Pasaporte se vende

El viernes pasado, mientras todavía volaban esquirlas por el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, el gobierno anunció que lanzaría su programa de venta de ciudadanía argentina: 350.000 dólares, con promos para el grupo familiar. Si no me creen, busquen en Google “buy Argentina passport”: los primeros resultados patrocinados son estudios jurídicos extranjeros dedicados al tema, que anuncian contentos su nuevo producto con fotos de las Cataratas del Iguazú. Más abajo, el sitio promociona los “beneficios de la ciudadanía argentina”, como si se tratara de una crema con aloe vera. ¡Compre ya!

No debería sorprendernos. La filosofía que subyace al proyecto es una que el Presidente ha defendido cada vez que pudo ante quien quisiera escucharlo: todo (todo: partes del cuerpo, niños y, ahora, nacionalidades) debe poder comprarse y venderse. El multimillonario argentino-español Martín Varsavsky, por ejemplo, lo defendió así, exultante: “El pasaporte no es un derecho universal. Es un activo. Argentina acaba de ponerle precio”. ¿Será?

Filósofos como Michael Sandel han estudiado lo que ocurre cuando bienes que estaban fuera del mercado empiezan a ser tratados como mercancías (desde lugares en la fila hasta gestación de bebés). Sandel nota que, a medida que más y más cosas quedan comprendidas en el ámbito del mercado, se dan dos transformaciones. La primera, más intuitiva, es que se multiplica el efecto de la desigualdad económica: si el dinero puede comprar más cosas, ser rico es cada vez más diferente a ser pobre. Una cosa es un mundo en el que la diferencia entre el pobre y el rico es un auto más lujoso o una casa más grande; otra cosa es uno en el que haga la diferencia entre, digamos, tener hijos y no poder tenerlos.

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La segunda es más difícil de ver, pero más profunda: hay cosas que, cuando se pueden comprar y vender, dejan de ser lo que son. Imaginemos que alquilamos un amigo o una pareja: tal vez nos acompañen, tal vez nos den algunas de las “prestaciones” que esperamos de ellos, pero en un sentido profundo no serán ni un amigo ni una pareja. Por algo los Beatles cantaban Can’t buy me love. Algo parecido ocurriría si pudiéramos comprar títulos universitarios: si todo el mundo supiera que están a la venta, ya no demostrarían disciplina ni conocimientos. Ponerle precio de venta a un título universitario, al cabo de un tiempo, equivale a destruirlo para todos, también para quienes lo ganaron en buena ley.

La pertenencia a una comunidad es precisamente uno de estos bienes. La condición de ciudadano de un país se obtiene por tener con él una conexión especial: haber nacido en él, haber vivido allí algún tiempo, haber formado una familia. A tal punto esto es así, que la Constitución nos exige que, llegado el caso, tomemos las armas en su defensa. Por supuesto, habrá casos de quienes hayan pasado por esas experiencias y, aun así, no sientan ninguna conexión especial con su patria, pero éstas serán, a lo sumo, excepciones imposibles de evitar. La venta de la ciudadanía (para obtener el “activo” del pasaporte) ilustra esto con claridad. Si alguien nace en la Argentina, lo consideramos argentino sin dudarlo; si alguien elige ser argentino por haber vivido aquí, también. Si alguien compra el pasaporte argentino para evitarse algún control en alguna frontera sin siquiera pisar el país, sin hablar su idioma, sin saber nada sobre él, ¿lo consideraríamos un compatriota? ¿Estaríamos dispuestos, por ejemplo, a que nuestras embajadas consuman recursos en auxiliarlos si tienen un problema en el exterior? ¿A que sean deportados aquí si cometen algún delito en el extranjero? Me atrevo a pensar que no.

Por cierto, la Argentina no es el primer país en experimentar con este tipo de transacción, pero sí, por lejos, el más grande. En general, los países que han hecho esto son microestados del Caribe o el Pacífico: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Vanuatu, Nauru (también, recientemente, El Salvador, con el detalle simpático de que el pago debe hacerse en criptomonedas). Otros, como Chipre, han terminado estos programas en medio de escándalos de corrupción en la asignación de pasaportes.

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Los países más grandes, en general, han reaccionado en contra de la “ciudadanía por inversión”. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, lo declaró inválido para Malta, precisamente con el argumento de que la ciudadanía debe implicar “solidaridad y lealtad” con el país. La Unión ya le quitó la exención de visa a Vanuatu por su programa, y el Reino Unido y Canadá hicieron lo mismo con varios países del Caribe. Desde 2025, un reglamento europeo permite hacerlo con cualquier país que venda su ciudadanía, aunque no se pruebe ningún abuso, y Bruselas ya les pidió a los caribeños que cierren sus programas antes de 2028. Si el programa del gobierno es exitoso, entraremos también en esa bolsa.

Esta noción empobrecida de lo que significa ser argentino ya se había mostrado en el DNU 366/25, que modificó la Ley de Nacionalidad sancionada en 1869. Hasta ese decreto, había varios modos de obtener la nacionalidad: vivir dos años en la Argentina, tener hijos argentinos, practicar la docencia, establecer industrias, servir en las fuerzas armadas, expandir la frontera. Todos ellos, como se ve, revelan un compromiso con el país de algún tipo: la familia, el trabajo o la propia vida. Con el DNU 366, Milei eliminó casi todos estos modos de acceso a la ciudadanía y los remplazó por uno solo: “haber realizado una inversión relevante en el país”. Con el anuncio del viernes, ya ni siquiera se requiere una “inversión”: violando los términos de su propio decreto, ahora se exige sencillamente una compra. No solamente, para el gobierno, la ciudadanía argentina se puede comprar: quiere que sea el único medio de acceder a ella. (El otro medio de naturalización que no pudo eliminar es el de residir dos años en el país, porque está en la Constitución. De todos modos, lo volvió muy difícil de cumplir: los dos años deben ser ininterrumpidos; un fin de semana en Montevideo a visitar a la abuela y el reloj vuelve a correr).

A la luz de lo que ocurrió con la Ley de Tierras, podemos asumir que el Congreso no habría aprobado este proyecto si se le hubiera preguntado. Por eso Milei dictó un DNU (que ni siquiera confiesa que se trate de vender pasaportes, y habla grandilocuentemente de “inversiones relevantes”). Como suele ocurrir, el Congreso ha guardado silencio. El DNU, además, intentó evitar el control de la Justicia, al quitarle el proceso de nacionalización y dárselo al Ejecutivo.

A pesar de ello, la Justicia ha declarado inconstitucional el decreto varias veces. A veces por considerar que no existía necesidad y urgencia para dictarlo, y a veces porque, dado que los argentinos naturalizados pueden votar, el DNU indirectamente está tratando materia electoral, lo que se encuentra absolutamente prohibido por la Constitución. El gobierno no se detuvo. La Corte Suprema tiene esas causas a estudio. Tras el episodio de la Ley de Tierras, tal vez sea una buena ocasión para que el tribunal asiente cuál es la concepción de la ciudadanía de nuestra Constitución, declare que los mercados tienen límites y obligue al gobierno a abortar, de una vez por todas, este proyecto infame.

* El autor es Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Torcuato di Tella y de Derechos Fundamentales en la Universidad de San Andrés.