Veteranos de Malvinas: el presupuesto 2027 prevé una reducción en atención a salud mental
El programa Sanidad Militar Conjunta, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene entre sus metas la atención en salud mental a veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familiares. Para 2027 el proyecto de ley de presupuesto elaborado por el Ejecutivo tiene previsto atender a un total de 3.000 consultas, lo que representa una importante caída en relación a lo programado para 2026: 12.659 casos.
Si bien es cierto que durante el primer semestre de 2026 no se alcanzó a atender a la mitad de lo estimado para esos seis primeros meses del año –se pensaba brindar 6.455 consultas y finalmente fueron 3.242, según los datos de acceso público de la ejecución de metas físicas del presupuesto– la cantidad de casos de excombatientes y familiares que (al menos en términos presupuestarios) el Gobierno pretende cubrir en 2027 no alcanza ni siquiera a la cifra de atenciones ofrecidas durante el primer semestre de 2026.
El ajuste que prevé el Presupuesto para 2027 es superior al ya realizado en este año
En la explicación oficial del Excel que detalla cada una de las acciones que los distintos organismos del Estado llevan adelante, el Ministerio de Defensa explica que no se llegó a las 6.455 atenciones debido “una reducción de consultas realizadas por los veteranos de guerra y sus familiares en los CSM (Centros de Salud Mental) de acuerdo a estadísticas obrantes”. La información se va actualizando por trimestre, por lo que restará ver cuántos pacientes o casos se atendieron hasta el tercer trimestre que acaba de finalizar.
PERFIL consultó a autoridades de la cartera a cargo de Carlos Alberto Presti a qué se debía este reajuste en las metas, teniendo en cuenta que esos 3.000 casos a atender en 2027 son incluso 242 menos que los que se presentaron hasta junio de 2026. Derivaron la pregunta al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del que efectivamente depende la aplicación del programa. Este medio también les transmitió la inquietud, que hasta la publicación de esta nota no han respondido.
La reducción en la cantidad de pacientes tiene su correlato en una caída en los recursos designados para ese fin: en 2026 la inversión proyectada al inicio del año para las acciones de salud mental conjunta (dependientes de este programa) era de $ 511 millones, los que, con las modificaciones presupuestarias que se fueron aprobando en el año, se convirtieron en $ 130 millones. Hasta el 30 de septiembre, según los registros abiertos a consulta pública, se habían ejecutado $ 112 millones, el 86% de lo vigente. Para 2027 el estimado en recursos es de $ 220 millones, menos de la mitad de lo inicialmente estimado para 2026.
Según el monitor presupuestario de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), que permite hacer una comparación ajustada por inflación, el presupuesto destinado a las acciones de Salud Mental Conjunta era de $ 128 millones en 2023 (equivalente a valores de hoy), en 2024 ascendía a los $ 149 millones, en 2025 descendió a $ 105 millones, y en 2026 es de $ 130 millones (como se dijo, después de bajar de un presupuesto inicial de $ 511 millones).
El programa Sanidad Militar Conjunta, describe el proyecto de presupuesto para 2027, tiene entre sus objetivos “la recuperación de la Salud del Personal de las Fuerzas Armadas” para lo que “se llevan adelante actividades de investigación, elaboración y provisión farmacéutica de medicamentos, vacunas y otros productos elaborados por el Laboratorio Farmacéutico Conjunto, en el marco de la Ley Nacional Nº 26.688 (Producción Pública de Medicamentos) que declara en su artículo 1º que es de interés nacional la investigación y producción de insumos y medicamentos en los laboratorios del Estado Nacional, incluyendo a los Laboratorios de las Fuerzas Armadas”, además de la “coordinación de las tareas que las Fuerzas Armadas realizan para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes afectados a patologías relacionadas con psicotraumas, incluyendo la evaluación y tratamiento de la salud mental de los veteranos de guerra”, como la de Malvinas. También el programa tiene entre sus funciones la coordinación y asistencia de equipos interdisciplinarios relacionados con el campo de la salud mental, “así como el fortalecimiento de estos equipos en relación a situaciones de emergencia, crisis, catástrofes y operaciones de mantenimiento de paz”.
Antonio Marcilese es excombatiente, referente del Centro de Excombatientes de Malvinas de (Cecim) de La Plata y director de Políticas Soberanas de la CTA. En comunicación con PERFIL se refirió a la crisis de asistencia en salud que están atravesando los veteranos, cuya obra social es el PAMI. “Ha habido un deterioro importante en los últimos dos años y medio, ya que estamos atravesando la misma situación que hoy tiene el PAMI. El PAMI y cualquier jubilado: nosotros estamos dentro del PAMI, y los recortes de la medicación han sido tremendos, y esa situación ha ido modificándose día a día para peor”, afirmó. En cuanto al resto de atenciones en clínicas, agregó, “teníamos una rehabilitación de un 100% en salud mental, y la verdad es que se ha dejado de tener esa cobertura”. En resumidas cuentas, aseguró, su situación no es diferente a la de los jubilados a nivel nacional.
“Nosotros tenemos PAMI desde el año 1995, aproximadamente. Volvimos de Malvinas en el 82 y fue la primera obra social que tuvimos. Y verdaderamente no nos está atravesando una situación de privilegio ni mucho menos. Estamos en la misma situación que hace muchísimos años atrás, antes de tener la obra social”, sentenció.
El Centro de Excombatientes de La Plata fue el que presentó la demanda que esta semana desestimó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que buscaba frenar la derogación de la Ley de Tierras Rurales que disponía el DNU 70/2023, y que ponía tope a la compra de tierras por parte de extranjeros. En su fallo la Corte entendió que el Cecim no tiene la legitimidad necesaria para cuestionar la inconstitucionalidad de este decreto, cosa que sí había dictaminado la Cámara Federal de La Plata.
“Con 18 y 19 años nos mandaron a defender a la patria, a defender la soberanía nacional, dejando muchos de nuestros compañeros (649) la vida, y posteriormente otros 500 en suicidios por estrés postraumático. Entonces, si los excombatientes de Malvinas no tenemos derecho a defender la soberanía a través de la palabra hoy, ¿cómo fue que lo tuvimos antes? A través de un fusil”, concluyó.
