Qué caminos y estrategias baraja la oposición tras el fallo de la Corte Suprema por la ley de Tierras
Desde que se conoció el pronunciamiento del máximo tribunal, los sectores enfrentados al gobierno de Javier Milei barajan alternativas para desactivar la derogación a la ley que pone límites a la venta de terrenos rurales en manos de extranjeros. La Libertad Avanza podría reflotar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que está frenada en Diputados.
El oficialismo no descarta reflotar la ley de Federico Sturzenegger para enmendar el asunto.
El fallo de la Corte Suprema por la ley de Tierras vuelve a poner en una encrucijada al Gobierno. Pero también a la oposición. Desde que se conoció el pronunciamiento del máximo tribunal, los diferentes sectores enfrentados al gobierno de Javier Milei barajan distintas alternativas para desactivar la derogación a la ley que pone límites a la venta de terrenos rurales en manos de extranjeros. Voltear el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, introducir el tema en la ley de Defensa de la Soberanía Nacional o derogar ese artículo del DNU son algunas de las alternativas. Los pros y contras. La Libertad Avanza analiza reflotar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada frenada en Diputados.
El gobierno de Javier Milei se había desembarazado del intento de liberalizar la venta de tierras en manos de extranjeros. El proyecto, que tenía como autor al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, fue un duro golpe para La Libertad Avanza. La bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” que la Scalonetta desplegó tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial de Fútbol fue el principio del fin de la ley que apuntaba a erradicar la normativa que establece un límite del 15% a la venta en manos de compradores que viven fuera del país, sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La senadora Patricia Bullrich intentó una salida intermedia, cuando propuso elevar ese tope al 25%, pero tampoco tuvo suerte. Las movilizaciones en la calle terminaron de desactivar el capítulo que contaba con el dudoso apoyo de los aliados al oficialismo en el Senado. El giro malvinero que dio Milei parecía haber enterrado aquel episodio libertario, en tándem con la decisión de frenar en Diputados la sanción de lo poco que quedó en pie de la ley tras su media sanción en la Cámara alta.
Pero el pronunciamiento de la Corte Suprema lo volvió a poner sobre la mesa. Y, para colmo, lo hizo horas antes de que la Cámara que conduce Martín Menem comenzara a tratar en comisión el proyecto libertario que busca defender la soberanía de Malvinas. ¿Casualidad?
Como sea, la oposición, ni lerda ni perezosa, volvió a aferrarse al tema. En ese contexto, surgieron diferentes propuestas para desactivar el pronunciamiento de la Corte.
El diputado Miguel Ángel Pichetto propuso una salida: apeló a su cuenta de Twitter para desafiar a los libertarios. “Si el Gobierno quiere defender la soberanía, que lo demuestre: que incluya en la ley de Soberanía el restablecimiento de la ley de Tierras y deje sin efecto el artículo 154 del DNU 70/23. No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite”.
Pero los libertarios no vieron con buenos ojos la sugerencia del diputado. “Para nosotros no es una cuestión de soberanía, es una cuestión de propiedad privada”, dijeron en diálogo con Ámbito. Más bien, las intenciones del oficialismo en Diputados es reflotar la ley de Sturzenegger –que jamás avanzó en Diputados– y allí introducir algún límite a la venta de tierras en manos de extranjeros.
Las vueltas de la vida: la ley que buscó eliminar los límites a la extranjerización de la tierra ahora podría ser el salvoconducto del oficialismo para frenar la derogación de la ley que le pone límites a la venta de tierras.
Si el Gobierno rechaza la salida pichettista, cuesta imaginar que los aliados del oficialismo, como el PRO y la UCR, se suban a esa jugada. En otras palabras, esto se traduce en menos votos en el Congreso para desactivar la derogación reflotada por la Corte Suprema.
En paralelo a la propuesta del rionegrino, los bloques opositores de la Cámara de Diputados empezaron a delinear la convocatoria a una sesión –apuntan a que sea el 14 de octubre– para voltear el DNU 70/23. De esta manera, darían por terminado el trámite que inició el Senado, cuando rechazó el megadecreto que modifica y deroga cientos de leyes.
El asunto es que la oposición, con el PJ, la Coalición Cívica, el FIT y parte de Provincias Unidas a la cabeza, no la tiene tan fácil. Derogar el DNU tendría muchas más implicancias, más allá de la ley de Tierras. El ejemplo al que todos apelan es que volvería a quedar en pie la ley de Alquileres. Pero son muchas más las áreas y materias que toca ese DNU. Esto podría dificultarle a los opositores más duros reunir el quorum de 129 para poner en marcha la sesión con ese fin.
El fallo de la Corte Suprema que desestima el planteo contra la derogación de la Ley de Tierras puede reactivar el sistema institucional.En Diputados no quisimos tratarlo tras el rechazo como hizo Senado en 2024 porque preferíamos buscar alguna alternativa legal, pero hoy…
La tercera opción que empujó la oposición en las últimas horas proviene del Senado. Con Juliana Di Tullio, José Mayans y Fernando Salino como firmantes, el PJ presentó un proyecto para derogar el artículo 154 del DNU. Podría ser un anzuelo ideal para los aliados al Gobierno, que evitan enfrentarse con el mandatario. Entre ellos, los gobernadores están a la cabeza. Desactivan el tsunami que trajo la Corte, pero mantienen en pie el resto del decreto.
Esta propuesta divide aguas. Por un lado, están quienes plantean que los DNU no se pueden “desguazar”. El Congreso, tal cual establece la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia, apenas puede aceptarlos o rechazarlos en el recinto, sin hacerles ningún tipo de corrección o enmienda.
Ahora bien, del otro lado de la biblioteca están aquellos que sostienen que como un DNU tiene fuerza de ley –hasta tanto sea rechazado por el Congreso–, por medio de otra ley, el Poder Legislativo puede modificarlo o derogarlo, como hace con cualquier otra ley.
La salida que propone el PJ esconde una ventaja para el Ejecutivo. Y es la siguiente: de sancionarse la propuesta peronista, Milei podría vetarla. Es cierto: pagaría el costo político, pero sería a cambio de mantener en pie su idea originaria. Esta es que no haya límite alguno a la venta de tierras rurales.
En cambio, si los diputados aúnan fuerzas y rechazan el DNU 70/23, Milei no tendría margen para “derogar” un rechazo del Poder Legislativo. Es por eso que están aquellos que alertan: “Cualquier diputado que se ampare en ese proyecto para no voltear el DNU 70/23 juega a favor de la extranjerización”. En otras palabras, señalan que el peronismo le dio una excusa perfecta a quienes “especulan” con el gobierno de Milei.
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