvaro González (PRO). Le pidieron por escrito al presidente de la Comisión de Presupuesto, "Bertie" Benegas Lynch, que informe "con urgencia el importe de las partidas presupuestarias" que garantizarían el cumplimiento de la ley.
El nudo está en el Presupuesto 2027, que contiene disposiciones contradictorias que apuntan a desarmar la emergencia. Si no hay una respuesta antes de que arranquen las reuniones de comisión, los cuatro advierten que votarán con la oposición para extender la emergencia, lo que dejaría al oficialismo derrotado.
El cortocircuito por el ajuste en discapacidad también reavivó la interna entre Karina Milei y Bullrich. La secretaria general de la Presidencia le marcó a la senadora en una reunión de Mesa Política que "los trapitos se lavan en casa", después de que Bullrich se quejara de la falta de coordinación del Gobierno.
En endeudamiento familiar y morosidad, el Gobierno ganó en comisión, pero la batalla sigue abierta. El 29 de septiembre salieron tres dictámenes de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor: el de mayoría, impulsado por La Libertad Avanza con el PRO y la UCR, centrado en la transparencia y sin topes a las tasas; y dos de minoría, con una emergencia por sobreendeudamiento y un régimen de refinanciación.
La oposición pretende imponer esos textos en el recinto y por eso incluyó el tema en el temario del 15. El oficialismo ya mueve piezas para que esa sesión no alcance quórum. Entre las variantes aparece la de convocar a una sesión propia con un temario recortado que deje afuera el DNU, una maniobra que ya usó este año para licuar convocatorias opositoras.
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El proyecto de Defensa de la Soberanía, impulsado por el Gobierno, sí sigue su curso en comisiones. El martes 6 a las 15.30 habrá un nuevo plenario de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, con una segunda reunión prevista para el miércoles, según la cantidad de inscriptos para exponer. El jueves, la comisión de Asuntos Cooperativos recibirá a la Mesa de Coincidencia Malvinas (MECOMA).
La iniciativa endurece las sanciones por actividades ilegales en Malvinas y la plataforma continental: multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, inhabilitaciones de 5 a 20 años, penas de 12 a 20 años de prisión y juicios en ausencia. Deroga además la Ley 26.659 y crea un nuevo sistema de seguridad nacional con un consejo presidido por el Presidente.
El clima político, sin embargo, está tensionado. El plenario del 30 de septiembre terminó con insultos de Juan Grabois a legisladores y un cruce físico que se evitó con Gerardo Huesen. A partir de ese episodio, la diputada libertaria Silvana Giudici y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas, presentaron proyectos para expulsarlo con base en el artículo 66 de la Constitución, que habilita a cada Cámara a "corregir o remover a sus miembros por inconducta". Y Capozzi, uno de los firmantes, es además una de las incógnitas para el 15.
La otra pieza que se corrió es el Presupuesto. Esta semana su debate "se postergará" por las negociaciones del Gobierno con los gobernadores, que son los mismos actores que definen el quórum del 15. En los hechos, la pelea por el DNU absorbió la capacidad de negociación que el oficialismo pensaba destinar a las leyes de gestión.
Ese reordenamiento pesa por el calendario. Faltan ocho semanas para que cierre el período ordinario, con una agenda que incluye el Presupuesto, el proyecto de Soberanía, la discapacidad, el endeudamiento y el decreto, todo en la misma Cámara y con apoyos que se miden voto a voto.
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La Cámara alta mira desde afuera. Con el oficialismo concentrado en Diputados, el Senado tiene por ahora menos actividad y aguarda los proyectos que salgan de la Cámara baja, empezando por Soberanía y, eventualmente, cualquier definición sobre el DNU, que el Senado ya rechazó en marzo de 2024.
El movimiento más visible está en lo político. Karina Milei llevó a la neuquina Nadia Márquez a presidir la comisión de Acuerdos, que interviene en la designación de jueces, fiscales, embajadores y altos mandos militares, en reemplazo de Juan Carlos Pagotto, fallecido esta semana. La jugada marca la cancha a Bullrich, quien también había aspirado al cargo. Asimismo, las designaciones se postergarían para el 13 o el 14 de octubre, es decir, la misma semana de la sesión de Diputados.
