Malena Galmarini logró evitar en la causa por el viaje a Barbados a la fiscal que investigó el caso Chocolate
Una cuestión de competencia cambió el escenario judicial para Malena Galmarinii. La senadora bonaerense consiguió que la causa que investiga su viaje a Barbados junto a Sergio Massa y un grupo de amigos dejara los tribunales de La Plata y pasara a la Justicia de San Isidro.
El movimiento tuvo una consecuencia inmediata: la fiscal Betina Lacki quedó fuera de la investigación. Es la funcionaria judicial que destapó el caso Chocolate y que intervino en una de las causas de mayor impacto político de los últimos años en la Justicia bonaerense.
La causa había comenzado con una denuncia del abogado Leandro Furundarena, cercano a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. El planteo apunta a determinar quién pagó el viaje y si la utilización del avión privado pudo configurar el delito de dádivas.
La defensa de Galmarini planteó una cuestión de competencia ante el juez platense Eduardo Silva Pelossi. El argumento fue: el viaje comenzó en el aeropuerto de San Fernando y, por esa razón, entendieron que debía intervenir la Justicia de San Isidro.
Silva Pelossi hizo lugar al planteo y se declaró incompetente. La causa pasó entonces al juzgado de Andrés Martín Mateo, en San Isidro, quien esta semana aceptó la competencia.
El dato adquiere particular relevancia porque Galmarini es senadora bonaerense y desarrolla su actividad legislativa en La Plata. Sin embargo, el expediente que la investiga por el viaje al Caribe quedó finalmente radicado en los tribunales de San Isidro.
La investigación gira alrededor de un viaje realizado en agosto a Barbados, para el que el matrimonio Massa-Galmarini utilizó un Gulfstream G-500 del empresario Francisco De Narváez.
El costo estimado del operativo aéreo completo habría rondado los US$ 400.000, debido a que la aeronave realizó dos viajes. Fuentes del sector aeronáutico consultadas por ese medio estimaron unos US$ 200.000 por cada ida y vuelta.
El dato central para la Justicia no es el costo del avión en sí mismo. La denuncia busca determinar quién afrontó ese gasto y bajo qué condiciones Galmarini recibió el beneficio, dado que es senadora provincial.
La denuncia de Furundarena pidió investigar "quién afrontó efectivamente los costos correspondientes al traslado de la funcionaria pública" y cuál fue el valor económico del beneficio eventualmente recibido.
También solicitó establecer "si la denunciada abonó alguna suma o contraprestación por su utilización", quién contrató o proporcionó la aeronave y cuál fue el motivo por el que se otorgó el beneficio.
Y puso el foco en una cuestión específica: si la eventual liberalidad estuvo relacionada con la función pública que desempeñaba Galmarini.
La propia Galmarini explicó públicamente el viaje la semana pasada. Dijo que había viajado con Massa para celebrar los 30 años de matrimonio y que la invitación había partido de un amigo que tiene un avión.
"Tenemos un amigo que tiene la enorme suerte de tener un avión", sostuvo, en referencia a De Narváez.
"La verdad es que tomamos la decisión dos días antes y nos fuimos cinco días y volvimos. Yo entiendo que suena feo y no lo hicimos para que nadie sienta nada", afirmó.
Luego agregó: "Ahora, lo cierto es que en el camino fuimos a ver a Tigre (que jugaba en Montevideo). Pero nosotros no mentimos; hace por lo menos 25 años que nuestras declaraciones juradas son públicas".
Galmarini también sostuvo que "el viaje no fue una exageración" y defendió el nivel de vida de la pareja.
"Nosotros no salimos a comer, no vamos al teatro, vivimos hace 30 años en la misma casa", afirmó. Y explicó que esa vivienda fue adquirida con un crédito hipotecario del Banco Provincia.
Sobre la situación de Massa, agregó: "Sergio es un ciudadano que cumplió con todas las leyes después de irse (de la función pública), incluida la ley de ética pública".
Y sostuvo que su marido actualmente trabaja con gobiernos de otros países para ayudarlos a conseguir inversiones. Por eso, concluyó: "yo me puedo ir de vacaciones adonde me dé el cuero".
Massa y Galmarini no viajaron solos. La comitiva estuvo integrada por siete personas.
Uno de los acompañantes fue Daniel Guerra, empresario de la industria del plástico, inversor inmobiliario y exvicepresidente de Argentinos Juniors. Viajó junto a su esposa, Andrea Mirón.
También participaron Andrés Mariano Ceriani, concejal del Frente Renovador en San Martín y amigo de Massa desde la adolescencia, y su esposa, Analía Martín.
La quinta acompañante fue Andrea González Iturbe, viuda de Diego Santillán, quien fue jefe de campaña de Massa cuando llegó a la intendencia de Tigre y posteriormente secretario de Protección Ciudadana del municipio.
La presencia de este grupo de amigos explica también una parte de la reconstrucción judicial: la denuncia no apunta únicamente a establecer quién puso a disposición el avión, sino también a determinar las condiciones concretas en las que viajaron los pasajeros.
El grupo partió el 13 de agosto desde Montevideo rumbo a Bridgetown, la capital de Barbados. El tramo principal se realizó en el Gulfstream G-500, matrícula N922DN, vinculado al grupo empresario de De Narváez.
Pero el viaje había comenzado antes, en San Fernando. Los pasajeros se trasladaron hasta Uruguay en un avión matrícula LV-BBG.
El Gulfstream podía realizar el trayecto entre Buenos Aires y Barbados sin escalas. Sin embargo, el recorrido incluyó Montevideo y, durante el regreso, Asunción.
La vuelta comenzó el 19 de agosto. El Gulfstream aterrizó primero en Asunción y luego continuó hacia Montevideo. Allí, según la reconstrucción periodística, Massa se trasladó para asistir a un partido de Tigre.
Ahora, ese particular recorrido forma parte del contexto de una investigación judicial que tiene una pregunta mucho más sencilla: quién pagó el viaje y por qué una senadora bonaerense recibió ese beneficio.
Eso es, precisamente, lo que deberá determinar el juez de San Isidro que acaba de aceptar la competencia.
Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín
